El Ministerio exime de la evaluación ambiental a los proyectos de renovables en zonas no protegidas

En el último Consejo de Ministros del año, y en medio de un profuso decreto de medidas anticrisis, el Gobierno central aprobó esta semana la flexibilización de las exigencias ambientales para la instalación de plantas de energía renovable. Tras el acuerdo de la Unión Europea para agilizar el desarrollo de estas instalaciones verdes ante la crisis energética por la guerra de Ucrania, España da luz verde a la implantación de cualquier proyecto, independientemente de su tamaño y potencia, sin la tradicional evaluación de impacto ambiental.

Será, eso sí, con carácter temporal, hasta finales de 2024, y solo para los nuevos proyectos. Y sobre todo, seguirán necesitando el informe ambiental los que se vayan a ubicar en zonas de especial protección. En concreto, se mantendrá el estricto control sobre las plantas diseñadas dentro de la Red Natura 2000, en los espacios restringidos por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad o en el medio marino.

Además, también requerirán evaluación ambiental las líneas aéreas de alta tensión con una longitud superior a 15 kilómetros. En cambio, el tamaño de la planta deja de ser un criterio de exclusión. Hasta ahora, a través de un decreto del mes de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica eximía de este informe previo a los proyecto eólicos con una potencia igual o inferior a 75 megavatios, o 150 en el caso de los solares. Con el acuerdo de esta semana, la excepción se abre a cualquier potencia.

Por otro lado, aunque con el mismo objetivo de agilizar la tramitación de proyectos y «reducir la dependencia energética», el Ministerio declara «de urgencia por razones de interés público» la implantación de renovables. En consecuencia, se unifican trámites y se acortan plazos de resolución, aunque algunas de estas medidas ya se estaban aplicando en Aragón, como la resolución conjunta de las autorizaciones previa y de construcción.

La DGA, al 97%

Fuentes del Gobierno de Aragón indicaron que están estudiando la resolución ministerial, pero apuntaron que la Comunidad es puntera en la resolución de expedientes –las autonomías se encargan de las de menor tamaño–. De hecho, han finalizado la tramitación del 97% de los 630 expedientes que caducan a finales del mes de enero.

Por su parte, desde el sector aplauden las medidas del Ministerio. “Las energías renovables son el presente y el futuro, tanto a nivel local como a nivel global. Un adecuado ritmo de crecimiento del sector es compatible con la preservación del resto de los aspectos, todos  ellos también sin duda muy importantes, como la protección del medio ambiente y el patrimonio", defienden desde Forestalia. 

"La agresión de Rusia a Ucrania ha obligado a toda Europa a acelerar todavía más el ritmo de despliegue de las renovables: la medida aprobada en España avanza en esta misma dirección”, celebran desde la compañía.

En cambio, la eliminación de trabas ambientales ha sido criticada duramente en las últimas semanas por grupos ecologistas, colectivos científicos y partidos políticos como Teruel Existe, Podemos o CHA. Consideran que se trata de una suerte de "barra libre" que amenaza la biodiversidad del territorio. El Ministerio rechaza estas acusaciones, y asegura que preserva "la estricta salvaguarda del medio ambiente" con la aprobación de "una medida legislativa de máximas garantías".