El pasado 1 de septiembre, cuando el grueso de las empresas aragonesas habían vuelto a la normalidad después de unos meses de verano con la actividad más ralentizada y en muchos casos con producciones más reducidas, la sensación de crisis inminente, de un ‘otoño caliente’ y un invierno aún peor a los que nos veíamos abocados, era tremenda. «La situación de la industria es dramática y aún estamos a 1 de septiembre», espetó entonces el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, que advertía de los efectos nefastos en la actividad económica de todos los sectores causados por el disparado precio de la electricidad y del gas. El panorama que se pintaba con la vuelta al curso escolar era negro, la inflación alcanzaba cotas inéditas en años y para los meses de más frío se vislumbraba un escenario complicadísimo para muchos.

Hasta aquel momento, todas las estadísticas reflejaban una recuperación de la crisis que provocaron las medidas dictadas para frenar la pandemia del coronavirus nada desdeñable, con incrementos del PIB encadenados de trimestre a trimestre desde finales de 2021 hasta la mitad de 2022 y la positiva evolución de muchas variables importantes (consumo, empleo), mientras se consolidaban otras como las exportaciones, que en el caso de Aragón se ha convertido en una de sus grandes fortalezas.

En la industria, la crisis de suministros (de chips semiconductores, en el caso de la automoción y en menor medida en otros) había amainado, mientras en la agroalimentación las cosas iban razonablemente bien, teniendo en cuenta que en ese ámbito la crisis vivida como consecuencia de la pandemia fue menor, pese el desplome del canal horeca (las ventas a restaurantes, hoteles, etc.).

Se puede afirmar que llegamos a septiembre en una situación aceptable en términos generales, pero las expectativas de futuro, esas que tan importantes son en economía, apuntaban hacia un negro panorama azuzado por el incremento de los costes de producción en todos los sectores de actividad e incluso en los bolsillos de los ciudadanos, lo que acabaría repercutiendo de modo negativo en ese motor económico que es el consumo.

Según la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), la economía aragonesa habría recuperado el nivel del PIB previo a la pandemia y, según sus estimaciones, en el tercer trimestre de 2022 su comportamiento ha sido el más positivo entre todas las regiones españolas, situando el producto interior bruto aragonés entre los meses de julio, agosto y septiembre un 2,2% por encima del promedio de 2019, tal y como se relata en el capítulo de coyuntura regional elaborado por el Servicio de Estudios de Ibercaja en el último número de la revista ‘Economía Aragonesa’, recientemente publicado. Por el lado de la demanda, se apunta en ese mismo texto, destaca la recuperación de la inversión en bienes de equipo y de las exportaciones netas, sin que se haya recuperado el consumo privado (-3,2%) y, sobre todo, la inversión en construcción (-11,6%).

En el citado informe de coyuntura aragonesa, Ibercaja recalca que desde la irrupción de la pandemia «estamos viviendo una etapa de volatilidad e incertidumbre inhabituales» y reconoce que el despegue definitivo de la economía se vio interrumpido por las restricciones asociadas a las sucesivas olas de la pandemia y, en el último año, por la inflación, «que ha supuesto un elevado coste de oportunidad».

Señala la entidad en la revista ‘Economía Aragonesa’ que «la mejor noticia» es que la crisis pandémica «se ha confirmado como una recesión coyuntural, aunque de una intensidad sin precedentes y no parece haber provocado una destrucción estructural de tejido productivo en los sectores que más la padecieron». No obstante, reconoce que «la peor noticia» es que buena parte del impulso derivado de la reapertura económica y social y del exceso de ahorro acumulado en dos años fue absorbido por la inflación.

La recuperación iniciada en 2021 después de un año 2020 tan negativo como consecuencia de la aparición de un ‘cisne negro’ en forma de virus covid-19, que causó tanta tristeza por la pérdida de vidas humanas y que se tradujo en un desplome de las economías de todo el mundo, se vio truncada después en 2022 por otro ‘cisne negro’, este de tintes bélicos, el causado por la invasión rusa de Ucrania. En este caso también con la desgracia que supone la pérdida de seres humanos, pero también con repercusiones en el mercado energético internacional, mermando así el crecimiento de economías como la española y, en mayor medida, de los países europeos más dependientes del gas ruso.

De esa manera, el desplome de la economía española dio paso después a crecimientos importantes del PIB en 2021 que se han ralentizado en este 2022. En el caso de Aragón, según indicó el economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso, en un evento recientemente celebrado en Zaragoza, la economía regional creció un 4,6% en 2021 y lo hará un 3,3% en 2022, pero la desaceleración le hace estimar un incremento del producto interior bruto del 0,6% en 2023.

La tendencia es la misma que sostiene el Servicio de Estudios de Ibercaja, aunque con números distintos. En su caso, destacan que tras desplomarse la economía aragonesa un 9,4% en 2020 (en España fue del 11,3%), el año siguiente el crecimiento alcanzó el 7,3%, pero en 2022 ese incremento del PIBse habrá reducido el 4,3% y se recortará aún más hasta el 0,1% en 2023, porcentaje inferior al 0,4% que estima para el conjunto del país. Para 2024, el banco prevé que la economía aragonesa crecerá un 2,6% (un 2,8% en España). Para el Gobierno de Aragón, la desaceleración será menor, tal y como contó en una comparecencia en las Cortes el pasado 14 de diciembre Luis Lanaspa, director general de Economía, que cifró el incremento del PIB en 2023 en el 2,1%.

De cara a los próximos trimestres Ibercaja apunta en su último informe de coyuntura que «el entorno inflacionista supone un claro desafío y podría traducirse en una fuerte desaceleración en la economía aragonesa». El incremento de los precios, precisa, sobre todo de la electricidad y del gas, «amenaza los márgenes empresariales en los sectores donde estos insumos tienen un mayor peso y no hay capacidad de repercutir el incremento de los costes sobre los precios finales». Al haberse prolongado e intensificado estas tensiones inflacionistas tras el corte de suministro de gas ruso, sostiene, «el riesgo de que se destruyan empresas y empleos en las ramas de actividad más expuestas ha aumentado considerablemente». Estas ramas, precisa, tendrían un peso en la economía del entorno del 4% del empleo en España y del 4,7% en Aragón, «de forma que su influencia sobre el crecimiento sería mucho más leve que la de los sectores que se vieron más afectados en las últimas recesiones (turismo, ocio y comercio en la pandemia; construcción, la industria relacionada y el sector financiero en la gran recesión), pues tenían un peso mucho mayor, cercano a un tercio, en el empleo y en el PIB».

Es por todo lo mencionado por lo que el Servicio de Estudios de Ibercaja espera una fuerte desaceleración del crecimiento en 2023, «más intensa en Aragón que en España por estar más expuesta su economía a los sectores en riesgo», en referencia a aquellos con un empleo intensivo de energía. «Consideramos que este bache en la recuperación será breve», afirman, «y que conforme se reduzcan las tensiones inflacionistas la economía puede experimentar una rápida recuperación, con la ayuda de la mejora de la confianza, la disponibilidad del exceso de ahorro y de caja generado por hogares y empresas en los últimos años, los proyectos de inversión ligados a los fondos europeos y la reactivación de tendencias de largo plazo que se venían reflejando en la fuerte expansión de sectores como el de información y las comunicaciones, servicios empresariales, sanidad, logística, y por supuesto, el sector energético.

Las tensiones inflacionistas. He ahí el quid de la cuestión. Ese es «el reto más importante que afronta hoy la economía española», dijo a este diario en una entrevista reciente la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Miguel Cardoso, economista en el BBVA, citó a la inflación como uno de los dos riesgos más importantes a los que se enfrentará la economía aragonesa en 2023, según apuntó en el citado evento en el que participó en Zaragoza, que fue organizado por APD y la Cámara de Comercio. El experto, no obstante, reconoció que en el IPC veía «un punto de inflexión» con la ralentización de un incremento de precios que en todo caso sigue siendo muy elevada. El otro riesgo apuntado por Cardoso es la falta de mano de obra cualificada necesaria para cubrir la demanda que requieren las empresas.

En materia de inflación, Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, indicó a este diario que la crisis energética sigue siendo hoy la mayor causante del incremento de los precios y la mayor amenaza al crecimiento de Europa. «Si los precios del gas y la electricidad no se vuelven a disparar, deberíamos asistir a una rápida desaceleración del IPC en España», apunta este economista con cierto optimismo.

«Uno de los principales problemas de la inflación es que al estar focalizada en segmentos de gasto inelásticos como la alimentación, la electricidad, el gas o los carburantes, drenan la capacidad de consumo de otros bienes y servicios, y además repercuten en mayor medida en los hogares de rentas bajas porque dedican una mayor proporción de sus ingresos a estas partidas», señala Santiago Martínez. «El riesgo para el empleo», añade, «es que las empresas de los sectores más afectados por la subida del precio de la electricidad, aquellos donde suponga una parte elevada de sus costes y no consigan trasladar este encarecimiento a sus precios de venta, tengan que reducir su número de trabajadores, y esto tendría un efecto arrastre sobre el resto de la economía».

Este temor es expresado también por CEOE Aragón, cuyo director general, Jesús Andreu, apuntó en fechas recientes a este periódico que tener precios elevados «nos empobrece a todos». Las compañías más afectadas, indicó, son las que consumen más energía, pero a todas perjudica porque en términos generales no pueden repercutir a sus clientes el aumento de sus costes, lo que está haciendo que se reduzcan sus beneficios. Esta situación, a la que se une la dificultad de acceder a financiación por la subida de tipos de interés, está «paralizando decisiones de inversión» y amenazando el lanzamiento de nuevos proyectos.

Santiago Martínez recuerda asimismo que después de un año en el que la inflación ha llegado a cotas no vistas en décadas (desde 1984) y haya absorbido buena parte de la recuperación tras los duros años de la pandemia, «parece probable que veamos tasas más razonables en un futuro no muy lejano».

Podemos asumir, por tanto, que la inflación es hoy el talón de Aquiles de nuestra economía, pero no podemos olvidar el otro riesgo que encaramos en 2023 según el economista Miguel Cardoso, el de la falta de candidatos adecuados para cubrir las vacantes de empleo que ofrecen las empresas. Este problema se está convirtiendo en estructural, lo que no deja de ser chocante teniendo en cuenta que mantenemos tasas de desempleo cercanas al 10%. Pero faltan camareros, soldadores, ebanistas, camioneros, ingenieros en telecomunicaciones... Son hoy muchas las empresas cuyo crecimiento se está viendo frenado por no contar con el talento que necesitan para afrontar nuevos desafíos.

El mercado laboral ha generado en Aragón «los datos más decepcionantes en 2022», según el último informe de coyuntura del Servicio de Estudios de Ibercaja. A diferencia de España, señalan desde el banco, el desempeño del empleo ha sido peor que el de la producción. «Por una parte», afirma, «esto significa que la evolución de la productividad ha sido más positiva en Aragón, lo que puede reforzar el crecimiento a largo plazo, pero por otro también parece revelar un problema de disponibilidad de fuerza laboral cuando la tasa de paro sigue siendo elevada para los estándares europeos e internacionales».

Aragón registró en la última Encuesta de Población Activa (EPA) una tasa de desempleo del 9,08%. En noviembre, el paro registrado en la Comunidad aumentó en 443 personas y se situó en 58.765 desempleados. El BBVAprevé que 2022 se cierre con una tasa del 10,2% y estima un 9,1% para 2023, mientras que Ibercaja apunta a un 12,8% al cierre de diciembre y a un 10,5% en 2023.

Sigue siendo difícil de entender que con una tasa de paro de dos dígitos no se cubran las vacantes existentes, y aunque en ello incide seguramente la economía sumergida y en ocasiones también los bajos salarios que se ofrecen para determinantes puestos, sin duda estamos ante un problema que puede poner en peligro la puesta en marcha tanto de los proyectos anunciados para Aragón en los últimos meses como los planes de crecimiento de muchas de nuestras empresas.

En todo caso, en cuanto a sectores de actividad, la automoción sigue siendo fundamental para la Comunidad, con el liderazgo de la planta de Stellantis en Figueruelas, que está inmersa en una transformación para producir más vehículos eléctricos, así como el de aquellos otros ámbitos que lideran empresas de gran empuje y tamaño como el papel, con el grupo Saica; los electrodomésticos, con BSH, y el de sectores al alza como el agroalimentario, el sanitario y farmacéutico o la logística, campo en el que Aragón es hoy sin duda un referente. El buen comportamiento de todos estos sectores da esperanzas a un 2023 que, como poco, se ve con gran incertidumbre, aunque como ha insisitido hasta la saciedad durante todos estos meses la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, «no llegará el apocalipsis».