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José María Gimeno: "La situación del Poder Judicial es insostenible y una amenaza a la calidad de la democracia"

El catedrático de la Universidad de Zaragoza participa en el IV Congreso del Observatorio de Contratación Pública, donde defienden el uso de fondos Next Generation de la UE superando la burocracia  

El catedrático José María Gimeno, a la izquierda, en la inauguración del IV Congreso del Observatorio de Contratación Pública en San Sebastián el pasado miércoles.
El catedrático José María Gimeno, a la izquierda, en la inauguración del IV Congreso del Observatorio de Contratación Pública en San Sebastián el pasado miércoles.
Heraldo

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno, considera que la situación del Poder Judicial "es una amenaza a la calidad de la democracia" durante la celebración del IV Congreso del Observatorio de Contratación Pública, que se celebra en San Sebastián y reúne a 300 personas del ámbito de los contratos públicos. "Espero que los partidos reflexionen y se den cuenta que no es un tema menor, ni político, sino algo de Estado y se llegue a la mejor resolución en el menor tiempo posible. La situación es insostenible", manifesta a HERALDO desde la capital donostiarra.

En este sentido, después de que el Partido Popular decidiera abandonar la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Consejo General del Poder Judicial por la reforma del delito de sedición, Gimeno cree que no es cuestión de "buscar un culpable" porque al final "todo el mundo lo es si no hay acuerdo". 

"Me resulta difícil de entender que no haya un acuerdo político en algo tan importante como el Consejo General del Poder Judicial y lo que lleva ligado detrás, por la parálisis que genera a lo órganos de control", defiende el jurista aragonés. "En un Estado de derecho no es admisible y va a afectar a todas las políticas públicas. No es un tema menor".

Aun así, el jurista aragonés recalca que "el país necesita resolver esto ya, cuanto antes, no por una cuestión de imagen sino porque provoca un freno del funcionamiento de la Justicia y eso va a implicar consecuencias muy negativas en todas las cuestiones públicas, las inversiones privadas y la confianza ciudadana".

En el IV Congreso de la Contratación Pública, que tratan la gestión pública y empresarial de los fondos eurpeos Next Generation de la Unión Europea para responder a la crisis sanitaria mundial y la invasión de Ucrania por Rusia, el jurista aragonés cree que para España es tan importante "acertar" con el dinero de Europa como "restaurar el pilar básico de la confianza en el Poder Judicial para que pueda cumplir su función y que tengan sus medios porque si no es un error del Estado".

"Cuando se invierte en los recursos públicos en la contratación necesitamos la seguridad jurídica y una de la pieza son los jueces", reclama José María Gimeno. "Cuando hay dudas sobre si hay independencia del Poder Judicial, porque la no renovación genera crispación social, eso tiene un efecto reputacional negativo y no es bueno para la ciudadanía y para la contratación pública". 

El 25% de los Presupuestos Generales del Estado 

La finalidad del programa del IV Congreso, que dura entre los días 2 y 4, es debatir sobre el futuro de la contratación pública desde varias visiones. El jurista aragonés destaca que esa cantidad mueve muchísimo dinero, un 25% del esfuerzo presupuestario (los Presupuestos Generales del Estado), pero incide en que "los ciudadanos tienen el derecho a que se traduzca en el mejor resultado posible y vinculado a políticas como la sostenibilidad o la agilización".

Asimismo, incide que en los debates que han abierto los juristas estos días sobre la contratación pública "lo que no interesa es el precio sino el resultado". "Insistimos en la calidad del servicio que se aporta en la prestación pública. Las políticas de sostenibilidad tiene que ser de obligado cumplimiento y hay que prestarlo “en valor”, con los resultados", destaca José María Gimeno.

El examen realizado con los Next Generation (fondos de la UE), que aportará 2.586 millones de euros a España (en total ha aprobado 20.000 millones para todos los países europeos), sirvió a el interventor general del Estado, Pablo Arellano, en San Sebastián que Europa no va a controlar "si lo hemos ahorrado o no, sino que se aporte el dinero para reformas".

El jurista aragonés agrega que el examen que se va a realizar es "si la Administración pública no cumple bien con el interés general" porque "se nota mucho la burocracia" y "se piensa más en el expediente que en cómo acaba el servicio, o en el precio más que en el valor, que es algo más". "Si invertimos dinero público nos interesan los mejores resultados, no en ahorrarlo", recalca.

En estos días del IV Congreso del Observatorio de Contratación Pública han debatido sobre  la crisis actual y el alza de los precios, donde los juristas creen que "se podría hacer un ajuste a lo que realmente valen las cosas", precisa Gimeno. "Hay muchas licitaciones que quedan desiertas o no se resuelven porque la Administración pública hace una interpretación muy formal cuando a Europa, con los Next Generation, le va a dar igual que revisemos los precios de esa concesión si cumplimos los objetivos", agrega.

De hecho, consideran que "es difícil entender que vayan a perder mucho dinero de la Unión Europea por una interpretación muy formal y restrictiva de los principios de la gestión pública". La idea fuerza del congreso, como enumera el jurista aragonés, es "trabajar en valor y calidad" para no perder la idea del sentido público y "los Next Generation son una oportunidad que no se nos puede escapar, como país". "Es una idea diferente de la burocracia", concluye.

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