entrevista
Consuelo Ordóñez: "La Justicia ha fracasado rotundamente con las víctimas de terrorismo"
La presidenta de Covite, hermana del concejal del PP de San Sebastián asesinado por ETA en 1995, prepara un trabajo para documentar todos los procesos judiciales de los atentados en la Audiencia Nacional.
Consuelo Ordóñez (Caracas, Venezuela, 1959), presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), es jurista y víctima de terrorismo. Este jueves vino a Zaragoza para dirigir la presentación de varios libros de terrorismo, el mismo día en que se cumple el once aniversario del final de ETA. Su hermano Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián (Guipúzcoa), fue asesinado por la banda terrorista en 1995 y ella ha sufrido la dilación del proceso judicial, abierto contra la cúpula de la banda en 2017, un proceso que todavía no han concluido y en el que varios etarras como Iñaki de Rentería se han negado a prestar declaración.
En 2023 cumplirá veinte años residiendo en Valencia. Se fue del País Vasco y no ha regresado. Proclama que el final de ETA fue pactado entre el PP y el PSOE con la banda, y denuncia que la Justicia ha fracasado rotundamente con las víctimas. Anuncia a HERALDO que está embarcada en un proyecto para documentar todos los procesos judiciales de terrorismo en la Audiencia Nacional y así probar que más de 300 casos están sin resolver, y que incluso hay algunos en los que "se actuó con prevaricación porque se abrió la causa y se cerró el mismo día".
¿Se siente una exiliada forzosa del País Vasco tras irse de allí o piensa en regresar algún día?
Me marché en 2003 a vivir a Valencia. Se cumpliarán 20 años en tres meses. Me siento una exiliada forzosa porque no vivo en Valencia por gusto. Fue una de las decisiones más tristes que he tomado en mi vida. Por un mecanismo de autodefensa, vivía en una situación muy singular. Era víctima dos veces porque les planté (cara) públicamente. No creo que regrese porque echas raíces donde vives y no es fácil volver. ¿Qué podría hacer allí? Además, no me lo podría permitir porque tuve que vender mi casa de San Sebastián para poder comprarme una en Valencia.
Pero regresa a veces..
Vuelvo a menudo, pero en verano me quedo en el pueblo de Valencia, donde se vive muy bien. Al final, he visto que me hicieron un favor. Soy mucho más incómoda ahora que antes.
Usted es víctima de terrorismo y se ha visto con un etarra como Valentín Lasarte, que asesinó a su hermano, para intentar resolver ese atentado y otros. ¿Está satisfecha de ese encuentro?
Fui a pedir esa reunión con Valentín Lasarte cuando el Gobierno Vasco organizaba los encuentros reiterativos y vendían que había etarras arrepentidos. Estaba en la cárcel de Zaballa y no me lo creía. En la Audiencia Nacional no se acordaba de nada. Dentro de ese plan de reinserción, como víctima, podía ir para ver si contaba algo del atentado de mi hermano o de otros casos pendientes de resolver de la zona donde él mataba, pero no me contestó a ninguna de las 40 preguntas. Solo me dijo cosas de su vida particular.
¿Entraron en la petición del perdón del terrorista?
Le dije que yo no podía perdonarle porque el que puede hacerlo (el muerto) ya no está aquí. Fue un arrepentimiento táctico o de conveniencia, pero me creo cómo actúan Urrusolo Sistiaga o Carmen Guisasola. Prefiero a un etarra arrepentido que a otro que no lo es. Al Gobierno Vasco, que defiende la justicia reiterativa, le pido: deberían renegar en público.
Acompañó en 2014 al guardia civil Miguel Ángel Madariaga a la prisión de Zaballa para su entrevista con el terrorista Pikabea. Esa grabación no se ha utilizado en el proceso judicial. ¿Las víctimas se sienten desatendidas?
La Justicia ha fracasado rotundamente con las víctimas de terrorismo. Más de la mitad de las víctimas no han tenido justicia en España y un 40%, nada de nada. Cuando documentamos las sentencias, salió un porcentaje de impunidad terrorífico. En Covite gastamos la mayoría de las horas y los recursos en documentar la ‘no justicia’. Hay más de 300 casos de ETA sin resolver y por eso hicimos el libro de Juanfer Calderín (‘Agujeros del sistema’, en 2015).
¿Hacia dónde les ha llevado esa conclusión de las causas sin resolver?
Nos va a llevar ahora a documentarlos para ver qué ha pasado en cada uno de los casos en un proyecto de dos años. Las víctimas tienen que reclamarlo en los juzgados. Hay casos que ni siquiera se ha investigado y se ha negado a las víctimas hasta el derecho a la verdad. Me he encontrado con casos de prevaricación porque en algunos se ha abierto el proceso el mismo día que se ha archivado. Al menos este Gobierno puso en 2018 una unidad en la Fiscalía, dirigida por Marcelo Azcárraga, dedicada a estos casos. Este país no ha cumplido con el derecho de investigación efectiva, y voy a probarlo antes de morirme. Es muy importante para el relato de las víctimas de terrorismo.
Al aragonés Jesús Agudo le mataron a su padre en 1980, cuando era vigilante de la GM. No le han permitido acceder a la investigación de la Guardia Civil en la Audiencia Nacional. ¿Por qué?
No he conseguido que se haya abierto un sumario para que, al menos, le comuniquen el informe realizado por la Guardia Civil. Lo han negado este año. Esto me indigna mucho.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a 216 presos de ETA al País Vasco entre septiembre de 2018 y de 2022. ¿Era inevitable tras asumir la competencia de Instituciones Penitenciarias el Gobierno vasco?
Zapatero negoció con ETA y Rajoy cumplió lo pactado, con las trampas al Estado de Derecho, por las exigencias de la banda terrorista para dejar de matar. Estamos en el final de ETA, negociado en 2010 entre ellos, y luego se legalizó Sortu. Cuando era ministro (Juan Ignacio) Zoido (PP) no me recibía porque era molesta. Antes de la moción de censura, el PNV apoyaba los presupuestos del PP y les prometieron la competencia de Instituciones Penitenciarias. Por eso era inevitable el traslado de los presos de ETA. El PNV no quería ser carcelero cuando ETA estaba activa, pero desde 2011 era lo primero que ponía encima de la mesa con quien fuera (PP o PSOE). Con el ministro Marlaska hemos ganado transparencia en el traslado de los presos, como nunca habíamos tenido. En Covite jamás hemos criticado los traslados porque nosotros no estamos al servicio del PP. No me importa dónde cumplan la pena sino que la cumplan. A las víctimas hay que facilitarles la información.
En Aragón hay dos causas muy importantes pendientes de juzgar. Una, el asesinato de Giménez Abad. La otra, el atentado de la casa cuartel en 1987 con once muertos. ¿El retraso de los juicios le quita valor a la respuesta de la Administración?
El retraso de los juicios es desesperante. Soy abogada y me afecta mucho. Abrí en 2015 el sumario del asesinato de mi hermano para ir a por la cúpula y estamos en 2022, pero no se ha hecho casi nada. Falta el trámite de una autorización de Francia para que los etarras contesten si quieren declarar. Cuando más tiempo pasa es más complicado. España tiene una deuda muy grande con las víctimas de ETA porque ya no nos matan desde 2011 y esa paz la hemos pagado nosotros con su impunidad. Se ha cedido el derecho a la Justicia a los etarras. Mi teoría es que no se ha detenido a casi nadie desde octubre de 2011 implicado en asesinatos.
¿Cree que será complicado el juicio de Josu Ternera, que tiene las fechas de enero de 2024?
No veremos el juicio de Josu Ternera nunca. ¿Dónde está? (se pregunta).
¿Considera que la izquierda abertzale y los terroristas de ETA no han pedido perdón de verdad, como Arnaldo Otegui?
Son muy cínicos. Otegui acaba de decir en una entrevista que todos son víctimas, incluidos los presos que mataron a mi hermano, y además hay que resolverlo excarcelándolos. Es un insulto a nuestra inteligencia o una provocación para las víctimas. Él era una de las X de ETA. Además les han facilitado que haya un final sin vencedores ni vencidos.
¿Las víctimas del terrorismo se sienten utilizados o patrimonizalizados por los partidos políticos?
Nos hemos sentido utilizados por determinados partido políticos más que otros. Llevo años denunciándolo con el PP, al que un tiempo me creí hasta que luego legalizaron a Sortu y, poco después, renovaron el Tribunal Constitucional con el PSOE. Zapatero les dijo al PP que tenían que controlar el mundo asociativo. Rajoy llamó el día que ganó las elecciones a Ángeles Pedraza (de Asociación de Víctimas de Terrorismo). A mí no me llamó porque no era controlable.
