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política

Rifirrafe entre Lambán y Vaquero por usar el fondo covid para pagar facturas atrasadas

La portavoz popular tilda de "escándalo" que se "desviaran" 373 millones a "tapar agujeros" y sanear las cuentas y el presidente le tacha de "inmoral y mendaz". 

El presidente aragonés, Javier Lambán, en su respuesta al PP en la sesión de control de las Cortes.
El presidente aragonés, Javier Lambán, en su respuesta al PP en la sesión de control de las Cortes.
Guillermo Mestre

"Mientras los aragoneses morían en los hospitales y en las residencias y las empresas cerraban por falta de ayudas, el Gobierno se dedicaba a utilizar el fondo covid para tapar los agujeros de su mala gestión". Con esta afirmación, la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha iniciado este viernes un rifirrafe en la sesión de control con el presidente autonómico, Javier Lambán, quien no se ha quedado atrás y ha acusado a los populares de estar instalados en la "inmoralidad" y actuar como "mendaces".

La escalada verbal se ha originado tras revelar un día antes la Cámara de Cuentas que la DGA utilizó más de un tercio de los fondos covid que recibió del Estado, 373 de los 963 millones de euros, para sanear sus cuentas y reducir significativamente las facturas que acumulaba en los cajones. Aunque este destino es legal porque las partidas eran incondicionadas, Vaquero lo ha tachado de "escándalo" porque se "desvió" esta suma millonaria para "tapar agujeros" ante "el desastre de gestión" en el que incurre el cuatripartito.

Además, le ha reprochado que anunciara este jueves la ayuda de al menos 200 euros para las familias vulnerables, que no llegará ni al 1% de la población y ni se sabe cómo y cuando se abonará, para ocultar el informe de la Cámara de Cuentas sobre el impacto de la pandemia en las cuentas públicas.

En la réplica, Lambán ha lamentado que el PP siga instalado en la "inmoralidad" y que dé un ejemplo "devastador" a los jóvenes políticos con su modelo de oposición. "El informe se explica por sí solo y dice que el Gobierno ha actuado en todo momento con escrupulosa legalidad", ha defendido.

Su afirmación se refería a la fiscalización de los contratos firmados de emergencia por la pandemia, 561 con 268 proveedores cuya cuantía ascendió a 60 millones en 2020, que concluye que "en general" se utilizaron de forma correcta para contratar “con la mayor inmediatez posible los suministros y servicios necesarios para hacer frente a la covid".

Así, incide en que la mayoría de las contrataciones se hizo con empresas con las que ya se tenía relación contractual, lo que supuso una “garantía” y que los precios fueran “iguales o incluso inferiores a los que se venían pagando”. E incluso pone en valor que pese a las fluctuaciones, los precios que afrontó la DGA fueron “inferiores a los de otras administraciones públicas”.

Lambán ha argumentado que los fondos se podían invertir en lo que las comunidades consideraran y aquí sirvieron para cubrir los gastos directos e indirectos originados por la pandemia y a "solventar" coyunturalmente el grave problema de financiación, compartido por todas las autonomías.

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