La DGA utilizó los fondos covid para sanear sus cuentas y pagar facturas pendientes

La Cámara de Cuentas revela que 373 de los 963 millones que dio el Estado de forma incondicionada se usaron para reducir el déficit. Constata la baja ejecución de las ayudas por la pandemia y que hubo empresas que se lucraron.

Las unidades de cuidados intensivos de Aragón, en la foto, la del hospital Miguel Servet, llegaron a disponer de 298 camas en el pico de la pandemia y siempre hubo un 30% libres.
Unidad de cuidados intensivos de Aragón del hospital Miguel Servet en una imagen de archivo.
Luis Correas

El Gobierno de Aragón utilizó más de un tercio de la cuantía de los fondos covid que recibió del Estado, 373 de los 963 millones de euros, para sanear sus cuentas y reducir significativamente las facturas que acumulaba en los cajones. Así lo revela la Cámara de Cuentas en su informe sobre el impacto de la pandemia en las cuentas autonómicas, en el que indica que la merma ingresos en 2020 y 2021 está «sobrevalorada» y que el excedente de recursos recibidos, que no eran condicionados, permitió cerrar los ejercicios "con las mejores cifras de déficit" de los últimos años y reducir "significativamente" el saldo de la cuenta 413, la de las facturas pendientes de aplicar a presupuesto. Solo el Salud regularizó 140 millones.

El organismo fiscalizador disecciona a lo largo de 145 folios el gasto computado por la pandemia, los contratos firmados y las subvenciones convocadas para paliar su impacto. De estas últimas, constata las "deficiencias" en el diseño de las convocatorias, que se tradujeron en una “ejecución inferior a la esperada y, en algunas líneas, también, en un escaso impacto en los potenciales beneficiarios”. 

La Cámara de Cuentas incide en que los fondos recibidos del Estado sirvieron para compensar con creces el impacto de la covid en el presupuesto de la DGA, que se elevó a 590 millones, al generar “un excedente de recursos” de 373 millones. Tras sus comprobaciones, concluye que este excedente permitió recortar la cifra millonaria que sumaban las facturas sin pagar y acabar los dos ejercicios en muchas mejores condiciones. De hecho, lo hizo con superávit en 2020 y con tan solo un déficit de 56 millones en 2021 (-0,15% del PIB regional).

Además, subraya que gracias a los mayores ingresos por los fondos covid se pudo afrontar a finales de 2020 aprobar varias modificaciones presupuestarias para “sanear el déficit recurrente” del Salud y de Educación, de 205 y 51 millones de euros, respectivamente. “Este excedente podría paliar la incertidumbre sobre posibles desequilibrios presupuestarios futuros”, añade en relación al coste para paliar las listas de espera generadas con la covid.

En el caso del sistema sanitario, cerró el ejercicio previo a la pandemia con 169 millones de facturas sin pagar y se logró regularizar la mayor parte, pagando 140 millones. De este modo, en el primero año de la pandemia solo se acabó con 69,8 millones en las cuenta 413.

Al mismo tiempo, la Consejería de Hacienda declaró al Ministerio de Hacienda una merma de ingresos de 109,9 millones de euros como consecuencia de la crisis sanitaria que la Cámara de Cuentas rebate. Tras revisar la ejecución presupuestaria de 2020 y 2021, incide en que la estimación estaba “sobrevalorada” en 26 millones en 2020. “No ha aportado ningún informe que explique las estimaciones y tampoco la Cuenta General de 2020 informa sobre la merma de ingresos”, añade.

La mayor parte del coste de la emergencia sanitaria fue la contratación de personal para sostener los servicios públicos, fundamentalmente en sanidad, servicios sociales y educación. El gasto extra para esta partida ascendió a 168 millones, mientras que el destinado a bienes corrientes y servicios, entre ellos la compra de material de protección y la dotación de un hospital de campaña, supuso otros 168.

La Cámara de Cuentas cuestiona la eficacia del sistema de seguimiento de los gastos covid en la contabilidad de la DGA. “Solo el 30% del declarado está correctamente identificado con el código específico, el 1% en el caso del Salud, y el 40%, en Educación, lo que reduce considerablemente su utilidad y efectividad y ha obligado a la Cámara de Cuentas a recurrir a otras fuentes informativas”, reprocha.

Igualmente, recrimina que el cuatripartito no haya aportado toda la información sobre contratos de los ejercicios fiscalizados, incumpliendo su obligación. El mayor exponente se dio en el Salud, dado que no facilitó 242 contratos de emergencia, que se elevaron a 22,6 millones, que sí constan en el Portal de Transparencia.

Precios garantizados pero incumplimientos en la normativa

El informe se centra en los contratos de emergencia por la pandemia, 561 con 268 proveedores cuya cuantía ascendió a 60 millones en 2020, y concluye que “en general” se utilizaron de forma correcta para contratar “con la mayor inmediatez posible los suministros y servicios necesarios para hacer frente a la covid”.

Así, incide en que la mayoría de las contrataciones se hizo con empresas con las que ya se tenía relación contractual, lo que supuso una “garantía” y que los precios fueran “iguales o incluso inferiores a los que se venían pagando”. E incluso pone en valor que pese a las fluctuaciones, los precios que afrontó la DGA fueron “inferiores a los de otras administraciones públicas”.

No obstante, ha detectado “algunos incumplimientos de la normativa”, ya que se utilizó este mecanismo de emergencia para actuaciones que no tenían que ver con la pandemia y hubo “deficiencias” el proceso de rendición de cuentas. En el documento se vuelve a hacer referencia a la compra con incidencias de un lote de mascarillas y guantes a un proveedor holandés, que se elevó a 244.570 de euros.

La Cámara de Cuentas también analiza las 30 líneas de subvenciones y transferencias para afrontar y paliar la situación, que supusieron un gasto de 43,9 millones. Sobre la baja ejecución de las convocatorias pone varios ejemplos, como la línea del fomento de la contratación estable del Inaem, que solo pudo ejecutar el 20% del presupuesto asignado, o la de ayudas de alquiler, al atender únicamente 211 de las 1.800 solicitudes recibidas. “En 2021, ninguna de las líneas revisadas agotó el crédito disponible y tuvieron una ejecución inferior a la prevista, de entre el 46% y el 80%”, añade tras achacarlo aque no fueron definidas correctamente y no tuvieron el impacto esperado.

El informe pone igualmente el énfasis en que en las líneas de apoyo a la solvencia empresarial para compensar las pérdidas hasta ocho sociedades ingresaron una ayuda superior a la que hubiera sido necesaria para igualar sus beneficios de 2019. Y lo detectó solo en una muestra de los 20 beneficiarios que obtuvieron mayor volumen de ayudas.

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