Ignacio Pérez-Soba: "Para evitar incendios hay que hacer política forestal, y en Aragón no ha existido"
El decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón analiza las razones de los últimos grandes incendios en un verano catastrófico para la Comunidad.
Lleva la profesión en la sangre. Ignacio Pérez-Soba (Lérida, 1972) decidió seguir los pasos de su padre y estudiar Ingeniería de Montes. Además de decano del colegio en Aragón, es funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la DGA y trabaja en el servicio provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza.
Usted estuvo gestionando los montes de Ateca durante siete años y allí hizo sus primeras repoblaciones. ¿De incendios como ese, o el del Moncayo, se puede extraer alguna lección?
En efecto, mi primer destino fue el de ingeniero de montes encargado de las comarcas de Calatayud y del Aranda. Trabajé mucho en los montes de Ateca con la colaboración entusiasta de los agentes forestales. Pese a las limitaciones presupuestarias (entonces menores que hoy), construimos caminos e hicimos repoblaciones, todos los tratamientos de selvicultura (de cuidado de los montes) que pudimos. Desgraciadamente, de poco sirvió en el incendio de Ateca que los montes gestionados por la administración forestal autonómica (y solo ellos) hubieran recibido una selvicultura de manual, porque el incendio se había vuelto incontrolable cuando los alcanzó. Por eso, una de las lecciones es que, para prevenir los incendios muy grandes, hay que hacer gestión forestal activa en todos los montes, no solo en los públicos.
Ha sido el segundo peor año para los incendios en Aragón. ¿Debemos conformarnos con que sucedan estas catástrofes de forma periódica o se podrían haber evitado? ¿Qué ha fallado?
Podríamos conformarnos si no hubiera soluciones, pero las hay. Falta que la clase política quiera por fin invertir en ellas, y no solo en la extinción. De hecho, lo que ha sucedido es consecuencia de que la inversión hecha en los sistemas de extinción ha sido en detrimento del cuidado de los montes. No solo ha disminuido mucho en Aragón la inversión en selvicultura de los montes públicos, es que la DGA lleva muchos años sin convocar subvenciones para montes privados.
Al abandonarse la gestión forestal, se ha acumulado en los montes gran cantidad de madera, lo que causa que los incendios, en condiciones meteorológicas adversas y si no se atajan inicialmente, llegan con cierta frecuencia a ser grandes, violentos e impredecibles, por lo que su extinción es muy difícil y los riesgos para los medios de extinción y la población en general son mucho mayores.
Sequía y olas de calor, la tormenta perfecta ante cualquier chispa. Pero hay factores no meteorológicos.
Por supuesto, la meteorología no es todo en los incendios. Hay factores humanos y del propio monte que son importantísimos. Entre los humanos, hay que luchar contra las causas, porque los montes no arden porque haga calor, sino porque aparece una llama. También es esencial contar con muchos y buenos profesionales forestales, vocacionales, preparados y con puestos de trabajo dignos, lo que se logrará con un sector forestal fuerte, activo y con presupuestos estables y suficientes. Y, en cuanto a los factores del propio monte, debemos hacer una selvicultura preventiva de incendios, y construir y mantener las infraestructuras, en especial buenas pistas forestales.
¿Cómo se debe afrontar la lucha contra el fuego en este escenario de cambio climático?
La ingeniería de montes española ha desarrollado muchas propuestas para hacer una selvicultura adaptada al cambio climático, que aumente la adaptación de las especies forestales a la sequía, y que haga que las masas sean más resistentes y más resilientes. Falta, como digo, que la clase política quiera destinar fondos.
En los últimos veranos hemos visto con demasiada frecuencia grandes incendios e incluso los incendios devastadores denominados de sexta generación.
La distinción entre seis sucesivas ‘generaciones’ de incendios ha tenido mucho éxito en los medios de comunicación, y es sugerente, pero es una teoría. Los incendios muy grandes y violentos no son algo nunca visto (una ‘nueva generación’) porque por ejemplo así fue en 1966 el de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, que quemó 20.000 hectáreas. Lo que sucede es que la confluencia en este momento histórico de los efectos del cambio climático con la acumulación de décadas de retraso en la gestión forestal causa que esos incendios cada vez sean más frecuentes, y por lógica simultáneos a veces. La sociedad se alarma mucho, y con razón, porque le angustian durante días, ve que hay varios a la vez, y porque hay muchas más personas damnificadas.
Salvo los originados por los rayos, siempre hay detrás una mano humana. ¿Cómo podemos atajar esos fuegos?
En Aragón, los incendios intencionados son solo el 16%, mientras que las negligencias y los accidentes humanos causan más del 53%. Por eso, además de identificar y castigar al incendiario intencionado, tanto o más necesario es luchar contra los accidentes y las negligencias, y esto último es responsabilidad de todos. Es también muy importante desterrar los falsos mitos sobre las causas. La investigación desarrollada durante décadas demuestra que en España ni se quema para urbanizar (la ley prohíbe urbanizar montes quemados), ni para aprovechar la madera, ni por otros motivos conspiranoicos. La mayor parte se deben a la regeneración de pastos o quemas agrícolas ilegales. Creer en los mitos urbanos solo lleva a adoptar medidas inútiles, o incluso contraproducentes.
Las quemas agrícolas están prohibidas, ¿pero y las actividades que provocan chispas?
En Aragón se da, a este respecto, una situación absurda. Desde nada menos que 1985 la DGA aprueba, año tras año, órdenes que regulan el uso del fuego en casi todo el territorio rural, y que, aunque no prohíben las quemas agrícolas durante todo el año, establecen una regulación severa. Sin embargo, no hay regulación alguna de todas las demás actividades que, aunque no usan fuego, causan muchos incendios, a veces enormes: el de Luna, en 2015, quemó 14.000 hectáreas y fue por la chispa de una cosechadora. Otras Comunidades han aprobado normas y, de hecho, la Ley de Montes de Aragón de 2006 ordenó a la DGA que también aprobara una, pero no la ha hecho en 16 años y parece que no la quiere hacer, a pesar de que sería perfectamente posible una regulación que no se basara solo en prohibir sino en modernizar las actividades y usos en suelo rústico para disminuir el riesgo de incendio.
¿Está de acuerdo con la decisión del Gobierno de vetar el uso de maquinaria agrícola en una alerta roja?
No se prohíbe este uso, sino que se obliga a las Comunidades a regularlo, cosa que, como he dicho, debiera haberse hecho en nuestra región hace muchos años. Este Decreto-Ley tiene una redacción poco clara, lo que no es de extrañar porque se aprobó con una urgencia extrema e innecesaria y sin consultar a los profesionales del sector. No se puede legislar sobre incendios forestales con prisas y sin asesorarse, porque es muy complejo.
¿Qué echa en falta en la política forestal?
No es que echemos en falta algo en la política forestal aragonesa, es que creemos que no la hay, ni la ha habido con ningún gobierno. La habría si hubiera una planificación a medio y largo plazo, si se hubieran establecido unos objetivos estratégicos, tácticos y operativos a alcanzar, y se contara con una normativa estable y de calidad, una administración con medios humanos y materiales suficientes, y un sistema eficiente de fomento del sector privado. Hoy en Aragón no hay casi nada de esto; sí buenos profesionales que hacen lo que pueden y más, pero no hay una verdadera política forestal. El sector forestal aragonés, de enorme potencialidad, es débil y está muy poco organizado. Los montes son un sector estratégico, pero la clase política no lo percibe así.
¿Son suficientes los medios de extinción?
Es más importante la calidad que la cantidad. En la situación actual, los medios de extinción no dan más de sí, por mucho que aumentemos su número. En pequeños incendios, han resuelto el problema; y en los muy grandes, durante muchas horas no pueden actuar en los frentes más preocupantes, tan violentos que resultan inatacables. En ambos casos, es absurdo asignar más medios; en todo caso, mejores. Y lo que es esencial es que la inversión en medios de extinción no signifique, como hasta ahora, la disminución de las inversiones en mejora y gestión forestal.
