El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, se ha comprometido esta mañana en Ateca, en una reunión con representantes de los ayuntamientos afectados, la Diputación de Zaragoza, la comarca y la Confederación Hidrográfica del Ebro, a que el decreto ley que está elaborando el Ejecutivo autonómico para compensar a los afectados por el incendio que arrasó casi 14.000 hectáreas de la Comunidad de Calatayud esté listo este mes de agosto y que favorezca el pago "inmediato".

"Estamos en dar un marco para actuar con celeridad. Algo que no se había hecho nunca, pero estamos cerrando y confirmando cuestiones desde el punto de vista jurídico y administrativo", adelantaba Olona. Al respecto de una fecha más concreta de publicación, el consejero no ha dado mayor exactitud. En lo que toca a la cuantía de las ayudas, Olona ha detallado que están trabajando en establecer "importes unitarios por hectárea y por cabeza de ganado" y que eso, consecuentemente, "tendrá la dotación presupuestaria suficiente".

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Ha concretado que los estudios del servicio provincial de su Departamento sitúan a los cultivos leñosos, 1.300 hectáreas entre secano y regadío, como los principales afectados. Esta superficie corresponde a 126 agricultores, de los que 47 se consideran "titulares de explotaciones prioritarias". Dentro del perímetro afectado de 13.825 hectáreas, 10.500 son de monte y más de 8.000 de pastos, de las que 1.170 tienen la categoría de admisibles dentro de la PAC y afectan a 11 ganaderos con 6.000 cabezas de ovino.

Sobre este último tipo de terreno y sus afecciones, desde la Consejería han indicado que "sustentan ayudas (de la PAC) a la ganadería extensiva, por lo que requiere de la adopción de medidas administrativas -que ya se están estudiando- para mantener la actividad ganadera durante los próximos años". En cuanto a las infraestructuras de riego, Olona ha explicado que se asumirá el 100% del coste de las reparaciones.

"Es una medida excepcional porque está en peligro la continuidad de agricultores y ganaderos, e incluso de algún núcleo urbano", advertía Olona. Antes de la reunión, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, adelantaba que los servicios jurídicos de la institución provincial están estudiando personarse por la vía civil para exigir una compensación por los costes que suponga el plan de restitución que ya se ha puesto en marcha y otras actuaciones de las distintas administraciones.

A este respecto, ha abierto la puerta a agrupar a todos los municipios afectados, con independencia de que algunos consistorios, como el de Moros, tengan su propia defensa particular. Por su parte, el alcalde de esta localidad, Manuel Morte, asumía que sí se han restablecido los servicios de luz y agua, pero que siguen teniendo problemas con la telefonía e internet.