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Un nuevo impuesto que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 obliga a la DGA a negociar contra reloj con el Estado
PP, Cs y Vox afean que haya más carga fiscal en un entorno económico incierto.
Cinco meses tienen el Gobierno de Aragón y el central para definir en la comisión mixta de transferencias cómo se aplicará el impuesto sobre el depósito de residuos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. El tiempo apremia y la gestión del nuevo tributo se prevé compleja. Aunque una decena de autonomías incorporaron este gravamen medioambiental a su catálogo impositivo, en Aragón se analizó y descartó. Hasta ahora. El impuesto gravará el depósito de residuos en los vertederos, la incineración y coincineración de los desechos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que los territorios podrán ir asumiendo "con flexibilidad" el nuevo tributo impuesto, y que se hará a demanda de las propias regiones. Las que tenían ya impuestos similares en vigor tienen más prisa para aplicarlo porque así mantendrán los ingresos generados. En Aragón no urge tanto. El presidente Javier Lambán recordó este jueves que se está a la espera de que se concrete más pues hay que decidir si la DGA asume la gestión o se la cede al Gobierno. "Son asuntos que iremos viendo en las próximas fechas", explicó.
Con el impuesto se fijarán denominadores comunes en todo el territorio. El Gobierno no "hará presión" el año que viene para que asuman la gestión, pues varias autonomías deben modificar sus leyes. En Aragón se partirá desde cero, y la Comunidad tendrá la potestad de influir en su aplicación.
El Estado quiere formalizar la cesión de las competencias de gestión, recaudación, inspección y la capacidad normativa para incrementar los tipos de gravamen a las comunidades. Para ello hay que modificar la financiación autonómica pues la recaudación beneficiará a la autonomía donde esté ubicada la instalación. Se establecen excepciones cuando se trate de entregas de residuos por fuerza mayor, o hayan tributado antes, se deban eliminar por obligación legal y en los desechos que procedan de la descontaminación de suelos.
La base imponible del impuesto estará constituida por el peso, y en los residuos municipales se fija un tipo impositivo de 40 euros por tonelada. Aunque se regula la figura del contribuyente como personas físicas o jurídica, se atribuye al gestor del vertedero la condición de sustituto del contribuyente, aunque vendrá obligado a repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre ellos. Los gestores de vertederos se deberán inscribir en un registro territorial del impuesto y presentar autoliquidaciones.
Quejas de la oposición
A los partidos de la oposición en las Cortes PP, Cs y Vox no les convence ni la indefinición que rodea a este impuesto ni que se estrene en un escenario económico incierto. Lo dijo con rotundidad la portavoz popular, Mar Vaquero: "Hablar de incrementar la carga fiscal a las familias y a las empresas es una irresponsabilidad. Es un tema que está muy verde porque ni se sabe cómo se va a gestionar, a cuánto puede alcanzar su recaudación, ni quién lo va a abonar". Consideró que está rodeado de "imprecisión" y que vuelve a "crear alarma". "Es un nuevo perjuicio para las familias y las empresas, y seguro que no se va a compensar con ningún beneficio a cambio", criticó.
Beatriz Acín, diputada de Ciudadanos, instó a que se explique con detalle "cómo se gestionará y bajo qué criterios se cobrará". Precisó que su partido no se opone a este tipo de impuestos, y pidió que lo recaudado "se invierta en medidas que disminuyan la contaminación". Pero indicó que no es el momento adecuado para estrenar impuestos. "Ante la previsión de un escenario de crisis económica severa, no consideramos que la aplicación de un nuevo impuesto sea oportuno. Se debería priorizar la optimización del gasto", destacó Acín.
También consideró Santiago Morón que "este no es el momento", y criticó que se utilice el medio ambiente para "esquilmar al ciudadano". Estimó el portavoz de Vox en las Cortes que aunque "no se puede prescindir de todos los impuestos, si este va a gravar a las clases medias y bajas, va a ser "un lastre".
Solo Álvaro Sanz, de IU, defendió el impuesto. "Esta medida de fiscalidad verde se enmarca en una ley de residuos que permite dar pasos valientes como la retirada del amianto, el retorno de envases o la prohibición de productos de plástico de un uso", señaló. Abogó por que se analice en su conjunto al tratarse de una ley "imprescindible" para dar traslado a las directivas europeas. "Ahora toca desarrollar el contenido de la ley en Aragón", recalcó.
