Las residencias aragonesas ven "insuficiente" la subida de un 6,5% de la DGA por plaza concertada
La aportación ha pasado de 54,1 € al día a 56,8€ desde principios de julio y el año que viene aumentará a 57,6 €. Critican que el plan sobre el nuevo modelo de cuidados no se acompañe de una financiación
El Gobierno aragonés paga desde principios de este mes 56,84 euros por día por una plaza concertada en una residencia de mayores, una cantidad que supone un incremento de un 5% respecto a lo que se venía abonando desde marzo de 2021, 54,13 euros. Esta cuantía se elevará un 1,5% más, hasta los 57,69 euros diarios, a partir del principios del año que viene. Para las residencias privadas esta actualización del coste asumido por la DGA resulta "insuficiente", según la gerente de Arade (Asociación Aragonesa para la Dependencia), Paquita Morata. El índice de precios al consumo (IPC) en Aragón se situó en mayo en un 9,4% (el dato de junio todavía no se conoce) y llegó a escalar al 10,7% en marzo.
Esta subida del 6,5%, que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 29 de junio, beneficia también a las plazas de menores y de personas con discapacidad en sus diferentes cuantías. Este incremento no satisface las pretensiones del sector privado de las residencias de mayores. Morata recordó que Aragón es una de las comunidades que aporta menos subvención junto a las de Extremadura, Asturias y Galicia. Aludió a un estudio del Círculo Empresarial de Atención a las Personas que establece que la aportación mínima para una plaza de estas características debería ser como mínimo de 75 € por día.
La misma opinión expresó Emilia Bergasa, presidenta de Lares (Asociación de Residencias de Ancianos y Servicios de Atención a los Mayores). Aunque agradeció el "esfuerzo" que puede suponer este incremento, indicó que "se queda corto". "Desde Lares hicimos una recomendación a nuestros centros para que los salarios de los trabajadores se incrementaran un 6,5% y la mayoría lo está haciendo así desde principios de este año -indicó-. Además, se anuncian que el IPC seguirá al alza el próximo otoño".
Desde el Departamento de Ciudadanía recordaron que en la pasada legislatura este precio ya se incrementó un 9,5%.
Más tiempo para adaptarse
El nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia aprobado por el Ministerio de Servicios Sociales y las comunidades por la mínima (10 votos a favor y nueve en contra) se ha convertido también en un nuevo quebradero de cabeza para los empresarios y entidades sociales del sector. Hay un plazo hasta 2030 para que el 80% de las plazas que ya existen se adapten y creen unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, con un espacio común que permita preparar comidas y disponer de comedor y sala de estar.
Para Bergasa este periodo de transformación debería haber sido mayor, "al menos dos décadas", y acompañarse de "líneas de financiación". No será tan fácil adaptar los centros ya existentes, que también pueden sufrir restricciones arquitectónicas y de organización del espacio. Morata expresó su deseo de que la DGA aplique este modelo con "flexibilidad" y teniendo en cuenta la situación del sector.
Un "frenazo" a la inversión en nuevos centros
El nuevo modelo de residencias de mayores que se plantea como desafío hacer de estas instalaciones lo más parecido a un hogar ha supuesto un "frenazo" a los proyectos para poner en marcha nuevos centros, advierte la gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Paquita Morata. La limitación en el número de plazas para las instalaciones de nueva construcción, a 75, 90 o 120 como máximo, dependiendo de su ubicación en el medio rural o poblaciones más o menos grandes, está provocando una "paralización" a la espera de cómo se vaya a aplicar el "acuerdo de acreditación" en cada comunidad.
No obstante, Gustavo García, responsable en Aragón de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, explicó que sobre el tamaño de las residencias en el acuerdo ya se establecen "excepciones". Así, para los centros ubicados en zonas escasamente pobladas e intermedias la comunidad podrá expedir un autorización explícita para que puedan acoger un máximo de 120 usuarios, siempre que acrediten debidamente circunstancias de vialidad económica. García lamentó que no se contemple ninguna opción para poder construir residencias de más de 120 plazas en zonas urbanas. "En Zaragoza y Huesca, por ejemplo, es imposible encontrar suelo urbano reservado un lugares céntricos para este tipo de equipamientos", aseguró.
