Los afectados por los incendios forestales declarados este mes de junio en Nonaspe (Zaragoza), Barbastro (Huesca) y Castejón de Tornos (Teruel) podrán acceder a ayudas estatales para paliar los efectos las llamas. El Consejo de Ministros aprobó este lunes el decreto que regulará las subvenciones a las zonas más castigadas por el fuego durante la pasada ola de calor, que suman más de 52.000 hectáreas calcinadas en todo el país, casi 4.100 en Aragón. Será el Ministerio del Interior el que tramite las solicitudes, que contemplan, entre otras aportaciones, hasta 15.120 euros por la destrucción total de la vivienda o beneficios fiscales.

Las elevadas temperaturas de la primera ola de calor de este año y los fuertes vientos en algunas zonas del país causaron una sucesión de incendios forestales que pusieron en jaque a los servicios de emergencia y que se cebaron, en especial, en la provincia de Zamora, donde quedaron calcinadas 31.000 hectáreas. No fue la única, ya que las llamas se propagaron con facilidad en diferentes puntos de la península. Por ello, el Gobierno central anunció la declaración de Zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc), una medida que iría acompañada de ayudas económicas.

Finalmente, siete comunidades autónomas han sido incluidas en este listado (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Valencia y Murcia), aquellas que sufrieron las peores consecuencias de las llamas.

En Aragón, el fuego declarado en Nonaspe se llevó por delante 2.000 hectáreas, la mitad de ellas de masa forestal. Una superficie similar se vio afectada en el caso de Castejón de Tornos, que al parecer fue provocado por una cosechadora y que obligó a desalojar una residencia de ancianos en Burbágena. Finalmente, en Barbastro ardieron 85 hectáreas y también exigió el desalojo de 200 personas.

También beneficios fiscales

Ahora, los afectados deberán tramitar a través del Ministerio del Interior las solicitudes de ayudas. Se contemplan hasta 18.000 euros por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente; 2.580 euros en el caso de destrucción o daños en enseres de primera necesidad; 15.120 euros por la destrucción total de la vivienda habitual; 10.320 euros para afrontar hasta el 50% de los daños a la estructura de la vivienda y 5.160 por otro tipo de daños; 9.224 euros por afecciones en los elementos comunes de una comunidad de propietarios; y hasta 9.224 euros para los establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

De igual modo, los ayuntamientos podrán sufragar con las ayudas estatales hasta el 100% de los gastos derivados de actuaciones inaplazables. Además, el decreto contempla otro tipo de medidas de apoyo a través de los diferentes ministerios implicados, como beneficios fiscales en el IBIo el IAE, bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, o ayudas para la reparación de infraestructuras.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo trabaja con las comunidades y los ayuntamientos en un plan ‘Horizonte 2035’ para «mejorar los sistemas de protección civil del país».