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Aragón se sitúa a la cola autonómica en la resolución de las ayudas de alquiler

El Ayuntamiento de Báguena había pedido descatalogar la Casa Lucías, del siglo XVII, para demolerla por el peligro que presenta por el estado ruinoso que presenta.

El palacio de Casa Lucías presenta la fachada palaciega más larga de la provincia.
El palacio de Casa Lucías presenta la fachada palaciega más larga de la provincia.
Jorge Escudero

El atasco burocrático del Gobierno de Aragón en la resolución de las ayudas de alquiler le sitúa a la cola autonómica. La previsión oficial es resolver la convocatoria de 2021 el próximo otoño, más de un año después de haberse publicado la resolución, lo que le convierte en la segunda administración autonómica que más tarda, solo superada por la de Asturias, que ya acumula 15 meses sin que tenga aún una fecha.

Lo peor es que el cuatripartito cuadruplica el plazo que emplea el Ejecutivo regional más diligente, el de Canarias, que comunicó la lista de beneficiarios en poco más de tres meses desde que puso en marcha el proceso. De haberse cumplido el plazo inicialmente anunciado por el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, se habría igualado y las 11.006 solicitudes pendientes solo en la línea general estarían solventadas desde finales del año pasado.

La situación llevó al diputado popular Joaquín Juste a defender la semana pasada en el pleno de las Cortes una moción, apoyada incluso por los socios del cuatripartito –PSOE, Podemos, CHA y PAR, para urgir a la DGA a reforzar "con los medios necesarios, tanto materiales, técnicos, como humanos" para resolver ya las convocatorias de ayudas al alquiler del año pasado.

Solo del análisis de los plazos de resolución se constata que Aragón no solo es la segunda que más tarde resolverá unas ayudas financiadas, como el resto, por el plan estatal, sino que es la única que las convocó una vez superado el periodo de aplicación: en septiembre de 2021 para las mensualidades comprendidas entre ese mes y noviembre de 2020. Es decir, los beneficiarios cobrarán la ayuda hasta dos años después.

En el extremo opuesto están La Rioja y Extremadura, que publicaron sus convocatorias en el segundo semestre de 2020. Esto permitió que, en el caso de los más de 3.000 riojanos que optaron a cobrar los 3,4 millones de la dotación presupuestaria, se conociera la lista de perceptores en abril de 2021, menos de seis meses después y cuando aún quedaban dos cuatrimestres.

La agilidad o lentitud de unas ayudas que emanan en todos los casos del Plan de Vivienda 2018-2021 del Gobierno central no entiende de colores políticos. Así lo demuestra el hecho de que entre las menos diligentes estén dos gobiernos de izquierdas, los de Asturias y Aragón, y los de derechas de Madrid y Galicia, con 11 y 10,5 meses, respectivamente. Mientras, los más rápidos son igualmente progresistas, los de Canarias y La Rioja, que solo requirieron tres y seis meses, en cada caso.

El mayor fracaso, a juicio del PP

El diputado popular Joaquín Juste consideró que se trata del "mayor fracaso" de la gestión del Gobierno de Javier Lambán, ya que la demora en la resolución de las ayudas se acumula desde que llegó al Pignatelli hace siete años. "Cada vez se paga más tarde y aún es más grave cuando se trata de personas que lo necesitan con una inflación desbocada y los precios de los alimentos básicos, la luz o el gas por las nubes", lamentó.

El consejero de Vertebración, José Luis Soro, asumió en las Cortes hace menos de un mes que no daba abasto, lo que achacó a la falta de personal y al "altísimo" porcentaje de subsanaciones que deben atender antes de poder pagar. Lamentó que el refuerzo con cinco funcionarios de otras direcciones generales, a los que se les atribuyeron funciones de forma "forzosa", no resultó "eficaz", como tampoco resolvieron el problema los convenios firmados con seis entidades para evitar tal volumen de subsanación de solicitudes.

Por su parte, la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, argumentó que hay autonomías que recurren a fondos propios para acelerar el proceso y la asignación estatal la dedican a otros programas o a incrementar la partida. Lo que no está dispuesta a hacer como otros gobiernos es conceder las ayudas con una declaración responsable y luego reclamar el reintegro a los que no cumplan los requisitos. "Es trabajar dos veces y jugar con la ilusión de la gente", dijo.

Igualmente, reiteró que con la misma plantilla, que no pueden aumentar, deben cubrir nuevas líneas de ayudas y, además, tramitar los fondos europeos.

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