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Los dueños del 40% del suelo para ampliar Plaza llevan la operación a los tribunales

Piden anular el convenio urbanístico y la declaración de interés autonómico. Censuran que la DGA favorezca al promotor, Cipsa, y que no les informaran.

La ampliación de Plaza frente al club de golf La Peñaza, impulsada por la inmobiliaria aragonesa Wilcox con el respaldo de la DGA, ha acabado finalmente en los tribunales. Los dueños del 40% del suelo aseguran que ni siquiera han sido informados de la operación, que se desarrolla a través de la sociedad Cipsa Norte, y han presentado dos recursos contencioso administrativos que amenazan con bloquear un proyecto estratégico para el cuatripartito.

En concreto, las dos familias propietarias de 91 de las 240 hectáreas incluidas en el proyecto reclaman al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) tanto la nulidad del convenio urbanístico que recoge la recalificación del suelo como la declaración de interés autonómico adoptada por el Gobierno aragonés para facilitar la expropiación y acelerar todos los trámites administrativos. Además, han solicitado su suspensión como medida cautelar para evitar que las consecuencias sean "irreversibles".

Cipsa Norte optó por el procedimiento de expropiación por tasación conjunta para hacerse con la propiedad de tres fincas de terceros incluidas en el ámbito de la actuación. Para ello, solicitó a la DGA la declaración de utilidad pública e interés social, como ya se hizo en el caso de Bon Àrea para completar la superficie necesaria para la construcción de su plataforma agroalimentaria de Épila, en plena ejecución.

Los planes oficiales pasaban por iniciar a principios de primavera el expediente de expropiación de las fincas afectadas y tramitar de inmediato las actas de ocupación, pero todo se podría torcer al no haberse pactado la operación con la totalidad de la propiedad.

Los primeros en actuar fueron los herederos de Acampo Costa, que alegaron ante la DGA el pasado 6 de abril tras mantener previamente sendas reuniones con los promotores y el número dos de la Consejería de Economía para trasladar su malestar por haber sido excluidos del proyecto, pese a ser titulares de 52,6 hectáreas afectadas, el 22% de la ampliación prevista.

Ante el nulo éxito de sus escritos y gestiones, optaron finalmente por acudir al TSJA el pasado día 11 y la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo admitió su recurso siete días después. Además, se ha abierto una pieza separada para resolver las medidas cautelares solicitadas, que no son otras que la suspensión del convenio urbanístico y de la declaración de interés autonómico de la ampliación de Plaza.

Los herederos sostienen que la DGA no puede, en su potestad expropiatoria, "consolidar la injusta desigualdad que se pone de manifiesto cuando pone ventajosamente a disposición de una sociedad privada 908.000 metros cuadrados de suelo de un total de 2.400.771 m2 que se encuentran en la misma situación de partida, material y jurídica, que la del beneficiario de la expropiación". Y añade que el Ejecutivo "no ha ofrecido a los restantes propietarios la oportunidad de participar o incorporarse a un convenio en el marco de la colaboración público-privada".

Procedimiento "arbitrario"

Además, alegan que esta actuación no se ha mantenido en otras recientes operaciones para obtener suelo para ampliar Plaza, en directa referencia a Amazon. "La elección de Cipsa Norte, sin ninguna otra alternativa, vicia completamente la causa expropiandi", señalan antes de sostener que si se confirma la expropiación se estará actuando "con expresa vulneración de los principios de legalidad y de igualdad" y, por tanto, el procedimiento sería "arbitrario".

El núcleo del recurso se centra en el incumplimiento de la ley del Suelo, que establece que los propietarios de terrenos rústicos a urbanizar tienen el derecho a participar en la ejecución, "en un régimen de equitativa distribución" de los beneficios y cargas entre todos los propietarios "en proporción a su aportación".

Este mismo argumento es el núcleo del segundo recurso contencioso, presentado esta semana por la familia Gracia, propietaria de las otras dos fincas afectadas por la expropiación, que suman 38,2 hectáreas. En su caso, se centran en la nulidad del acuerdo por el que se declaró de interés autonómico el proyecto de ampliación promovido por Wilcox, de la que deviene a su vez la nulidad del acuerdo urbanístico.

Esta familia heredó los terrenos del abuelo, que en los años 60 los adquirió junto a Telesforo Llorente (el dueño de Wilcox), los cuales se repartieron tras romper su sociedad en los años 90. De hecho, comparten la propiedad de otras dos fincas menores incluidas en la ampliación de Plaza, una operación de la que igualmente no fueron informados pese a los lazos históricos que mantuvieron las familias.