El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha recordado en Zaragoza que cuando unas escuchas se realizan con respaldo de un magistrado del Supremo son "perfectamente legales", aunque ha reconocido que desconoce si lo eran en los supuestos casos de espionaje a dirigentes independentistas porque son actuaciones secretas.

En el caso del espionaje mediante el programa Pegasus, Lesmes ha informado de que "no hay nada judicializado" porque "no se ha presentado ninguna denuncia", al tiempo que ha admitido que lo que conoce es la noticia que ha publicado New Yorker, que "no sabemos -ha dicho- si es real en su totalidad o parcialmente real".

"El sistema español prevé que cuando los sistemas de inteligencia realizan escuchas, para que sean legales tienen que estar autorizadas por un magistrado del Tribunal Supremo, cuyas actuaciones desconozco porque son secretas", ha insistido Lesmes, quien ha remarcado que "sí está previsto y designado desde hace años" y que si esas escuchas cuentan con ese respaldo, "son perfectamente legales".

En este caso, ha asegurado que desconoce si la actuación del Gobierno está justificada, porque no sabe cuál es la dimensión, pero si son autorizadas "son legales, porque es lo que prevé el ordenamiento jurídico y no se pueden poner en duda".

Se trata de actuaciones secretas, que "se custodian el Tribunal Supremo" y de las que el magistrado que las lleve "no tiene ningún deber" de informarle ni él puede solicitarle información, ha sentenciado el presidente del TS.

Lesmes ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras pronunciar la conferencia 'La Administración de Justicia hacia el Servicio Público de Justicia: La Agenda 2030 y los Anteproyectos de la Ley de Eficiencia. Su incidencia en el Proceso Contencioso. Propuestas de Reforma' en el marco de unas jornadas organizadas por el Colegio de Abogados de Zaragoza para debatir los retos actuales de la especialidad de los magistrados de lo Contencioso. 

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Lesmes también ha señalado cree que la voluntad manifestada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, facilitará la renovación del órgano de los jueces y considera que, superados los tres años y medio de plazo para su renovación, los partidos deben "ponerse de acuerdo" para ello.

El presidente del CGPJ ha reiterado que la renovación de este órgano es una "obligación" constitucional y que la duración de cinco años del mandato "no es un plazo orientativo", sino de cumplimiento obligatorio, pero "lleva tres años y medio con exceso de los plazos y se tienen que poner de acuerdo".