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La Policía Nacional de Zaragoza investigará los ordenadores de la Guardia Civil de Huesca

La Audiencia Provincial de Huesca confirma una orden del titular del Juzgado número 2 de Jaca que instruye una causa de posible acoso a un sargento por sus superiores. 

Un especialista del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional.
Un especialista del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional.
Policía Nacional

Finalmente será la Brigada Científica de la Policía Nacional de Zaragoza quien analice los servidores y ordenadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca y del acuartelamiento de Jaca. El objetivo: buscar cualquier dispositivo donde puedan estar grabados los registros electrónicos sobre la tramitación de un incidente de recusación, que podría haber sido manipulado.

Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Huesca, avalando la orden que dio el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Jaca, que investiga a dos mandos de la Benemérita a raíz de una querella por acoso laboral y lesiones psíquicas presentada por un sargento primero, de baja por depresión.

La complicada y larga instrucción judicial parte de una querella presentada en julio de 2019 por el sargento a raíz de un expediente disciplinario que le abrieron por una supuesta falta leve que él siempre negó haber cometido. En la creencia de que el expediente obedecía a una animadversión del capitán (ahora ascendido), el sargento recusó a su superior. 

Sin embargo, parece que la recusación nunca llegó a tramitarse y el propio recusado decidió que el expediente siguiera adelante con otro instructor. Por esta razón, el juez investiga «si se pudo cometer un delito de prevaricación» en la tramitación «valiéndose de la modificación de documentos electrónicos para encubrir la no tramitación del indicado incidente».

Durante este tiempo, el juez ha tratado de determinar si los documentos son o no auténticos, si fueron modificados, si se registraron en el sistema y si, en definitiva, se dio curso ordinario al incidente. Entiende que es un hecho importante, pues revelaría que existió una «campaña de acoso» hacia el querellante que le provocó las lesiones denunciadas.

Por todo ello, solicitó a la Guardia Civil un informe, pero lo que le facilitaron los técnicos de la Comandancia oscense tenía "irregularidades", no iba firmado ni identificaba a los autores. Optó por pedirlo a la Dirección General de la Guardia CiviL (DGGC), pero de nuevo le respondieron desde la Comandancia, donde ejerce mando uno de los investigados. El juez decidió entonces que lo más imparcial es que fuera el Cuerpo Nacional de Policía el que haga la prueba pericial. Su decisión fue recurrida por la Abogacía del Estado y por los investigados, y respaldada por la Fiscalía y, obviamente, por el querellante. 

HERALDO DE ARAGÓN se ha puesto en contacto con la DGGC para recabar su opinión sobre este asunto, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

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