zaragoza
Un juez ordena a la Policía que investigue los ordenadores de la Guardia Civil en Huesca
El titular del Juzgado de Jaca tramita una querella por presunta prevaricación administrativa contra dos mandos de la comandancia de la Benemérita en Huesca en una causa de posible acoso laboral a un sargento.
La Jefatura Superior de Policía de Aragón tendrá que enviar a sus peritos informáticos de Zaragoza a Huesca para analizar el sistema informático de la Comandancia de la Guardia Civil y comprobar si alguien pudo manipular los registros de entrada y salida. La orden la ha dado el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Jaca, que investiga a dos mandos de la Benemérita a raíz de una querella por acoso laboral y lesiones psíquicas presentada por un sargento primero, actualmente de baja por depresión.
La instrucción del caso comenzó en julio de 2019, pero ha sido hace poco cuando el juzgado jaqués ha decidido solicitar la intervención del Cuerpo Nacional de Policía. Y lo ha hecho porque el juez ordenó en su día que esta pericial la hicieran los expertos de la Guardia Civil en Madrid, obteniendo como respuesta un informe elaborado por la Comandancia de Huesca. «Lugar donde ejerce mando uno de los querellados», dice el instructor.
Según explica el juez en un auto con fecha 5 de noviembre, «se investiga si pudo cometerse un delito de prevaricación en la tramitación de un incidente de recusación valiéndose de la modificación de documentos electrónicos para encubrir la no tramitación del indicado incidente».
Los hechos tienen su origen en el expediente disciplinario que el entonces capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil en Jaca, J. A. G. S., decidió abrir en julio de 2019 contra el sargento por una supuesta falta leve. En concreto, por el retraso de una de las patrullas que integraban el dispositivo de seguridad de la prueba ciclista Quebrantahuesos. El mando atribuía el fallo al sargento, cuando este no ejercía de comandante de puesto.
El querellante impugnó el expediente disciplinario alegando que obedecía únicamente a una supuesta animadversión del capitán hacia él. Por este mismo motivo, el suboficial instó la recusación de su superior como instructor del citado expediente. Sin embargo, entiende que esta recusación nunca llegó a tramitarse y que el propio recusado decidió que el expediente siguiera adelante con otro instructor.
Posible encubrimiento
A la hora de presentar la querella, el sargento pidió también al juez que tomara declaración como investigado a P. M. F. R., comandante y entonces segundo jefe de la Comandancia de Huesca. Según el suboficial, consciente de la irregularidad cometida por el capitán al no tramitar su recusación, lejos de subsanarla, decidió encubrirla. Lo habría hecho, mantiene, manipulando los registros informáticos para aparentar que la recusación del capitán se había gestionado.
El juez instructor consideró que existían indicios suficientes como para ordenar el análisis de los ordenadores de la Guardia Civil de Huesca y comprobar si efectivamente se habían alterado los registros. Pero cuando recibió el informe pericial elaborado por los técnicos de la propia Comandancia de Huesca, el juez constató que se habían producido una irregularidades que impedían aclarar los hechos. «El informe remitido no cumple los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (...) ya que no viene firmado, no se identifica a sus autores y en definitiva ningún experto se hace cargo de las manifestaciones que vienen ahí recogidas», indica el auto.
Por todo ello, el juez pide que se identifique a los autores del informe pericial remitido por la Comandancia de Huesca para que estos respondan a sus preguntas y solventen cualquier duda. En cualquier caso, «en atención a todos estos avatares», el instructor considera más pertinente que sea la Policía Nacional quien analice los ordenadores «para así garantizar la máxima imparcialidad».
El auto fue recurrido por los querellados. La Fiscalía se mostró en contra de dicho recurso por considerar acertada la decisión del juez, pero la decisión definitiva está en manos de la Audiencia Provincial de Huesca. Los dos mandos declararon en calidad de investigados y pudieron dar su versión de los hechos, negando haber cometido cualquier delito. En cualquier caso, HERALDO se puso en contacto con ellos a través de la Jefatura de la Guardia Civil en Aragón para conocer sus argumentos y estos declinaron hacer manifestaciones por estar la causa en proceso de tramitación.
