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Broto anuncia una subida del 15% de la prestación complementaria al IMV

Desde Izquierda Unida aseguran que "la prestación complementaria no está haciendo los deberes a la misma velocidad".

Rueda de prensa de Marivi Broto y Noelia Carbó.
Rueda de prensa de Marivi Broto y Noelia Carbó.
Gobierno de Aragón

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Mariví Broto, ha anunciado este miércoles que la prestación aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital aumentará un 15%, en la misma proporción que el incremento anunciado en la prestación estatal.

"Por supuesto que en Aragón nos comprometeremos como se ha comprometido España", ha remarcado Broto en una comparecencia en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes, en la que ha afirmado que el aumento del 15% del IMV es "muy positivo" y "eso -ha dicho- es lo que tenemos que hacer también en Aragón". "Eso es un tema claro", ha subrayado.

La consejera ha comparecido a petición del diputado de IU, Álvaro Sanz, quien ha mostrado su preocupación porque no se está cumpliendo el objetivo inicial de la prestación complementaria de garantizar que nadie en la Comunidad tenga una renta inferior a 540 euros, al interpretarse reglamentariamente de una forma "profundamente restrictiva y lesiva".

"La prestación complementaria no está haciendo los deberes a la misma velocidad" que el IMV ni se está interpretando el reglamento con la "generosidad", ha dicho Sanz, porque no se garantiza que quieres tienen ingresos superiores al IMV pero inferiores a la prestación complementaria sobren ésta íntegramente.

Ante esta situación, le ha pedido que se modifique la aplicación informática para que el "tope" no lo determine el IMV, sino la prestación complementaria aragonesa.

Además, ha incidido en que el aumento del 15% en el IMV deja la prestación aragonesa "a la altura del betún", por lo que le ha pedido que aclare si va se va a incrementar y si se van a resolver todos los problemas que genera en las solicitudes la aplicación informática.

En su respuesta, la consejera ha negado una gestión "restrictiva" de las rentas, cuyo objetivo es no dejar a nadie atrás ante la crisis, en la que el IMV es un "hito" importante en el estado de bienestar y en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social al garantizar ingresos y Aragón, ha resaltado, ha actuado de manera rápida para armonizar sus rentas con esta prestación.

Así, se aprobó la ley de creación de la prestación aragonesa complementaria al IMV para dar cobertura a quienes se quedan fuera de este ingreso sin necesidad de haberlo solicitado, con un aumento de las cuantías de la prestación y un complemento de gastos de vivienda, y previendo una actuación de urgencia para los peticionarios de IMV en tanto se resuelven las solicitudes y un régimen transitorio para dar garantías a quienes cobraban el Ingreso Aragonés de Inserción y la ayuda de integración familiar.

Y aunque ha destacado que Aragón tiene tasas de pobreza inferiores a las de muchas comunidades, actualmente un 30% más bajas según la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, con un diferencial del 7,9%, aunque con una brecha de género "muy fuerte", ha advertido, ya que de las 212.000 personas en riesgo de pobreza, 126.000 son mujeres y el resto, hombres.

En todo caso, ha resaltado que 2021 ha sido el año de mayor inversión en prestaciones en Aragón, 55 millones del IMV del Gobierno central y 22.650.000 euros en las rentas del Ejecutivo aragonés, por lo que se ha mostrado satisfecha de cómo se ha llevado a cabo la armonización.

Según las últimas cifras disponibles, del pasado mes de febrero, en Aragón perciben el IMV 9.345 aragoneses, lo que beneficia a 26.937 personas, ha detallado la consejera, quien espera la próxima aprobación del aumento del 15% del IMV anunciada por el Gobierno, algo "fundamental" para dar respuestas a las personas más vulnerables en esta situación de crisis y por tanto, ha confirmado que la prestación complementaria aragonesa aumentará en la misma proporción.

En cuanto al programa informático, ha considerado que funciona "muy bien", que son las direcciones provinciales las que gestionan las rentas con un contacto "estrechísimo" con las entidades locales, y que los problemas que se dan están relacionados con patrimonio, con el empadronamiento y con situaciones de familiares no regularizadas, y se les trata de dar solución dentro de la legalidad, en la que sí es restrictivo el criterio de residencia efectiva.

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