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La falta de accesibilidad a la Atención Primaria casi triplica las denuncias sanitarias al Justicia de Aragón

Las quejas recibidas en la institución relativas a sanidad se incrementaron en 2021 un 253%, pasando de 153 en 2020 a 380 el año pasado.

Javier Hernández y Javier Sada en la entrega de la memorial anual de 2021 del Justicia de Aragón
Javier Hernández y Javier Sada en la entrega de la memorial anual de 2021 del Justicia de Aragón
Cortes de Aragón

La falta de accesibilidad a los centros de salud motivada por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus han disparado las denuncias sanitarias de organizaciones, colectivos y personas ante el Justicia de Aragón que casi se triplicaron el año pasado, pasando de 153 expedientes tramitados en 2020 a 380 durante 2021. Si hasta ahora las listas de espera quirúrgicas eran las estrellas indiscutibles de las quejas que se recibían, durante 2021 el aumento se ha debido principalmente a las dificutades y excesiva demora para ser atendido en consulta por un profesional de Atención Primaria o para la realización de pruebas diagnósticas. 

Así lo revela el informe anual que el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, ha entregado este miércoles al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada. También destaca el alto nivel de quejas presentadas en Servicios Sociales, que han crecido un 53% y que no solo se refieren a las residencias de mayores, como ocurría en los momentos más duros de la pandemia,  sino que el mayor número las han acaparado problemas relacionados con la tramitación y los cambios relativos en las prestaciones dirigidas a los grupos más vulnerables y en riesgo de exclusión, como el prácticamente desaparecido Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Aragonesa Complementaria a la renta social. 

El lugarteniendo del Justicia ha subrayado la importancia de mantener la atención presencial a los pacientes. "La telemedicina viene para quedarse, pero tenemos que ver en qué terminos se hace. No podemos confundir términos como teleasistencia y telemedicina", ha apuntado. "La relación digital o con las nuevas tecnologías es posible, pero el ciudadano que tiene una patología quiere ir al centro de salud y que se le atienda, y eso se ha mermado durante este periodo", ha asegurado. 

Asimismo, Hernández ha matizado que en esta problemática no hay diferenciación entre las situaciones viviendas en las ciudades como Zaragoza o el medio rural, sino que la "posibilidad de autogestión" de los centros de salud ha provocado "situaciones muy dispares". "Nos encontramos con centros que en un primer momento acometieron la presencialidad y otros en los que la cita previa y la consulta casi única por teléfono ha sido la norma", ha manifestado. Y ha añadido que incluso dentro de los mismos consultorios dependía de "los propios facultativos". Desde el Justicia se ha llegado a solicitar al Departamento de Sanidad que manteniendo "esta posibilidad de autoregulación" se dictaran unas "directrices claras" sobre el funcionamiento de Atención Primaria que "igualara a todos los aragoneses en esta materia".

En términos generales, las quejas recibidas por el Justiciazgo han aumentado un 30%, pasando de 2.130 expedientes tramitados en 2020 a 2699 el año pasado. Como resultado de ellas se han dictado 270 resoluciones, frente a las 237 que se emitieron en 2020. Un incremento que también tiene que ver con el alto número de asuntos que se atendieron sin una tramitación ordinaria, teniendo en cuenta su urgencia y las circunstancias, como fueron las protestas por la no inclusión en los colectivos a los que se administraba la vacuna contra la covid.

La inquietud motivada por las decisiones sobre la incorporación de los alumnos a las aulas en el segundo trimestre del curso 2020-2021, o cómo proceder en la vuelta al colegio del presente han sido objeto de numerosas quejas. En esta misma área, el informe del Justicia destaca que la carencia de dispositivos tecnológicos para la obligada educación semipresencial o digital ha generado situaciones de exclusión para colectivos vulnerables.

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