El trabajo acumulado a consecuencia de la séptima ola, la peor en contagios y una de las más graves en cuanto al número de víctimas mortales e ingresos, está tensionando cada vez más los centros de salud de la Comunidad, especialmente los situados en las capitales de provincia. También está elevando las demoras, con varios días de espera para ser atendidos presencial o telefónicamente, lo que ha provocado un enorme malestar que quedó patente en la multitudinaria manifestación del sábado en Teruel.

El descenso de casos, con 269 positivos en las últimas horas, ha hecho aflorar el resto de enfermedades no covid, que hasta ahora habían quedado en un segundo plano. Esto hace que sigan siendo necesarias horas extras y "trabajo desde casa" para llegar a todo.

Los trabajadores temen que se vuelva a cometer el "error" de prescindir del grueso de los contratos covid, un refuerzo "más que necesario" para ponerse al día. Ignacio González Lillo, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón, apunta un importante matiz: "Los casos de coronavirus han disminuido, pero no han desaparecido".

"El problema es que esta séptima ola ha ocupado tantísimo tiempo que se ha dejado de ver todo lo demás, y ahora es cuando todas esas patologías están llegando a las consultas. Los pacientes crónicos han estado muy mal controlados durante toda la pandemia.

No se han hecho controles ni espirometrías y eso ha terminado afectando, por ejemplo, a los diabéticos y las personas con enfermedades respiratorias", agrega.

Las demoras, coincide Antonio Aísa, médico en Las Fuentes Norte, se están yendo, por lo general, a los cuatro o los cinco días, aunque "depende de cada persona y cada centro de salud". "Hay compañeros que, con muchísimo esfuerzo, están en los dos o tres días, pero a otros, inevitablemente, se les va a más de una semana", dice. En su opinión, parte del problema viene de la cantidad de "trabajo impropio" que tienen que hacer. Especialmente, todo lo referido a la tramitación de bajas laborales. "Si consiguiésemos quitar la burocracia de la consulta médica y que la realizasen los administrativos podrían ganarse la tercera parte de las consultas para ver y tratar enfermos", indica.

La pandemia, apuntan los consultados, ha dejado una Atención Primaria "devastada" que sigue "anclada en un modelo de los años 80" que no se ajusta a las necesidades actuales. La telemedicina será una de las grandes apuestas de la reforma en la que ya trabaja el Gobierno de Aragón. Actualmente, sin embargo, no termina de funcionar. Médicos y enfermeros reciben a diario decenas de quejas por la saturación de las líneas. Además, se da la circunstancia de que en muchos ambulatorios hay más demora para ser atendido por teléfono que de forma presencial, circunstancia que "choca" con la filosofía de esta modalidad, pensada para descargar trabajo a los profesionales en la tramitación de bajas y la comunicación de resultados.

"Calma tensa" entre olas

Estos días, explica Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), están siendo de "calma tensa". "El descenso de casos ha permitido retomar la actividad laboral, pero tenemos miedo de que surjan otras olas. Ya lo hemos vivido en otras seis ocasiones", recuerda.

Todo esto hace que no haya tranquilidad. "No tenemos tantas demoras como pudo haber en enero, pero tampoco se está viendo a los pacientes con la normalidad de siempre. Antes de 2020 ya se estaba al borde del colapso, y la covid ha acelerado el proceso. Cada ola ha supuesto retrasos añadidos, y las soluciones que se han puesto hasta ahora han sido parche sobre parche", lamenta.

La propia consejera de Sanidad, Sira Repollés, reconoció la pasada semana que el modelo actual presenta "deficiencias", un aspecto que se pretende solucionar con su reforma, que, al menos sobre el papel, tendría que dar lugar a una Atención Primaria más equitativa, accesible y digital.

Los consultados creen que la transformación "no debería demorarse", y temen, a tenor de lo visto en la estrategia del Ministerio, que se quede en una "declaración de intenciones" si no va acompañada de presupuesto. Las dudas se despejarán de cara al 31 de marzo, fecha límite para que la DGA presente su propuesta.