Soro confirma la revisión de precios de las obras públicas en Aragón por el alza de las materias primas

El alza de precios de las materias primas obligará al Gobierno de Aragón a actualizar el presupuesto de los contratos de obra pública. Al incremento provocado por la crisis de la covid se unirán las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, que podrían provocar nuevos repuntes.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, reconoció ayer en el pleno de las Cortes a preguntas de Ciudadanos que, aunque no se puede saber dónde llegarán estas subidas, "van a ser una realidad" . "Hay dos situaciones completamente diferentes. En primer lugar, los contratos que tenemos que licitar. En este caso, lo que estamos haciendo es revisar los presupuestos para actualizar precios, que es lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público. En los que ya se licitaron y quedaron desiertos, la única solución que hemos encontrado ha sido revisarlos para volver a sacarlos", dijo.

Como ejemplo puso las obras del Museo del Tren de Caminreal, que quedaron desiertas en 2021 por este motivo. "Se licitaron por más de 900.000 euros y esperamos tener el nuevo presupuesto la semana que viene", agregó.

A este respecto, Carlos Ortas, de Cs, alertó de los incrementos que se prevén para este 2022, que "también serán significativos" dadas las "desagradables" noticias que llegan de Ucrania. "Se preveía que podría haber un 75% de aumento en según qué cuestiones, pero, dada la situación actual, seguro que esto irá a peor", opinó.

Por el momento, indicó Soro, en carreteras "no ha habido problemas", aunque tampoco se descartan. Sí los ha habido en la restauración de patrimonio arquitectónico en Sierra de Luna, Isuerre, Daroca o Valmadrid.

El problema real, subrayó el titular de Vertebración, está en los contratos en ejecución. Aclaró, asimismo, que el plan extraordinario de carreteras "todavía no tiene fijados los precios", dado que se siguen redactando los proyectos de trazado, y que la próxima semana habrá una reunión con las empresas que gestionan los contratos de conservación ordinaria para tratar esta cuestión.

Esta no será, en todo caso, una cuestión que afecte únicamente a Vertebración, sino que amenaza las obras e inversiones "de todos los departamentos".

También se refirió Soro a la futura Ley de Vivienda. A preguntas del PP, reconoció que "hay cuestiones absolutamente dudosas que exceden de los títulos competenciales exclusivos del Estado y de las competencias transversales". No obstante, el Ejecutivo no tomará ninguna decisión hasta que la norma esté aprobada. El problema, señaló el diputado popular Joaquín Juste, es que "quizá entonces ya no haya margen de maniobra".

"Frustración" por las ayudas

Otro de los asuntos que se abordaron en el pleno fueron las ayudas al alquiler, presupuestadas en seis millones de euros por el Gobierno central. Soro reconoció que "no va a haber suficiente" para los 11.006 solicitantes y calificó de "absoluto disparate" los requisitos de concesión. "Como el Estado decide que sea por concurrencia competitiva, tenemos que revisar todos expedientes, pedir subsanaciones, puntuarlos, ordenarlos y ver hasta dónde llega el crédito. Si los requisitos fueran otros, quienes se presentasen y los cumpliesen podrían ir cobrando", razonó.

El problema, añadió, es que si los 11.006 lo hicieran, solo podrían abonar 1.760 euros por solicitud, cubriendo únicamente un 30% del total. "Humanamente no podemos hacer más, quien al final sale perjudicada es la ciudadanía", afirmó. Esta, aseguró Soro, es una situación que le quita el sueño tanto a él como a la directora general de Vivienda. "Es lo más frustrante, pero yo no puedo quitar requisitos", dijo. Todo esto hace que, por el momento, no se pueda poner fecha al cobro, que se producirá "a lo largo de 2022". Para Juste, urge abonarlas a la mayor brevedad, dado que muchos solicitantes están "desesperados". "Cambie lo que sea necesario para pagar", pidió.