entrevista
Joaquín Olona: "Voy a presentar alegaciones a la PAC, pero no creo que haya grandes cambios"
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente hace repaso de un 2021 marcado especialmente por el desenlace de la PAC, por los efectos de la pandemia en el sector y que, "por si fuera poco", dice, termina con una riada.
Cuando se le pide a Joaquín Olona que le ponga un calificativo al año que está terminando se toma su tiempo para pensar. No quiere el consejero de Agricultura caer en el tópico o utilizar un adjetivo al uso. Porque 2021 ha sido, señala, "el año de los retos acumulados".
Reconoce que su principal quebradero de cabeza han sido las negociaciones para definir el Plan Estrategico Nacional que establece la aplicación de la PAC en el país. Una dura batalla en la que Olona es consciente de que no ha logrado sus objetivos, pero que volvería a plantear con la misma ambición y persistencia para lograr esa reforma profunda que ha defendido desde 2016.
Cuando repasa el año no puede evitar recordar los efectos de la pandemia en el sector, aunque la campaña frutícola nada ha tenido que ver con la de 2020, gracias, señala, a la "extraordinaria" colaboración del sector. Y cuando parecía que no podía pasar nada más, 2021 se despide con una riada del Ebro que ha anegado miles de hectáreas de cultivos.
¿La PAC ha sido su gran quebradero de cabeza?
Sí, es un quebradero de cabeza y no lo digo como una maldición. Puede parecer que tengo una cierta obsesión con la PAC, como si no hubiera otra cosa, pero hay que recordar que es política agraria y, ¿a qué otra cosa se debe ocupar un consejero de Agricultura que no sea a la política agraria? Muchas veces simplificamos y solo nos acordamos de lo que es más conocido, los pagos directos, pero toda la política agraria de España y de Aragón gira en torno a la PAC, solo hay que tener en cuenta que para la Comunidad supone 543,27 millones de euros dentro de un presupuesto de 860 millones.
¿Le ha desgastado la negociación? ¿Se han resentido sus relaciones con el ministro?
Ha sido muy difícil, porque es obvio que por el signo del Gobierno de España y de Aragón tener un planteamiento como el que he mantenido no es fácil ni cómodo, pero aunque pueda parecer increíble, y lo digo sinceramente, conmigo el ministro ha tenido un comportamiento admirable y generoso, con lo que mis relaciones con él no se han resentido. El tratamiento ha sido exquisito a pesar de nuestras diferencias, porque hemos tenido una posición diferente, pero en ningún momento se ha traducido en un enfrentamiento personal. Debo decir también que he puesto todo de mi parte para no dificultar, no estropear ni afectar las relaciones, porque creo que es obligación de un consejero llevarse bien con el ministro del ramo, lo que no quiere decir que se tenga que estar permanentemente de acuerdo.
¿Se ha sentido traicionado? Cuando comenzó el año, el ministro parecía comulgar con la propuesta aragonesa.
No, no me siento traicionado. Lo que ha ocurrido es que el ministro ha tenido que afrontar una situación de absoluta contradicción no solo entre comunidades autónomas, sino también dentro del propio sector, en el que se ha visto claramente que hay un porcentaje elevado de personas que sigue empeñado en el dichoso ‘statu quo’. Quizá el ministro no ha dado gusto a nadie, porque al final todos estamos descontentos, y a mí eso no me vale ni justifica ni acredita que sea un buen acuerdo, pero al final ha prevalido una posición mayoritaria que es la de minimizar los cambios.
Y ahora, ¿qué? ¿Su batalla por una ambiciosa reforma de la PAC ha acabado?
Voy a presentar alegaciones, no porque piense que se puedan hacer cambios sustanciales, que no creo que vaya a haberlos, pero me considero en la obligación moral y política de dejar claro cuál es nuestra posición, no solo como Gobierno, sino por lealtad a quienes han apoyado el pacto aragonés por la PAC. No es una posición de cabezonería, sino de coherencia.
¿Ya tiene definidas las prioridades del segundo pilar de la PAC, el Plan de Desarrollo Rural? ¿Va a haber cambios sustanciales?
No, yo nunca he planteado cambios sustanciales o muy ambiciosos en torno al segundo pilar, pero una diferencia importante es que la aportación del Ministerio ha pasado de 92 a 156 millones. Aragón estaba en una situación complicada y este aumento nos facilita y garantiza que podamos seguir siendo absolutos cumplidores y no tengamos dificultad para cofinanciar. Me preocupa, sin embargo, que se nos exija que arreglemos con el segundo pilar todos los problemas que no se arreglan con las ayudas directas. Esto se ha convertido en una tradición. Es comprensible que el sector y el ámbito político pida soluciones, pero me aterroriza el hecho de que con el 25% del presupuesto pretendamos resolver los problemas del segundo pilar, que es el 75% del presupuesto. No vamos a poder hacer milagros, pero en este sentido vamos a maximizar la dotación para utilizar las ayudas agroambientales y las indemnizaciones compensatorias para favorecer la ganadería extensiva, la gran pagana de la reforma, y para compensar al otro gran pagano, que es el profesional agrario. Nos hemos puesto el reto de aplicar estas ayudas agroambientales solo a los profesionales. Y, además, vamos a potenciar las zonas de montaña y más desfavorecidas.
Al menos la campaña frutícola le ha dado un respiro este año tras la complicada situación que se vivió en 2020.
Sí, no ha tenido nada que ver, he estado más tranquilo porque la respuesta del sector ha sido extraordinaria. Tras la experiencia del pasado año se entendió perfectamente que había que hacer un esfuerzo para no deteriorar la imagen del propio sector, y la respuesta ha sido excepcional. Es verdad que la vacunación ha sido clave y que la decisión liderada por la consejera de Sanidad fue un absoluto acierto. Pero si el sector no lo hubiera facilitado y no hubiera dado apoyo logístico y colaboración no hubiera sido tan eficaz.
Se intensificaron las inspecciones. ¿Se han detectado situaciones ante las que habrá que trabajar en un futuro (contrataciones, alojamientos..)?
Las inspecciones han servido para demostrar que son excepciones contadas quienes desafían el sentido común y la lógica más allá de la normativa laboral. Pero es cierto que no deben existir. En mi opinión, el desafío está en cómo facilitar que ese modelo de agricultura familiar en la fruticultura tenga la mano de obra que necesita. Y no lo digo en términos de cumplimiento laboral, sino en cuanto a logística, organización y planificación. Creo que ahí son las cooperativas y las organizaciones de productores las que, además de avanzar en la comercialización y el mercado, tienen como reto hacer frente a esta cuestión que es estratégica y determinante para la viabilidad del propio sector.
Cuenta con un presupuesto para 2022 que usted calificó de ambicioso, pero ¿será suficiente?
Suficiente en el sentido de cubrir todas las necesidades y todas las ambiciones, no. Creo que eso nunca se va a conseguir, pero estoy convencido de que tenemos un presupuesto que, dentro del contexto actual, es suficiente para hacer frente a las cuestiones esenciales.
Que son...
Una de las cosas que hemos hecho en los últimos años es convertir casi todas las líneas de ayuda en plurianuales, en el caso de los regadíos este planteamiento es incluso a 20 años. Eso implica que tenemos compromisos que cumplir. Además, vamos a seguir compensando modestamente y según nuestras posibilidades los problemas del primer pilar con el segundo, y eso requiere dedicar fondos propios, lo que nos ha permitido avanzar y mejorar la situación de Teruel, pero que vamos a tener que continuar haciendo desgraciadamente porque el primer pilar no lo a va resolver en 2022, pero tampoco lo va a hacer en 2023. El otro gran reto es poder ejecutar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que suponen un desafío de gestión de primer orden y que los tenemos enfocados en dos grandes ámbitos: en medio ambiente, para lo que hay una importante partida de más de 40 millones de euros, y en materia de modernización de regadíos y de explotaciones, con toda esa terminología más actual con la digitalización, la adaptación a la economía circular...
No solo ha habido desencuentros con Agricultura. También con Transición Ecológica. ¿Ha presentado alegaciones al Plan Hidrológico?
Sí, las hemos presentado. Es cierto que con el Ministerio de Transición Ecológica tenemos desacuerdos muy sonoros y transcendentales como, por ejemplo, en materia hidráulica. Defiendo el planteamiento, que considero valiente, de que los planes hidrológicos dejen de ser una carta a los Reyes Magos y reflejen compromisos reales. Pero esos compromisos me los tomo al pie de la letra, y considero ineludible que las cuatro grandes obras -Yesa, Almudévar, Mularroya y Santolea- se tienen que finalizar y poner en marcha en el horizonte del 2027. Igualmente, los nuevos regadíos que hemos impulsado y tenemos en ejecución, prácticamente 30.000 hectáreas. Eso tiene que estar cubierto sin ningún género de dudas. Y, además, mi interpretación es que el Plan Hidrológico no puede ser de ninguna manera ningún tipo de ley de punto final que ponga coto ni a la regulación ni a los regadíos ni a las necesidades que tiene Aragón en materia hidráulica. Por cierto, unas necesidades en las que hay que incluir, además, la laminación de las avenidas, ya que, como hemos podido ver en estos días pasados, son imprescindibles. El escenario hubiera sido catastrófico sin Yesa, ni Itoiz, sin Mequinenza.
Termina el año comprometiéndose ante los agricultores a resarcir los daños que ha causado la crecida extraordinaria del Ebro. ¿Comenzará el próximo con alguna medida o actuación concreta?
Espero que sí, de hecho estamos trabajando en ello. De momento, seguimos sin poder entrar en los campos para evaluar los daños, pero reitero el compromiso de resarcir a los agricultores y hacerlo con celeridad. En estos momentos no puedo detallar más porque no puedo prometer cosas concretas sin tener la seguridad de que las podemos aplicar.
Los precios de la materias primas y los costes de producción están disparados. ¿Le preocupa el efecto que puede tener en el sector? ¿El Gobierno aragonés o central puede articular alguna medida para minimizar su impacto?
No hay que generar expectativas de que el Gobierno autonómico va a poder encontrar soluciones a problemas globales. Confieso que me inquieta porque el efecto que puede tener sobre el sector agrario puede ser tremendo. Y aunque sea arrimar el ascua a mi sardina, la situación vuelve a demostrar que tenemos una herramienta para que esto no se traduzca en que al agricultor le falta dinero en el bolsillo, le falta renta. Esa herramienta que nos empeñamos en seguir utilizando mal es, y perdona que vuelva a lo mismo, la PAC. No podemos hacer nada en los costes, pero podemos compensar sus subidas, y para eso disponemos nada menos que de 543,27 millones de euros, de los que, en los últimos años, 463,76 millones han ido en inyección en vena al sector. Si este dinero lo aplicásemos bien y lo concentrásemos en los que viven de la agricultura, no digo que los agricultores pasarían a vivir en el paraíso, pero estoy seguro de que el impacto de la escalada de costes no sería el que está siendo.
¿Qué le pide a 2022?
Que se acaben los derechos históricos de la PAC.
