La concesión de las líneas de bus de Aragón para los próximos 10 años se licitará por 227 millones
La DGA aprueba la partida del concurso, el de mayor cuantía de la legislatura, con el fin de convocarlo en febrero. El TSJA allana el trámite al desestimar la cautelar del sector.
La concesión de las líneas de bus que garantizará que todos los núcleos aragoneses de más de diez habitantes tengan transporte público saldrá finalmente a concurso en el mes de febrero y todas las mejoras previstas serán una realidad antes de las elecciones autonómicas de 2023. El Consejo de Gobierno dio el paso definitivo la semana pasada al aprobar la partida plurianual que asegurará su financiación y con ello la licitación por 226,85 millones. Será la de mayor cuantía de la legislatura, justificada por el hecho de que la prestación del servicio se alargará una década.
El consejero de Ordenación del Territorio, José Luis Soro, manifestó a este diario que el nuevo mapa concesional supone "una oportunidad" para que Aragón cuente con un «servicio de transporte de calidad». En este sentido, recordó que aumentarán un 13% los servicios interurbanos y otro 19% la oferta en los metropolitanos de Zaragoza. Para hacerlo posible, la DGA incrementará en 8,9 millones anuales el dinero que destina al transporte público.
El nuevo modelo supone un cambio absoluto, dado que las actuales 118 concesiones y contratos programa caducados desde 2017 se concentrarán en los 19 en los que se dividirá en el futuro la cobertura a lo largo y ancho del territorio. Las empresas estarán obligadas a renovar sus flotas, ya que ninguno de los 300 vehículos necesarios podrá superar los cinco años cuando inicien la explotación en 2023 y los deberán retirar cuando lleguen a diez.
Su importe de licitación se estimó inicialmente en 185 millones cuando se dieron los primeros pasos en su diseño hace dos años, pero la escalada de costes y el impacto de la pandemia ha llevado a la Dirección General de Transportes a ajustarlo.
Vía libre judicial
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha allanado el camino al desestimar la medidas cautelares solicitadas por los empresarios del sector, la suspensión de cada uno de los 19 proyectos en los que se dividirá el servicio. La oposición de la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón (Aetiva) es frontal al entender que el nuevo modelo es "inviable" desde el punto de vista económico y técnico y está infradotado, hasta el punto de estimar que harían falta entre ocho y diez millones al año a lo largo de las concesiones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA alude a la jurisprudencia para sostener que las cautelares deben ser "adecuadas, suficientes y no excesivas" y que solo se pueden justificar por el perjuicio de no poder reparar el daño en caso de una sentencia estimatoria. "En este supuesto nada hay de ello, ya que lo que se argumenta son todo cuestiones de fondo", subraya el auto, del que ha sido ponente el juez Javier Albar.
Por si hubiera alguna duda, añade que siempre se podría dejar sin efecto los contratos que van a salir a concurso, aunque reconozca que "obviamente supondría una importante complejidad".
Vertebración del Territorio aprobó los 19 proyectos la pasada primavera y dispone de los pliegos de condiciones, pero decidió esperar hasta que se posicionara el TSJA sobre las cautelares. Lo que no va a hacer es bloquear uno de sus proyectos estrella hasta la resolución del recurso, por lo que ha remitido los citados pliegos a la Intervención _y a los Servicios Jurídicos para que los revisen antes de publicarlos.
El interés general, "protegido"
El auto del TSJA deja bien claro que los intereses generales son "protegidos en principio" por la Administración autonómica, para lo que alude a que ha aportado argumentos "como permitir el acceso" al transporte público a 300 nuevos núcleos de población y 20.000 personas que carecen de tales servicios. Y lo mismo recoge acerca de la mejora de las comunicaciones con los centros de salud, los hospitales, las cabeceras comarcales y las capitales.
También se refiere al argumento de la DGA de "racionalizar y adecuar" el servicio a las necesidades y exigencias actuales, "con una rebaja de tarifas del 10%".
El Alto Tribunal destaca que hay un "interés particular" en Aetiva y recuerda que las concesiones de bus están caducadas desde 2017 y podrían haber desistido de la prórroga. "La misma a estas alturas ni es un derecho ni de ellas ni un deber de la Administración, cuestión esa última que debilita mucho la posición de la recurrente", apunta.
El TSJA incide en que las cuestiones de fondo se deberán analizar en el pleito, aunque ya parece decantarse por el nuevo modelo de transporte recurrido al argumentar que el actual "no se adapta a los cambios sociales habidos, lo que hace más necesaria una completa reordenación".
