Tercer Milenio
En colaboración con ITA
heraldo domingo
Desmemorias históricas de 1591
En 1591, Antonio Pérez, secretario de Felipe II encarcelado por este para que no desvelara un delito que podía incriminarle, huyó de presidio y fue acogido en Aragón, como descendiente de aragoneses. Por ser luego acusado de herejía, el justicia, tras haberle dado amparo, lo entregó a la Inquisición. Durante los alborotos que siguieron, Pérez huyó a Francia. Las tropas reales se encaminaron a Aragón y el joven justicia Juan de Lanuza, recién nombrado, creyó su deber hacerles frente con las armas. Su menguada tropa se desbandó y el magistrado fue apresado y decapitado tras ser degollado, por traición al rey, el 20 de diciembre.
En Zaragoza se apaleó a dos justicias en 1591. Juan de Lanuza IV entregó a Pérez, tras reunirse en las Casas del Reino (plaza de la Seo) con su consejo de juristas y lugartenientes: miceres Chalez, Martín de Lanuza, Gazo, Torralba y Clavería. Deliberaron «largo rato sobre el asunto y, unánimes y conformes» decidieron «con arreglo a fuero». No sirvió de mucho: el 24 de mayo, en un tumulto contrario a la decisión, recibió una paliza. Murió a los pocos meses, quebrantado por el suceso.
Su hijo y sucesor Juan de Lanuza V recibió el 7 de noviembre el mismo trato de un gentío irritado, y por igual causa. Lo contó Pidal en 1863: «Al ver el desenfreno popular, dio de espuelas al caballo, y no pudiendo dirigirse a su casa, huyó hacia Santa Inés, y en la plaza de Predicadores y puerta de Sancho le hirieron el caballo, le dieron muchos y fuertes golpes con un asta de lanza, y sin duda le hubieran muerto al no llegar en su auxilio, con otros cuatro o cinco que le seguían, un labrador llamado Falces, de gran reputación y crédito. Así pudo llegar hasta su casa, afrentado, maltratado y herido, el supremo magistrado de Aragón». En ese tumulto fue también apaleado el diputado Juan de Luna, mayor, «obeso y cargado de años», a quien «llenaron de golpes, injurias y afrentas», tras derribarlo del caballo. En tal confusión huyó Pérez de Zaragoza. En ambos casos, los grupos violentaron a la fuerza sendas decisiones del justiciazgo, «supremo guardador de los fueros».
Pérez, hereje. Toparse con los fueros era un gran obstáculo. De ahí que la Inquisición, por orden real, acusase de hereje a Pérez: así, era legal que lo reclamara. La acusación se basaba en testimonios sobre hechos pintorescos y ocasionales. Pérez, sabedor de que su esposa e hijos estaban en prisión, habría dicho cosas como: «Debe ser burla esto que nos dicen de que hay Dios» o «¿Y esto es ser católicos? Descreería de Dios si esto pasase así».
La violencia callejera era un clima y estalló en Teruel antes que en Zaragoza, a causa de los abusos de los funcionarios del rey. Sin proceso ni motivo especial, fueron linchados por los revoltosos los hermanos Novella. Nadie osó alzarse contra el desmán, porque, como se escribió sobre esos días, «cualquiera piedad era entonces peligrosa».
Disconformes con la rebelión se mostraron más de cien poblaciones de Aragón. Quienes inicialmente movilizaron milicias (Jaca, Daroca, Bielsa, Puértolas, Gistain...), ordenaron su retirada al saber que el rey ya intervenía en el asunto, poniendo el deseable «orden en las cosas del Reino».
Las tropas del rey. Alonso de Vargas no disparó ni un tiro. Se acercó a Zaragoza por dos caminos. La artillería, desde Ariza, fue por Mallén. El resto, por Veruela y Ainzón. Unidos en Fréscano el 9 de noviembre, pasaron por Pedrola, Alagón y Casetas. Se les unieron doscientos arcabuceros y treinta jinetes aragoneses. El rey ordenó evitar la sangre: «Si os obligaren de modo que no lo pudieseis excusar, mandaréis tirar a la artillería por alto, de manera que los espantéis y no les hagáis daño». Vargas impidió los desmanes de las tropas. «Sus informaciones» [al rey], dice Pidal, «fueron favorables a los aragoneses, hasta hacerse sospechoso». En esos días, la Monarquía mantenía difíciles guerras simultáneas en Flandes y Francia y, en la mar, con Inglaterra.
El llamamiento a las armas se hizo el 31 de octubre, «salva siempre la fidelidad al Rey Nuestro Señor» y de acuerdo con el fuero. Este preveía la oposición armada a invasores del reino, si procedían de las vecinas Cataluña y Valencia, de donde llegaban partidas armadas so capa de perseguir a malhechores. El llamamiento debían hacerlo los diputados y el justicia para resistir «a mano armada» a los ‘oficiales’ (funcionarios) violadores de la frontera. Esta ley bastaba, según algunos; pero, para otros, no consentía el alzamiento contra el rey, porque hacía de este, de su lugarteniente, del príncipe heredero y del Justicia los destinatarios de las denuncias.
Los huesos del justicia están desde el 17 de octubre 1914 en un templo del reino (hoy, de la Diputación de Zaragoza), la Real Capilla de Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal (San Cayetano) en un arca con herrajes, custodiada por la Hermandad de la Sangre de Cristo. Nada más decapitado, fue llevado con honores y a hombros de jefes militares castellanos a la tumba familiar del convento de San Francisco, destruido en los Sitios. Por un tiempo se guardaron en Madrid (Atocha) y en el Ayuntamiento de Zaragoza.
La interpretación de los hechos varió con los tiempos. Según Jesús Gascón, primero, se explicó que Aragón no era un reino traidor a su rey. Luego, se mostró al justicia como defensor de las libertades públicas, contra quienes lo consideraban paladín de privilegios de clase. En fin, llegaron las interpretaciones vinculadas al autonomismo y al nacionalismo aragonesista, hoy dominantes.
Braulio Foz, en 1850, afirmó: «Necesitamos una libertad mejor definida y más segura» que ingleses y franceses. Los fueros «son tan naturales y conformes a razón, tan próvidos para evitar la opresión y la anarquía», sobre todo los llamados ‘de firma’ y ‘de manifestación’, que, unidos al Justiciazgo, no se ha ideado «cosa más justa, conveniente, racional, prudente y necesaria; ni tan a propósito para que haya paz en los pueblos, orden en el gobierno y verdadera libertad. Sin estos tres fueros, ni los reyes eran cuales deben ser, ni los pueblos libres; ni estaremos seguros de tiranía y mengua».
El justicia F. García Vicente dice que, en 1591, «se produjo la colisión entre dos sistemas: uno absolutista y otro más respetuoso con los derechos de sus ciudadanos. Y lo cierto es que las ideas por las que murió Lanuza han prosperado. El derecho de manifestación ha sido reconocido a todos los españoles en la Constitución, en su doble manifestación de recurso de amparo y ‘habeas corpus’. Como en tantas otras cosas, en defensa de las libertades Aragón ha sido pionero. Probablemente este hecho ha marcado la historia de Aragón en los últimos siglos».
