El monumento al Justiciazgo (no al justicia) fue inaugurado en 1904, pero ya se ocupaban de él las Cortes Españolas desde 1821. Muy típico.

Fue en el trienio liberal, cuando el despótico Fernando VII hubo de transigir brevemente, entre 1820 y 1823. Luego vendría su largo desquite, fuente de amarguras para muchos españoles patriotas durante el decenio llamado ‘década ominosa’. Fernando lució su vengativo rencor y fue implacable en la represión: nada de reconciliaciones. Incluso con Palafox, su leal servidor antes de que fuera rey. En nombre de Fernando ganó su aureola de héroe de la nación en Zaragoza y Aragón frente a Bonaparte. Y por él sufrió cautiverio en Francia: cinco años preso de guerra. Ya libre, se mostró favorable a las posiciones del liberalismo templado y con eso tuvo el rey bastante para relegarlo con su aplastante dedo soberano, olvidados todos sus señalados y gravosos servicios.

Las efímeras Cortes Constitucionales tomaron ciertas decisiones sobre Aragón en 1822. Una, crear una cuarta provincia en Aragón (la de Calatayud). Otra fue una proclamación política que subrayaba la defensa de los fueros aragoneses frente a la autoridad del rey, ocurrida en 1591.

La compleja serie de sucesos se simplificó con éxito en la ‘memoria histórica’ y ha prevalecido frente a otras versiones posibles: si el ejército invasor era extranjero en Aragón, también era el ejército del rey de Aragón. El justicia, magistrado tutor de las ‘libertades’ aragonesas frente a sus quebrantamientos, fue muerto -degollado primero, para menor dolor, según el último estudio forense, y decapitado una vez cadáver- por oponerse, y con tropas.

Se puede leer en el ‘Diario de Sesiones’ de las Cortes Españolas: «Estimuladas de la justicia y anhelando honrar la memoria de Juan de Padilla y Juan de Lanuza y demás defensores principales de las libertades de Castilla y Aragón, han decretado lo siguiente». Y seguía una disposición en cuyo texto se declaraba fuesen tenidos por «beneméritos de la patria en grado heroico» tanto los tres caudillos de los comuneros castellanos -Padilla, Bravo y Maldonado, alzados en armas contra Carlos I en 1518- como Juan de Lanuza, que hizo otro tanto frente a su hijo, Felipe II (I en Aragón), en 1591.

Desmemoria histórica

Pero los aragoneses exaltados por las Cortes nacionales fueron tres, no solo uno. Los diputados sumaron al de Lanuza los nombres de otros dos «patriotas aragoneses», hoy olvidados por completo: Diego de Heredia y Juan de Luna. Personajes hoy invisibles y desconocidos, salvo por los estudiosos, aunque están a la vista de todos en la mismísima cabecera del Congreso, y en la pared de la presidencia. (Más valdrá que no pregunten a Sus Señorías quiénes fueron). Aragoneses de linajes distinguidos, cooperaron, en diverso grado, con el alzamiento. Heredia, altanero, levantisco, cruel con sus vasallos y de vida novelesca con aromas de capitán de bandidos, fue el ‘general’ (sic) de la magra caballería que Lanuza quiso oponer a la de Alonso de Vargas, el avezado militar enviado por el rey a Zaragoza al frente de tropas expertas.

Luna, más político y sesudo, tomó posiciones de las que luego quiso desdecirse, sin lograrlo. La implacable justicia de su señor, el rey, se cobró sus cabezas el 19 de octubre de 1592, tras sendos procesos. Heredia, además, padeció largo y cruel tormento judicial.

Por eso, el parlamento liberal de 1822 ordenó que, en posición equivalente a la de los comuneros castellanos, sus nombres constasen en una placa honorífica, en el cabecero del Salón de Cortes (aún no existía el edificio actual), con este expresivo texto, hoy acortado: «Juan de Lanuza - Diego de Heredia - Juan de Luna. Defensores de las libertades de Aragón». De ahí viene la que hoy puede verse... aunque no se vea.

Y, en fin, como otras veces, se dispuso algo que no se cumpliría, sino tarde y a medias: debía erigirse, en la plaza del Mercado de Zaragoza -donde los tres fueron muertos-, un monumento, «a expensas de la Nación», para honrar a estos «héroes de primer orden» (sic) como a los de Castilla, y con esta inscripción: «Restablecidos ventajosamente con la Constitución política de la Monarquía española los antiguos fueros de Aragón, a los ilustres patriotas aquí decapitados por haber salido en su defensa, Juan de Lanuza, Diego de Heredia y Juan de Luna. Proyectaron este monumento las Cortes Generales de la Nación Española de los años MDCCCXX y MDCCCXXI y lo mandaron erigir por unanimidad las de MDCCCXXII y MDCCCXXIII».

Se añadió una coda (vergonzante: preveía que el mandato no se cumpliría): «El Gobierno podrá dar permiso a cualesquiera comunidades o particulares para que erijan estos monumentos interinos (...) hasta que se edifiquen los decretados por las Cortes».

Y, así, hasta 1904... en que -discretamente- tampoco se cumplió del todo tan solemne mandato.