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Inspección de Trabajo cuadruplica sus controles en la campaña agrícola para frenar la covid
Ha realizado este año en Aragón 776 inspecciones en instalaciones y explotaciones agrícolas frente a las 173 de 2020.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha realizado en Aragón, en 2021, 776 inspecciones en instalaciones y explotaciones agrícolas frente a las 173 de 2020, lo que supone que ha cuadruplicado sus controles, con el objetivo de evitar la expansión del coronavirus.
Esta actividad ha sido posible en el marco del plan conjunto diseñado con el Gobierno de Aragón para este verano en la campaña agrícola de temporada para garantizar la aplicación de las medidas para evitar la propagación de la covid-19. En total, la Inspección ha efectuado este año en Aragón más de 13.330 inspecciones, en las que se han propuesto sanciones por importe superior a los 10,7 millones y se han liquidado 14,42 millones en cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social.
Además, los planes de choque estatales y las visitas a las empresas han permitido convertir en indefinidos 5.145 contratos de trabajo temporales realizados de forma indebida, según el balance provisional de la actividad realizada durante 2021 por la Inspección, expuesto en la última reunión de la Comisión Operativa Autonómica, el órgano de cooperación entre el Gobierno de Aragón y el Estado en esta materia. Está integrado por representantes de ambas Administraciones y presidido por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, según ha informado el Ejecutivo autonómico.
La Comisión Operativa Autonómica, encargada de fijar e impulsar los objetivos y programas de la Inspección para Aragón, ha fijado como objetivo para 2022 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la realización de 20.487 inspecciones -3.400 de ellas en Huesca, 1.675 en Teruel y 15.412 en Zaragoza-, distribuidas en 96 líneas de trabajo o campañas diferentes.
Los objetivos
Estas actuaciones se orientarán principalmente a detectar y actuar sobre los problemas que afectan de forma directa a las personas trabajadoras en un contexto de recuperación, vigilando la aplicación real de las medidas de prevención de riesgos por parte de las empresas, y detectando "tanto los supuestos de impagos de salarios, como las condiciones de trabajo precarias que reducen la protección social a la que tienen derecho", han indicado desde el Ejecutivo autonómico.
Así, centrarán la actividad la lucha contra la precariedad, el control de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las obligaciones sobre igualdad.
Asimismo, se continuará trabajando en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el trabajo no declarado -aplicando técnicas avanzadas de análisis de datos-, en la detección de entramados jurídicos cuyo objetivo es aplicar condiciones inferiores en el trabajo y en la erradicación de cualquier forma de trabajo no reconocido o de precariedad, han apuntado las citadas fuentes.
