La prestación complementaria de la DGA eleva ya la renta mínima de 700 aragoneses

El IASS reconoce que "no es significativa" la cifra de solicitudes del salario social de la Comunidad y los trabajadores sociales denuncian los casos que quedan fuera.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (i), y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (d), presentan en rueda de prensa, este lunes, distintas medidas dirigidas a mejorar la prestación del ingreso mínimo vital (IMV).
Imagen de archivo de IMV
J. J. Guillén/Efe

El salario social aragonés, la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital (Pacimv), se puso en marcha el pasado 18 octubre y, desde entonces, su implantación avanza a una doble velocidad.

Por un lado, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) está "satisfecho" por el funcionamiento del complemento a la renta nacional a la que tienen derecho todos los beneficiarios. En este tiempo la han pedido 703 hogares, que se suman a los 2.800 que ya lo cobraban a mediados de octubre. En ese momento, en Aragón se pagaban 4.707 nóminas de Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), de las que 2.800 correspondían a esta paga extra. Su cuantía oscila entre un mínimo de 52,06 euros al mes para un adulto solo a 114,5 euros para una familia con tres hijos.

La otra cara de la moneda son las solicitudes del salario social por parte de los seis colectivos que se considera quedan fuera del IMV. Aunque sin datos concretos todavía, el IASS reconoce que el número de las que se han tramitado "no es significativo".

"En estos momentos lo que está claro es que hay colectivos que se quedan fuera del IMV_y también de la prestación aragonesa porque las condiciones económicas de vulnerabilidad son las mismas. No funciona como debería", lamenta la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Aragón, Cristina Sola.

El Colegio está elaborando un listado de los casos concretos que no cumplen los requisitos pese a su situación de pobreza y exclusión social. Estos profesionales confían en que el Gobierno aragonés, tal y como ha dicho en más de una ocasión, flexibilice y amplíe los seis colectivos que no pueden acceder a la prestación del Gobierno central pero sí a la de Aragón.

Sola menciona algunas de las situaciones que más se están encontrando, como las familias con algún miembro en situación irregular, lo que les impide recibir la ayuda que les correspondería por todos; mayores de 65 años (límite de edad establecido) que perciben una pensión no contributiva muy baja; las víctimas de trata de mujeres que suelen estar en situación irregular o personas sin hogar que no disponen de un empadronamiento. También se da la situación contraria, alguien que duerme en la calle y mantiene su empadronamiento en algún domicilio.

El salario social aragonés va de un máximo de 522 euros mensuales para un adulto solo a 1.148 para dos adultos y tres menores.

Ocho millones de presupuesto

Desde el IASS se asegura que el recorrido temporal de la prestación es "muy escaso" para poder hacer ya una evaluación de la existencia de colectivos que se puedan quedar fuera. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, aseguró recientemente en las Cortes de Aragón que en función de la ley reguladora del Ingreso Mínimo Vital que se apruebe en Madrid habrá que "reajustar y adaptar" la prestación de la Comunidad.

En los presupuestos autonómicos para 2022 se contemplan ocho millones de euros para la Pacimv, cuantía "susceptible de ampliarse en función de las necesidades que deban afrontarse", dijo Broto. También se incorpora una partida de 7,5 millones del Ministerio de Inclusión para programas dirigidos a personas vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Desde el Colegio de Trabajo Social de Aragón reprochan que la prestación aragonesa ha echado a andar de una forma "algo precipitada" y con "muchas dudas" sobre su aplicación en el día a día que se están trasladando a la Administración.

Una de ellas es si sería necesario para pedir el salario social aragonés tener denegado el IMV. Desde el Gobierno aragonés aclaran que «desde el principio» no se exige, pero que si alguien pretende presentar una solicitud que clarísimamente entraría en la renta nacional se le debe informar en ese sentido. Ahora, está pendiente de constituirse la comisión de seguimiento de la prestación aragonesa complementaria.

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