Economía social, un escudo anticrisis en Aragón
La economía social, que ha resistido la pandemia manteniendo el empleo, reivindica más apoyo de las políticas públicas. Tras el congreso internacional de Teruel, pide tener voz para impulsar la transición hacia otro modelo económico.
Gota a gota, pero la economía social va calando en Aragón. Con más de 5.000 entidades que dan empleo directo a cerca de 20.000 personas y una facturación de 2.500 millones, que corresponden al 6,8% del PIB aragonés (en España el peso es ya del 10% del PIB), Teruel ha sido recientemente la capital del congreso internacional de Economía Social. Entre las principales conclusiones -tras más de 250 ponencias académicas y casos de éxito presentados por 52 países- «destaca la necesidad de seguir mejorando las políticas públicas que apuesten por este tipo de economía que pone a las personas en el centro», afirma el profesor Millán Díaz Foncea, del Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza.
«El plan de acción europeo saldrá en diciembre. España está acabando de concretar su estrategia 2021-2024 y Aragón trabaja en su propio plan de impulso de la economía social ya con una ley que está ahora en tramitación en las Cortes», recuerda este profesor de la facultad de Economía y Empresa. «Hay mucho por hacer para acompasar el crecimiento que está teniendo el llamado ‘cuarto sector’ de cara a poder cumplir con ese cambio de modelo de producción que exige la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», asegura.
En el Congreso en Teruel se ha destacado el «carácter anticíclico de la economía social, que en tiempos de crisis como esta pandemia saca músculo», recuerda Magdalena Sancho, secretaria técnica de la Asociación de Economía Social de Aragón (Cepes). En este encuentro internacional se han dado a conocer algunas de las estrategias puestas en marcha por Grupo Arcoiris, Caja Rural de Teruel, Fundación Térvalis, Oviaragón-Grupo Pastores y Cereales Teruel para afrontar la crisis. «También se ha hablado del poder de transformación que pueden ejercer los consumidores si se organizan colectivamente para defender un consumo responsable, compartido, y ecológico» poniendo algunos ejemplos, apunta Díaz Foncea, como el Mercado Social de Aragón o la Red de mercados agroecológicos del Norte de Teruel y otros proyectos que están gestándose en Zaragoza como el supermercado cooperativo A Vecinal o la cooperativa para compartir coches eléctricos ‘Eh!Co!Che! ‘, así como distintas experiencias de consumo responsable en el sector de las telecomunicaciones y el de la electricidad.
«Cada vez hay más gente concienciada de la necesidad de apostar por otro modelo económico más sostenible y respetuoso con el planeta y las personas», reconoce Paula Oliver, que junto a sus compañeras Sara Julián y Eva Yubero montaron hace seis años Recreando Estudio Creativo en Zaragoza, un taller dedicado al diseño responsable con reutilización de materiales y customización de muebles antiguos. «En 2015 nos dimos de alta como cooperativa. No fue fácil al principio. Menos mal que tienes detrás el apoyo de todas las redes de economía social y solidaria». Con carteles muy conocidos como los realizados para Pirineos Sur y varias campañas para ‘Acción contra el hambre’, y para REAS, aseguran tener que renunciar a veces a proyectos que no comulgan con sus valores. Muy comprometidas con el pequeño comercio están presentes también en distintos colegios con talleres dentro del proyecto ‘Arte y educación’ que promueve Harinera Zaragoza o ‘Unizar saludable’ para impulsar otros hábitos en el mundo del trabajo. «Con la covid tuvimos que pedir la ayuda de autónomos, pero ya estamos con el nivel de trabajo de antes de la pandemia. Hay que luchar mucho. Esto requiere de un activismo permanente», apunta Sara Julián.
Lo difícil fue arrancar
Arrancar fue lo más complicado también para la joven Cristina Sancho, que regenta desde 2017 A flama, un restaurante vegano, junto a Guillén González, Fermín Larrea y Ramón Lozano. «Éramos clientes y lo cogimos hace cinco años. Todos teníamos trabajos precarios y la fórmula de la cooperativa nos resultó muy atractiva. El primer año fue duro. Pero conseguimos una subvención al emprendimiento y poco a poco lo sacamos adelante», explica. Antes del verano abrieron otro restaurante similar en el Actur, este con terraza para no tener tantas limitaciones y ya son 13 en el equipo entre repartidores -que están en nómina «igual que los demás»- y socios cooperativistas y trabajadores, añade. «Es verdad que la economía social tiene más capacidad de resistir al no buscar tanto el beneficio sino aguantar entre todos», confiesa, convencida de que «los espacios de economía social generan lazos que en otro tipo de empresas no se dan, y eso hace que la concepción del trabajo y del dinero sea otra».
«Empecé en 2001 y aquí sigo», explica Chema Marzo, al frente del Birosta. «Al principio éramos cuatro personas, Patricia Gómez, Silvia Ortega y Pablo Noailles, pero de los veteranos solo quedo yo». Recuerda que venían de los movimientos sociales y buscaban un proyecto de autoempleo que fuera respetuoso con el medio ambiente y montaron este restaurante vegetariano.
Personas y beneficio
«En la parte alta de la pirámide del proyecto pusimos a las personas antes que el beneficio». Recuerda que lo abrieron con ayuda de familiares y gracias a 657 préstamos solidarios de toda la red de economía social. Las decisiones se tomaban en asamblea y desde el principio han trabajado con agricultores de cercanía y productos ecológicos. «Todos los empleados, ahora 12 personas, cobramos lo mismo». Aunque dice que con la pandemia se han resentido como toda la hostelería, confía en salir adelante «con la ayuda de los clientes, muy fieles». Sí, reconoce que en las crisis la gente se aferra más a proyectos de economía social, pero «crecería más si hubiera un apoyo real por parte de la Administración y la sociedad».
«Nuestro sector, el de la bicicleta, está ganando terreno y 15 años después somos los mismos, un poco más viejos», reconoce Arturo Sancho, que junto a Perico Ruiz, Chabi Cañada, Daniel Arnao, Nacho Sancho y Mercedes Cruz crearon La Ciclería, que en primavera del año que viene cumplirá su quince aniversario. «Somos 11 personas, un socio se va a ir, pero se incorporan seis más. Tuvimos que aplicar un ERTE por la pandemia, pero ya en julio no había nadie en esta situación». Es verdad, afirma que «la economía social es más resiliente, aguanta mejor las crisis y vemos como poco a poco esa conciencia de que cada vez se hace más necesario otro sistema económico aumenta».
Magdalena Sancho, de Cepes Aragón, subraya que en el Congreso se hizo hincapié en que «se debe facilitar el acceso a la contratación pública de las entidades de economía social a través de reserva de contratos e incorporar más cláusulas sociales». En las distintas crisis, recuerda, «la economía social ha demostrado su capacidad de mantenimiento del empleo» y reivindica «situarla en la agenda pública y darle voz ante los organismos correspondientes». Es necesario, dice, «fortalecer su presencia en los órganos de participación institucional e incorporarla al Consejo Económico y Social de Aragón».
La necesidad, dice, agudizada por la covid, de «caminar hacia otro modelo económico más comprometido con el medio ambiente y que trabaje por y para las personas» se traduce en la diversidad de iniciativas que están surgiendo tanto en vivienda colaborativa sénior con el proyecto ‘Somos Cuidados Comunes’, en el que envejecer con dignidad y autogestión, como en renovables con el plan desarrollo de la comunidad energética de Luco de Jiloca. Destaca asimismo el proyecto que Cooperativas Agroalimentarias de Aragón ha presentado a los fondos Next Generation para convertir las estaciones de servicio ubicadas en territorio rural en electrolineras. «Adecuadamente apoyado», concluye Magdalena Sancho, podría extenderse a todo el Estado.
