El número de trabajadores de las residencias de Aragón que rechazan vacunarse va a la baja y se sitúa en el 6%
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha vuelto a instar a los empleados de los geriátricos a inmunizarse.
Las vacunas han cambiado radicalmente el escenario de los brotes en las residencias en esta sexta oleada. La acogida de la inmunización es mayoritaria, pero hay una pequeña parte de empleados que sigue rechazando el pinchazo. El número de profesionales que se niegan va a la baja en Aragón y en los últimos meses ha descendido del 10,4% que se manejaba el pasado abril a un 6%, según el dato actualizado dado a conocer ayer por el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno aragonés. Así, de los 13.257 trabajadores que hay en estos centros asistenciales son unas 795 personas las que por ahora no se han inoculado.
No hay una cifra a nivel nacional de cuántos empleados rechazan la vacuna, sino que son las comunidades autónomas las que manejan estos datos. Con este 6%, la situación de Aragón es similar a la de otros territorios como Murcia y Cataluña, en los que el rechazo se fija en un 5,8% y 7,8% respectivamente. Mientras, en Valencia lo sitúan en un 4,7% y en Andalucía es del 2,7%.
Hay comunidades como Murcia o Andalucía que ya se han mostrado a favor de imponer la vacunación obligatoria para este colectivo. Mientras, el Gobierno aragonés ha reiterado en varias ocasiones que, al igual que el Ministerio de Sanidad, es reacio a imponerla y no se lo plantea.
Antígenos cada 72 horas
De momento, ese 6% del personal de las residencias que no se vacuna por decisión propia tiene que pagarse de su bolsillo el coste de un test de antígenos cada tres días, con el objetivo de demostrar que es negativo y así minimizar el riesgo de introducir el virus dentro del centro en el que desarrollan su labor. Una medida establecida el pasado 23 de julio que ha podido contribuir al aumento de trabajadores que han decidido inocularse. En el caso de los profesionales que no han completado la pauta por motivos de salud o porque han pasado el coronavirus y no han transcurrido los seis meses que se requieren, es la empresa la que tiene que asumir el coste de la prueba.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, volvió a instar este lunes a los empleados de las residencias a inmunizarse, a no ser que no puedan hacerlo "por una situación de salud o un problema médico". "Desde el punto de vista ético, personal, laboral y ciudadano deben vacunarse", aseguró.
