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La Guardia Civil informa al juez que el líder saharaui entró por la Base Aérea y con pasaporte diplomático

El Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza pedirá información a las autoridades militares sobre la llegada de Brahim Gali 

Brahim Gali, secretario general del Frente Polisario.
Brahim Gali, secretario general del Frente Polisario.
FP/EP

La Guardia Civil ha comunicado al juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, que el líder del Frente Polisario Brahim Gali entró por la Base aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril con un pasaporte diplomático.

Esta aportación es clave para explicar que no tuviera que atravesar el control que existe en el aeropuerto civil para todos los viajeros extranjeros y también arroja luz sobre el hecho de que una ambulancia pudiera acceder a la zona militar para poder trasladarlo al Hospital de San Pedro de Logroño, donde llegó a las 22.48 de ese mismo día, en situación de extrema gravedad por la covid-19.

Fuentes jurídicas señalaron ayer a HERALDO que tras haber recibido esta información el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, por la denuncia presentada el pasado viernes por el abogado Antonio Urdiales, el juez solicitará a las autoridades militares que expliquen cómo se produjo la llegada del líder saharaui.

La contestación de la Guardia Civil no ha precisado si el pasaporte diplomático de Brahim Gali es de origen argelino o bien de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), aunque en medios del Frente Polisario consideran que es su presidente y es tratado como un diplomático.

Por su parte, el abogado Antonio Urdiales, que amplió ayer la denuncia, manifestó que el pasaporte diplomático como jefe de Estado del Frente Saharaui «no es un documento de viaje válido ni eficaz y por tanto admisible en ningún procedimiento administrativo o judicial». Agregó que España no puede aceptar el llamado «pasaporte diplomático» de la RASDporque en la Unión Europea no está reconocida como tal (en la Unión Africana, sí).

Fuentes cercanas al caso confirmaron que una ambulancia remitida por el Servicio Público de Salud del Gobierno de La Rioja a la Base Aérea recogió al líder saharaui, a una mujer y al médico argelino Mohamed Seghir Nekkache, para trasladarlos a Logroño. El Gobierno de Aragón negó que realizaran el traslado, en contra de lo que había informado la Policía al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.

Ampliación de la denuncia 

Esta información de la Guardia Civil enviada al juez llega el mismo día que el abogado Antonio Urdiales amplió la denuncia para facilitar información sobre los «indicios» que existen sobre un «acuerdo previo» entre los gobiernos de Argelia y España para facilitar el traslado de Gali. El líder saharaui aterrizó en un avión medicalizado de la Presidencia del Gobierno de Argel, a primeras horas de la noche a la instalación aragonesa. Fuentes saharauis explicaron que cuando fue hospitalizado sí se usó una identidad falsa por «motivos de seguridad».

El letrado malagueño, casado con una marroquí que se considera perjudicado por el conflicto abierto entre España y Marruecos, precisó que la «noticia criminis» de la polémica llegada del líder saharaui fue facilitada por el Gobierno de Marruecos, al parecer «tras haber recibido información de los servicios secretos franceses». En cualquier caso, añadió, esta información no llegó «por voluntad del Gobierno español» que lo mantuvo «en un absoluto secreto».

Acuerdos de España y Argelia 

Entre sus documentos que aporta al juzgado también ha incluido información sobre los acuerdos entre España y Argelia con empresas gasísticas. Además, menciona la reciente primera visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país del Magreb hace unos días, en la que iba acompañado por varias empresas interesadas en negocios en ese país.

Asimismo, Urdiales incide que el Gobierno español conocía la situación procesal de la causa abierta contra Gali sobre genocidio en la Audiencia Nacional, por la que declaró el pasado 1 de junio, el mismo día que regresó a Argelia en avión. Por este motivo, el letrado recalcó que las autoridades españolas, como sí hizo la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, no podían invocar «la ayuda humanitaria» como una causa de exención de su responsabilidad penal.

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