Un juez de Zaragoza investiga la entrada a España por la base aérea del líder del Frente Polisario
Da a la Guardia Civil un plazo de cinco días para que aporte información sobre quién viajaba con Brahim Gali y quién autorizó su entrada en España, que desembocó en una crisis diplomática con Marruecos.
El titular del juzgado número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha abierto una investigación penal sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que aterrizó en la Base militar de la capital aragonesa el pasado 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argelia y que fue trasladado después a un hospital de Logroño para ser tratado del coronavirus. Su llegada a España abrió una importante crisis diplomática con Marruecos, que acusó al Gobierno español de no haberle informado con carácter previo.
El magistrado-juez Rafael Lasala firmó el pasado 31 de mayo un auto en el que se incoan diligencias previas ante la denuncia del abogado Antonio Urdiales Gálvez por posible falsificación, prevaricación y encubrimiento. El juez pretende conocer cómo entró el responsable de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por la Base de Zaragoza, para después viajar al hospital de Logroño.
El juez solicita a la Guardia Civil del aeropuerto que le informe en los próximos cinco días sobre qué personas iban en el avión procedente de Argelia la tarde del pasado 18 de marzo, sobre las 19.30, en el que supuestamente viajaba el dirigente del Frente Polisario Brahim Gali. Asimismo, requiere que le informen sobre los documentos de viaje que portaban, con expresión de los visados que llevaban, y demás circunstancias que determinaron que pudieran entrar en el territorio nacional. El magistrado fija cinco días para interponer recurso de apelación.
Viaje de salud, no diplomático
Antonio Urdiales, el abogado que puso la denuncia, explicó ayer a este periódico que su voluntad es que se aclare bajo qué condiciones entró Gali en España. "Si fuera un viaje diplomático no era necesario un visado. En este caso se trataba de un motivo de salud y por eso necesitaba tener un visado de frontera, que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ese motivo lo he solicitado, para que se conozca", detalló el letrado malagueño, que puso la denuncia en varios juzgados.
Urdiales agregó que con la denuncia pretende que se aclare el motivo por el que las autoridades españolas ocultaron la entrada del líder de Frente Polisario en España a través de la Base Aérea de Zaragoza utilizando una identidad falsa. En su opinión, se trataba de "una maniobra subrepticia" para llegar hasta el Hospital de San Pedro de Logroño sin que se conociera públicamente su presencia en España. Además, incidió en que Brahim Gali está procesado por un delito de genocidio en la Audiencia Nacional, aunque tras prestar declaración el pasado martes el juez Santiago Pedraz no le impidió su salida de nuevo a Argelia.
Pasaporte auténtico o falso
El contenido de la denuncia considera que la manera de entrar el líder saharaui a España solo puede responder a dos hipótesis: "O bien el denunciado Brahim Gali entró con el pasaporte auténtico o bien lo hizo con uno falso", señaló. "En el primer caso nos encontraríamos ante un presunto de delito de prevaricación y encubrimiento, ya que expedir un visado de cortesía a un ciudadano extranjero con tales antecedentes supera todos los cánones y se convierte en una resolución manifiestamente injusta y dictada a sabiendas, en concurso real con un encubrimiento", detalló el abogado.
En el caso de haber recurrido a una "identidad falsa", tal y como admitieron por las autoridades saharauis -se reconoció a Gali como Mohamed Banboutouche-, "es aun más grave, por cuando entraña un concierto entre el denunciado y las autoridades consulares o aduaneras de imposible justificación".
La denuncia precisa que las autoridades españolas fueron las que pudieron cometer los presuntos delitos de falsificación y uso de pasaporte falso, de prevaricación y el de encubrimiento en sus gestiones en el aeropuerto de Zaragoza aquella tarde del 18 de abril, cuando llegó el avión desde Argelia.
"Los hechos que denuncio, de los que las autoridades gubernamentales se niegan a informar, quebrantan las bases de un Estado de derecho, con graves perjuicios a la credibilidad de las instituciones del reino de España. Pero también afectan a ciudadanos como el que suscribe, que se ven directamente perjudicados en sus relaciones con familiares residentes en Marruecos por las actividades claramente delictivas de algunos funcionarios de este Gobierno", sostiene el letrado malagueño en la denuncia presentada el pasado martes en el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza.
Antonio Urdiales acusa a las autoridades del Gobierno español de haber adoptado una actitud que nos deja como "repúblicas bananeras". En el caso de Gali cree que es muy grave, porque tiene abiertos dos procedimientos en el Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de genocidio y torturas, entre otros.
