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Una coraza a prueba de balas en las instituciones aragonesas

La DGA, que escanea más de 400 envíos mensuales dirigidos al presidente o su Ejecutivo, intenta frenar amenazas como las recibidas por altos cargos nacionales.

Un código de colores dispara las alertas en Correos.
Un código de colores dispara las alertas en Correos.
HERALDO

Seis amenazas en forma de carta dirigidas a altos cargos nacionales y acompañadas de objetos intimidantes como balas o incluso una navaja han puesto esta semana el foco mediático sobre los filtros de seguridad de las instituciones públicas. Todos los casos se han registrado en Madrid. Pero, ¿está preparada la administración aragonesa para repeler este tipo de ataques? ¿Se han producido alguna vez? La DGA y otras sedes ejecutivas hablan de una coraza sólida, pero lo cierto es que alguna bala, en alguna ocasión puntual, también la ha atravesado.

El Gobierno aragonés confía a la Policía Adscrita la supervisión de cualquier envío dirigido al presidente Javier Lambán, al vicepresidente Arturo Aliaga o a cualquiera de los consejeros autonómicos. Sus agentes filtran también la correspondencia de algún cargo sensible, como puede ser la directora general de Interior y Protección Civil. Y lo hacen porque fue precisamente a su antecesora a la que en octubre de 2016 le llegó una bala al despacho.

Según fuentes de la DGA, afortunadamente fue algo aislado y no se ha vuelto a repetir. Solo en lo que va de año, se han controlado 1.557 paquetes y cartas, a las que siempre se estampa un sello de seguridad. «Es un trabajo que exige mucha responsabilidad», recuerdan. En cuanto a la parte tecnológica, precisan que todos los aparatos se someten a revisiones trimestrales.

La Diputación de Zaragoza cuenta también con dos escáneres para este cometido. «Es cierto que la desaparición de ETA y otras organizaciones terroristas ha rebajado la tensión. Pero cada vez se recibe más paquetería individual, no de Correos, sino de otras plataformas de reparto, y hay que mantener la guardia alta», indican desde el ente.

Uno de los empleados de seguridad más veteranos de la institución recuerda haber tenido que avisar alguna vez a los Tedax, «pero fue hace tiempo y todas fueron falsas alarmas», apunta. Los arcos de seguridad de los accesos al edificio de la plaza de España generan más situaciones curiosas. «Los pastilleros metálicos nos dan de vez en cuando algún susto. Y alguna vez nos ha ocurrido también que la máquina le ha pitado a alguna persona mayor que sorprendida nos ha dicho, ‘¿Cómo no sea por esto?’ Para sacar a continuación una navaja del bolsillo», explicaba el empleado.

El Ayuntamiento de Zaragoza escanea «todos y cada uno» de los sobres que recibe, según indicaron fuentes municipales, que prefirieron no aportar ejemplos para «no dar publicidad a quien no la merece», dijeron, sin querer profundizar más en el tema.

Pero los protocolos que frenan este tipo de correspondencia comienzan antes. Cada paquete, cada carta que se deposita sobre la mesa de un representante público ha desfilado por varias manos y ante no menos ojos. No hay resquicio para la sorpresa. De ello se encargan los funcionarios de distintas administraciones y de Correos, así como el personal de las empresas de seguridad autorizadas, que a diario escudriñan decenas de sobres y bultos con destino a las instituciones.

Paquetes ‘trampa’ de prueba

La primera frontera la levantan los 18 centros de tratamiento automatizado (CTA) de Correos, como el de la Ciudad del Transporte de Zaragoza, que vigila la correspondencia de Aragón, Navarra y Soria. En él se escanean todos los paquetes, sea quien sea el destinatario, y los sobres que pesan de 100 gramos en adelante. «Los trabajadores públicos son los encargados de poner los paquetes en la cinta, pero no son ellos los que miran el escáner. De eso se encargan los empleados de la empresa de seguridad subcontratada», explica un trabajador del servicio. Los ‘observadores’ disponen de unos 4 segundos para ojear cada bulto y un apoyo visual: si hay un objeto de metal, se refleja de color azul. Si hay materia orgánica, la tonalidad será naranja. Es el empleado de la contrata quien trasladará al responsable del CTA cualquier sospecha, mientras que este avisará a la Policía. Para comprobar que no hay fallas en el sistema, Correos envía varios paquetes ‘trampa’ a lo largo del año.

Desde Csif, uno de los sindicatos mayoritarios, consideran que para manejar los escáneres es necesaria «más formación que el actual cursillo de 10 horas» y que se debe «actualizar» la maquinaria. Asimismo, lamentan que se haya «atacado directamente» al trabajador, «antes de que concluyese cualquier investigación».

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Los psicólogos relativizan el efecto llamada

Sobre la pertinencia de airear las amenazas en las redes sociales por su posible efecto llamada hay dos corrientes de opinión. La psicóloga Lola Sobrino, responsable de intervención psicosocial de la asociación aragonesa Asapme, considera que «es más correcto hablar de influencia en la conducta de algunas personas». Sin embargo, la experta sostiene que «esta influencia, como hemos visto en este caso, es limitada». Asimismo, Sobrino pide que «no se estigmatice» a las personas con enfermedades mentales. «El porcentaje de personas con patologías que son agresivas es inferior al de la población general», arguye. «Estos días se ha aireado la presunta enfermedad del autor, atentando contra su derecho a la intimidad. Y se ha estigmatizado –incide– a un colectivo introduciendo la enfermedad en los titulares. ¿O se destacaría del autor que es diabético».

«Cuando abrí el sobre y vi dentro el proyectil me quedé paralizada»

Las recientes amenazas recibidas por distintos altos cargos han revivido a la actual directora de Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, la «nada agradable» experiencia con la que tuvo que lidiar hace ya cinco años. Como le ha ocurrido ahora a los ministros de Industria e Interior e incluso al expresidente del Gobierno central José Luis Rodríguez Zapatero, Júlvez recibió un envío anónimo con un cartucho de bala completo. «Cuando abrí el sobre y vi dentro el proyectil me quedé paralizada», confesaba esta semana.

Los hechos se produjeron el 14 de octubre de 2016, cuando la directora general también era responsable de Interior. Como cada día, su secretaria se disponía a abrir el correo cuando le llamó la atención el sello de una carta bastante abultada. Al abrirla, comprobó que contenía cinco folios en blanco doblados por la mitad que protegían a su vez el escrito donde insultaban y amenazaban de muerte a Júlvez. Como haría constar después la directora general en la denuncia que presentó ante la Policía Nacional, «en la parte inferior derecha de la página, pegado con celo, había un cartucho completo».

El envío pasó los filtros de seguridad del edificio Pignatelli, sede de la DGA, y llegó a manos de la destinataria. «Por supuesto, ni me había pasado nunca antes ni sabía de otros compañeros a los que les hubiera ocurrido algo parecido, por lo que me asusté bastante», recordaba Júlvez. «Me consta que todos los paquetes y sobres se revisan, antes y ahora, pero supongo que al ir envuelto de esta manera y ser algo tan pequeño, el proyectil se coló», apuntaba.

Como responsable de Interior que era, María Ángeles Júlvez informó inmediatamente de lo sucedido a la Policía Adscrita, que recogió el sobre y le aconsejó sobre cómo proceder.Se intentó, pero nunca se llegó a identificar al autor de las amenazas. Afortunadamente, parece que nadie después ha vuelto a pasar el mal trago en la sede del Ejecutivo regional.

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