Día del Trabajo, en primera persona: "Con 57 años, ¿a dónde vas a ir? Pero peor lo van a tener los jóvenes"
Mujeres, jóvenes, parados de larga duración y trabajadores de sectores afectados por las restricciones constituyen los colectivos más castigados en Aragón.
La crisis económica generada por la pandemia ha elevado la tasa de desempleo en Aragón al 12,10%. Con 78.000 personas en paro, a los que habría que sumar a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el escenario laboral en la Comunidad no está para echar cohetes.
La covid-19, además, ha ahondado en una desigualdad social marcada por quienes cuentan con empleos precarios y quienes entran y salen de empresas por la crisis. Mujeres, jóvenes, parados de larga duración y trabajadores de sectores afectados por las restricciones constituyen los colectivos más castigados.
Aquí hablan representantes de estos, así como empleados de Ferroatlántica, empresa de Monzón que prevé recortar 63 puestos de trabajo.
Miguel Luzón, trabajador de la construcción, lleva dos años en paro
Siempre ha trabajado en la construcción. "Desde los 16 años", recuerda Miguel Luzón. "Empecé con mi padre, que también era albañil". Y asegura que la vida laboral en este "oficio tan duro" no le había tratado mal hasta estos dos últimos años, cuando una lesión en la espalda, que le afecta a cervicales y lumbares, le llevara a tener que cogerse la baja y dos días después le despidieran. "Es algo que la reforma laboral permite", recuerda.
Tras encadenar contratos de meses con bajas sucesivas por mareos y dolores, se ha visto abocado a la solicitud de invalidez. Tiene el juicio en junio. "Con 57 años ¿a dónde vas a ir?, ¿quién te va a dar trabajo? Pero peor lo van a tener los jóvenes con un mercado laboral tan precario".
En su caso, dice, sobrevive gracias a que su mujer trabaja. "Si no, tendría que haberme puesto a pedir o a vender la casa, porque todo lo que ingreso es la ayuda de 426 euros que antes concedían a los mayores de 55 años y ahora han adelantado a los de 52" para desempleados de larga duración. El paro, confiesa, se le acabó. "Se va consumiendo y luego, con esta crisis, apenas te dan trabajo de uno o dos meses y ya no generas prestación". Le preocupa también la jubilación. "Estos últimos años de trabajo han sido los peores de cotización. Así que a ver lo que me queda".
Luzón no entiende como desde el Gobierno están planteando incentivar a los que se jubilen más allá de los 67 años. "No conozco a ningún trabajador de la construcción que aguante más de los 63. No tiene sentido que quieran alargar la vida laboral en estos trabajos en lugar de dar una oportunidad a los que empiezan". A este paso, los jóvenes, que han pasado ya por dos crisis, "no van a poder trabajar nunca y menos tener una estabilidad". Tendría más sentido, dice, "favorecer que los mayores se puedan ir retirando y dejen paso".
Para favorecer el acceso de los jóvenes al mercado laboral, resucitaría el sistema de los aprendices o de la Formación Profesional dual, "que vayan cobrando aunque sea poco mientras alguien se ocupa de enseñarles".
A él, reconoce, afortunadamente "le queda poco de vida laboral" y gracias a lo que tiene podrá salir a flote, pero insiste, "los jóvenes van a sufrir lo que no está escrito". En su caso, no tiene hijos pero sí sobrinos, y ve el panorama "muy negro porque las empresas no están contratando y con la pandemia, mucha gente va a perder sus puestos de trabajo".
Sobre si confía en que le concedan la invalidez, asegura que "con los recortes de estos últimos años casi hay que estar muerto para que te la den", pero espera que así sea porque con la espalda como la tiene, asegura no estar para hacer el esfuerzo físico que requiere a diario la obra.
En la celebración del Primero de Mayo, pide la derogación de la reforma laboral y la subida de los salarios porque "hay muchos por debajo de los mil euros que no permiten vivir". "Gracias a que están los sindicatos", afirma, porque si no las condiciones de trabajo serían como en los años cincuenta". Del momento actual, lo que menos le gusta es "la desunión entre trabajadores y que hacer huelga parezca un delito".
Raquel Charles, graduada en Trabajo Social, prepara oposiciones
Raquel Charles tiene 23 años. Hace solo uno que terminó la carrera de Trabajo Social y se considera afortunada porque ya ha tenido empleo en uno de los centros covid de Cruz Roja. "Me contrataron el año pasado hasta febrero. Ahora estoy en el paro pero esperando que me salga pronto otra cosa", asegura. Mientras estudiaba ya trabajó para el ayuntamiento de Aladrén gracias al proyecto ‘Desafío’ o el ‘Erasmus rural’, como se conoce, que facilita que estudiantes universitarios hagan prácticas en empresas, instituciones y asociaciones de municipios zaragozanos para que su talento llegue al medio rural.
Lo que más le molesta, comenta, a la hora de buscar trabajo es que "siempre te pidan experiencia, cuando deberían aprovecharse de que los jóvenes somos libros abiertos y nos pueden formar y moldear para el puesto frente a otras personas veteranas que seguramente ya tienen métodos ya adquiridos".
Esta joven considera que "muchas empresas no saben valorar los conocimientos aprendidos en la carrera ni tampoco las ganas de aprender, y que por no perder tiempo en enseñar rechazan a muchos candidatos de su edad". A su juicio, en la carrera "harían falta muchas más prácticas; solo te permiten hacerlas en el último curso y apenas tocas un colectivo cuando deberías verlos todos". Ayuntamientos, empresas o fundaciones, reivindica, deberían abrir más la puerta a los estudiantes para que "pudiéramos aplicar más la teoría" y luego les resultase más fácil encontrar empleo.
Consciente de que la crisis sanitaria y económica actual resta muchas oportunidades, no deja de buscar trabajo, pero a la vez se está preparando las oposiciones para las plazas de trabajo social que ha convocado el Ayuntamiento de Zaragoza. "Lo que tengo claro es que no quiero irme fuera de España a buscar trabajo. No me importa en unos años tener que desplazarme al medio rural a trabajar si hay oportunidades, pero no al extranjero", reconoce. Las salidas, no obstante, dependen mucho de lo que estudies, explica. "A las enfermeras las llaman de todas partes, por ejemplo". Lo que está difícil para todos, admite, es emanciparse. "Como mucho te llega para compartir un piso y de alquiler. Desde luego no ayuda enganchar un contrato tras otro ni alargar los periodos de prueba que es lo que les pasa a la mayoría de sus compañeros". En su caso, ni se lo ha planteado. Vive con sus padres y mientras no tenga algo de estabilidad laboral, dice, seguirá así.
Tampoco descarta emprender y poner en marcha algún proyecto propio en el medio rural con ayuda de alguna subvención. "No me importaría", reconoce, pero piensa que antes es mejor curtirse. "No te puedes lanzar así como así. Necesitas mucho conocimiento previo del entorno, de si va a funcionar y sobre todo recursos económicos".
Por ahora, en clases "on line" Charles se aplica a prepararse la oposición, convencida de que formarse y estudiar es la mejor salida para encontrar un hueco en un mercado laboral muy castigado por la pandemia.
Esteban Alconchel, operario de taller y de producción en Ferroatlántica
La crisis que planea sobre la histórica Hidro Nitro Española -actual Ferroatlántica del Cinca- se concibe como un problema que afecta a 63 familias de la comarca y provincia, pero también como un daño colateral de dimensiones insondables en el tejido económico. Es la conclusión que esbozan los trabajadores de la siderometalúrgica con más de 70 años en Monzón y que supuso la reindustrialización de la capital del Cinca Medio.
"Queremos salvar nuestros puestos de trabajo. No somos números, somos muchas familias y personas. Hemos dado mucha riqueza al empresario porque aquí en Monzón la industria ha sido prioritaria, y ahora de golpe y porrazo nos dicen que no somos rentables. Monzón por su ubicación, por las comunicaciones, es rentable. Ya nos la jugaron con la venta de las centrales hidroeléctricas, y ya vale de tantos engaños. Este pueblo merece algo más", afirma Esteban Alconchel, de Almunia de San Juan, casado y con dos hijos, con la emoción que da ver peligrar un puesto de trabajo al que ha entregado 22 años como operario en taller y en producción.
Otro veterano, el montisonense José Luis Fumanal, con también 22 años en la empresa, lamenta que una firma "referente en Monzón se la dejen llevar de las manos". Fumanal, también con la voz rasgada por la preocupación, teme por la "incertidumbre" generada y por el futuro laboral "complicado con estas edades" (tiene 52 años). "La fábrica que es viable, aunque se han empeñado en que no lo sea, eso no se puede consentir. Ferroatlántica podría tirar para adelante si quisieran", opina.
Carlos Baila, con trece años en la antigua Hidro y pese a haber visto varias crisis laborales, sospecha que el interés de Ferroglobe persigue "algo oscuro", en alusión a una posible venta o cierre. "La situación está mal. El que ha hecho la estrategia para esta fábrica no ha pensado en Monzón. Sus números no coinciden con los nuestros ni con la demanda del mercado, donde está habiendo muchos pedidos más que el año pasado. No es momento de echar a la gente, hay que hacer reparaciones e invertir porque puede haber carga de trabajo. Pero la empresa se ha inventado unos costes para justificar este ERE", señala este montisonense, casado y con dos hijos, que critica que el presidente del grupo, Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, "se dedique más a ir a los juzgados a solventar sus problemas que hacer lo que tiene que hacer que es producir, lo que ha venido haciendo esta fábrica desde hace 70 años. No hay una apuesta por nosotros, y sí por Galicia y Santander”.
Desde Huesca acude a diario a Monzón desde hace diez años el cubano Jordan Benítez, casado y con tres hijos: "Es un dolor que después de tantos años trabajando y sacando la empresa adelante nos quieran dejar en la calle sin trabajo y con la familia sufriendo. Tal y como está la situación no tenemos otro sitio donde ir. Nos gustaría que la empresa nos diera una oportunidad laboral y reconsiderara lo que está haciendo".
Pilar Atienza ha tenido que cerrar su gimnasio para mujeres en Teruel
Pilar Atienza rehúsa fotografiarse para esta entrevista junto a su gimnasio ‘Curves’, en Teruel, al que echó la llave para siempre el pasado 31 de marzo, después de 9 años de exitoso funcionamiento. Los intermitentes cierres en un tiempo marcado por la pandemia, que ha hecho que este centro de ejercicio físico haya estado inactivo 6 meses en un año, hicieron caer en picado el número de clientes. El coste emocional de esta decisión ha sido para ella de tal calibre que se niega, incluso, a pasar por delante de los restos del naufragio del proyecto laboral de su vida y prefiere dar un rodeo antes que reencontrarse con la fachada de su malogrado negocio.
Pero hay más. El cierre ha supuesto la destrucción de 5 puestos de trabajo, el suyo y el de sus 4 trabajadoras. También se ha ido al garete la inversión que tuvo que realizar para poner en marcha el gimnasio, el único en Teruel específico para mujeres, y que todavía no ha amortizado.
Sostiene que sus socias se han ido, desconcertadas, "al no ver una situación clara" y ello debido a que "el Gobierno ha estado dando palos de ciego en la gestión de la pandemia, lo que ha socavado la confianza de la gente". Añade que se ha creado "una mala imagen" de los gimnasios, al vincular "injustamente" la subida de casos de covid con su funcionamiento. "La gente tenía miedo y se daba de baja", afirma.
Recuerda que ‘Curves’ abrió en 2012, alcanzando pronto las 365 socias. En marzo de 2020, al decretarse el confinamiento domiciliario, Pilar optó por cerrar, pensando que la situación pandémica mejoraría en unas semanas, pero no fue así y muchas clientas cancelaron su suscripción. En junio de ese año, Pilar reabrió el negocio pese al bajón de socias, pero en noviembre, el Gobierno ordenó el cierre de los gimnasios.
"Mi teléfono echaba humo. La gente se daba de baja", relata. El 15 de diciembre fue permitida la reapertura de los gimnasios, pero la dicha solo duró hasta el 27 de enero de 2021, cuando de nuevo se decretó la clausura. Pilar levantó la persiana otra vez el pasado 5 de marzo, pero solo le quedaban 70 clientas. Ese día se borraron 8, lo que le causó un ataque de ansiedad. Poco después, con apenas 50 mujeres, cerraba definitivamente su empresa al ser "insostenible".
Cuenta que el gimnasio era su vida, al celebrar como propias las historias de éxito de sus socias, mujeres de todas las edades -una de ellas de 82 años- que acudían, no solo por mejorar su imagen, sino, en la mayoría de los casos, por salud. "He tenido chicas que han perdido 25 kilos, trabajadoras de la limpieza que se han curado de la espalda y gente con muchas horas de ordenador que han mejorado su estado físico", recuerda.
Muy triste por el final de su proyecto, subraya que ella, por su parte, adoptó todas las medidas de higiene posibles. "Sufrí una lesión en el codo de tanto darle al espray desinfectante y gasté 4.000 euros en una máquina de ozono", explica. Pero Pilar no se hunde. Se seca las lágrimas y dice con firmeza que saldrá de esta, como ha hecho siempre. "He perdido mi negocio, pero tengo alma emprendedora, heredada de mi padre; algo se me ocurrirá para seguir adelante".
