La agenda del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, tiene que estar echando humo. Los asuntos que tiene que atender como máximo responsable de la política agraria de la Comunidad son muchos y variados. Algunos los ha provocado la complicada situación sanitaria. Otros llegan desde los despachos de los Ministerios de Agricultura y Transición Ecológica. Y con otros, todo el sector (y con él el consejero) siente en la nuca el aliento de Bruselas, porque la Unión Europea ya está metiendo prisas para que los estados miembros tengan diseñado lo antes posible su Plan Estratégico Nacional para aplicar la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC).

De todo ello y del trabajo realizado por la consejería para defender el modelo de agricultura familiar o acompañar a las empresas en la presentación de innovadores proyectos que abran las puertas de acceso a los fondos europeos para la recuperación habla en esta entrevista el consejero Olona, que no oculta su preocupación, pero insiste en que, sobre todo, lo que está es "ocupado".

Es lo que responde cuando se le pregunta por la próxima campaña frutícola. Pero, antes de recordar que se ha trabajado con anticipación -en colaboración con cinco consejerías, organizaciones agrarias y cooperativas- para evitar que la recolección se convierta en un foco de contagios de covid-19 como sucedió el pasado año, insiste en que la fruta todavía no está en el árbol, que la recolección no es inminente "como se está diciendo desde hace un mes" y que el grueso de la campaña no llegará hasta mediados de junio.

A Olona también le ocupa la próxima PAC. Fue el consejero aragonés el primero en abrir las bilaterales organizadas por el ministro Luis Planas y su sensación no fue precisamente de satisfacción. El titular del ministerio del ramo le trasladó su intención de alcanzar "un gran acuerdo nacional" en torno al Plan Estratégico. Pero Olona no oculta sus dudas. "Estoy preocupado, lo veo difícil", señala el consejero, consciente de las grandes discrepancias que se sientan en torno a la mesa de negociación del Ministerio. Y teme que no llegar a este consenso suponga una "contrarreforma" para que nada cambie.

Francisco Jiménez

En unos días comienza la campaña frutícola, ¿está preocupado?

Más que en unos días, la campaña comienza en unos meses, porque no será hasta el 15 de junio cuando empiece el grueso de la recolección. No niego que tenga cierta preocupación porque no es fácil de organizar ni de controlar por la dispersión que tiene el sector, pero hemos tomado medidas de una manera muy anticipada para evitar que ocurra lo que sucedió el pasado año.

Hay voces en el sector que dicen que son las mismas armas que las del año pasado. ¿Será suficiente?

No son las mismas herramientas ni mucho menos. Este año en febrero ya habíamos publicado la orden con la obligatoriedad de la declaración responsable y tenemos los datos y todo el trabajo de planificación que en la pasada campaña no pudimos hacer. Eso marca una diferencia enorme. Además, la anticipación nos ha permitido hacer un trabajo de sensibilización con el sector y todo eso nos sitúa en un escenario muy diferente.

¿Cómo va el proceso sancionador abierto a los que no han presentado la declaración responsable?

Está en marcha, pero hay que tener en cuenta que hay una legislación muy garantista, que es una ventaja y una protección para los ciudadanos, pero tiene el inconveniente de que no permite actuar con la rapidez que a mí me gustaría. Eso sí, que nadie tenga la percepción de que no pasa nada porque se equivoca, que sea lento no quiere decir que no sea.

Aragón está cerrado perimetralmente, la campaña no ha comenzado y los temporeros tienen que justificar con un contrato sus desplazamientos. Entonces ¿cómo han llegado ya esos trabajadores temporales a las zonas recolectoras más tempranas? ¿No hay suficientes controles?

Eso me pregunto yo. Ahora mismo me atrevo a asegurar que no hay temporeros trabajando en las condiciones exigidas, no porque se estén incumpliendo sino porque la fruta no está aún en el árbol. Es evidente que está llegando gente que busca trabajo en la recolección, pero ¿cómo es posible que sea así cuando la comunidad autónoma está confinada? Porque además vienen en transporte público y sin el justificante que todos debemos presentar cuando nos desplazamos. No es nuestra competencia y me consta que hay controles, pero a lo mejor hay que aumentarlos.

¿Es partidario de la vacunación a los temporeros?

De lo que soy partidario es de la vacunación y de que esta se aplique, como de hecho se está haciendo, con criterios estrictamente sanitarios y técnicos. Me remito al criterio sanitario y ese es el que tiene que prevalecer.

¿Y de pruebas PCR preventivas?

Siempre digo que se trata de una actividad económica privada, en la que debe ser el empleador el que adopte las medidas, primero las de obligado cumplimiento en materia de seguridad y salud, y si, como hacen todas las empresas, las del sector frutícola quieren tomar medidas excepcionales, pueden y deben hacerlo dentro de los protocolos establecidos.

¿Están en contacto con Cataluña para coordinar medidas?

Estamos en contacto permanente, pero no niego que hay dificultades operativas, ya que algunos criterios son diferentes. Nosotros insistimos en que es una actividad privada y tiene que ser el empleador el que tiene que hacerse responsable y lo hemos tratado de trasladar con un mensaje claro, diáfano, profundo y de firmeza. En el caso de Cataluña no es tan claro en mi opinión.

Usted inauguró las bilaterales con el ministro Planas en torno al Plan Estratégico de la PAC. ¿Salió satisfecho de la reunión?

No mucho. La reunión consistió en trasladarle al ministro la posición de Aragón, que el ya conoce perfectamente. En ese sentido estoy satisfecho, pero no tanto del planteamiento que hace el ministro de alcanzar un gran acuerdo nacional. Salí preocupado y preguntándome cómo vamos a conseguirlo con posiciones tan distantes y, sobre todo, con la postura inamovible que plantean aquellos que quieren que nada cambie. Me preocupa la imposibilidad de llegar a ese gran acuerdo, que se imponga esa posición inamovible y acabemos repitiendo la historia y haciendo en España no una reforma, sino una contrarreforma para que todo siga igual.

¿Le preocupa que el ministro sucumba a las presiones y se aleje de esa reforma profunda y valiente que pide Aragón?

No tenemos que poner el foco en el ministro, no es él quien me preocupa. Lo que me inquieta es la posición de quienes no quieren cambiar nada. Una posición abanderada por Andalucía, eso es público y notorio, pero no nos equivoquemos, porque existe en todas las comunidades y Aragón no es una excepción. Aquí también hay una parte importante, ya no digo del sector sino de los perceptores, que apuesta por el status quo. Yo quiero cambios profundos y aunque no pido que se cumplan todos mis objetivos, sí planteo algunas líneas rojas.

Que son...

En primer lugar, la supresión de los derechos históricos en el año 2023. En segundo lugar, la aplicación de la ayuda redistributiva a la renta y que para ello se establezca un porcentaje del primer pilar dedicado a esta compensación, que debe aplicarse al agricultor genuino plus (el 50% de sus ingresos proceden de la agricultura y tiene la seguridad social agraria). Y la tercera linea roja es la ayuda asociada a la ganadería extensiva (ovino y vaca nodriza). Si hay un sector vulnerable de verdad en Aragón es el sector del ovino. No defiendo el apoyo a sectores, pero este caso es una excepción y lo que pido no es que se beneficien de la ayuda asociada sino que toda la ayuda asociada debe aplicarse a estos dos sectores, porque no vamos a resolver el problema de la ganadería extensiva con la prima por hectárea, eso es una batalla perdida. Tenemos cierta flexibilidad, pero no estoy dispuesto a que por llegar a un gran acuerdo nacional se termine en una situación de ‘status quo’.

¿Es momento de movilizaciones?

Siempre he respetado las movilizaciones y más cuando estoy de acuerdo en lo que se defiende, pero creo que el momento ya fue, que incluso es tarde porque la negociación está ya muy avanzada. El margen que tenemos a nivel comunitario es muy, muy pequeño.

Usted dice que en desarrollo rural se ha equivocado. ¿En qué? ¿Se puede enmendar el error?

Yo consideraba que en los aspectos del desarrollo rural no había grandes cosas que estuvieran mal más allá de matices, pero me ha sorprendido cómo la comisión nos está encauzando por una vía que quiere sustituir la política estructural agraria, que es el PDR, en una política ambiental y eso me parece un error grandísimo. La política ambiental no se puede ni se debe financiar con política agraria. Me he equivocado al confiar en que cuando se dice que se va a mantener una política se mantiene. Y me pone los pelos de punta cuando nos están ofreciendo un caramelo envenenado. Por ejemplo, se pretende dar entrada a que los agricultores hagan inversiones improductivas, a cambio de la que cofinanciación de las comunidades sea menor y las ayudas al perceptor muy altas, pero desde luego no voy a ser yo quien les anime a hacerlo, no puedo entender cómo se puede plantear semejante cosa.

¿Cuándo cree que podrá entrar en vigor la Ley de Agricultura familiar?

Por su trascendencia, el propio presidente Javier Lambán calificó esta ley de legislatura. Sueño por que en esta legislatura esté aprobada, y sería un fracaso que no fuera así. Pero sobre todo aspiro a que se apruebe por unanimidad, porque para que realmente sea útil requiere del consenso total.

Con esa ley se van a limitar el tamaño de la explotaciones de vacuno como se hizo con el porcino. ¿Eso significa que el proyecto presentado en los Monegros es papel mojado?

Nos hemos dado cuenta de que no tiene ningún sentido que limitemos la dimensión del porcino y dejemos hacer cualquier cosa en el resto de especies. Es una manera de defender la explotación familiar, porque las macroexplotaciones terminan por distanciarse de este modelo y no es mi apuesta. Cuando esa ley esté aprobada, y por eso veo que es más urgente, no se podrán presentar proyectos de este tipo, pero mientras no esté, le guste o no al consejero, los proyectos se aprueban siguiendo la normativa vigente. Quiero dejar claro que no es mi opción, que son explotaciones negativas y no es la vía, ni en el vacuno ni en ninguna ganadería. Es un modelo que quiero evitar, que no sea posible presentar este tipo de proyectos porque la ley lo impida.

La agroalimentación ha sido muy activo presentando proyectos para captar fondos Next Generation. ¿Nos puede dar detalles?

La buena noticia es que se ha demostrado que en el ámbito agroalimentario hay músculo empresaria, ambición e imaginación para abordar iniciativas de calado. Entrar en uno u otro proyecto es muy prematuro. Lo que nos interesa es que en Madrid no haya duda de que aquí hay capacidad de inversión. Prueba de ello es que se han presentado 1.500 solicitudes a la última convocatoria de ayudas para la modernización de explotaciones y la incorporación de jóvenes. Estamos hablando de cuestiones tangibles, de realidades, que demuestran que tenemos un sector profesional, porque estas inversiones no las presentan los agricultores de sofá, sino los agricultores de verdad, a esos a los que quiero que vayan destinados los fondos de la PAC. Que en plena pandemia, con todos los problemas que tenemos, los agricultores presenten este aluvión de proyectos de inversión es una noticia de primer orden del sector.

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