autopista de barcelona
El mantenimiento de la AP-2 se licitará por 2 años tras finalizar la concesión y costará 86,8 millones
El Consejo de Ministros autoriza hoy la contratación para tener todo listo el 31 de agosto, cuando acaba el peaje después de 44 años.
La liberalización de la autopista de Barcelona ahorrará el peaje a miles de conductores tras finalizar la concesión el próximo 31 de agosto, pero supondrá una factura millonaria para las arcas públicas. El Consejo de Ministros prevé autorizar este martes la licitación por dos años del contrato para la conservación y explotación de los 215 kilómetros de la AP-2 que unen Zaragoza con El Vendrell, que solo a su paso por las provincias de Zaragoza y Huesca tendrá un coste estimado en 86,8 millones de euros.
El tramo aragonés, de Alfajarín a Fraga, supone casi la mitad del trazado que se revertirá ahora al Estado, 102 kilómetros, y es el único del corredor que se no se ha llegado a desdoblar pese a la elevada siniestralidad que acumula la N-II y a suponer una de las principales reivindicaciones de Aragón en materia de infraestructuras. Pese a ello, habrán tenido que transcurrir 44 años para disponer de una vía de alta capacidad con Cataluña sin pagar peaje.
Como ya hizo en su momento con la autovía de Madrid, cuya mejora y conservación salió igualmente a concesión, el Ministerio de Transportes sacará a concurso el mantenimiento de la AP-2. En este caso será por dos años prorrogables por otros tres y se tendrá que acometer la adaptación de los peajes en accesos como cualquier otra autovía. Igualmente, el adjudicatario deberá asumir proyectos específicos para las "pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía".
Según indicaron fuentes ministeriales, el mantenimiento deberá cumplir con los niveles de calidad "más próximos a los deseables, en función de las prioridades y recursos disponibles". Los beneficiarios directos serán los 9.662 vehículos que de media diaria circulan por la AP-2, cuyo número se disparará previsiblemente con la liberalización del peaje, especialmente camiones que ahora circulan por la carretera.
Los 86,8 millones de coste estimado para el tramo aragonés serán solo una parte del desembolso estatal por conservar la autopista de Barcelona, ahora en manos de Abertis. El sector ilerdense supondrá otros 54,39 millones por los mismos dos años y aún habrá que asumir el tramo final de empalme con la AP-7, donde ya se liberalizó el año pasado la autopista del Mediterráneo entre Tarragona y Alicante y ahora se procederá en dirección contraria, hasta la frontera de la Junquera.
En este caso, los últimos kilómetros tarraconenses se incluirán en el contrato de conservación de la AP-7, que saldrá igualmente a concurso tras su reversión por compromiso del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Las citadas fuentes oficiales explicaron que estas licitaciones supondrán la implantación del "nuevo modelo de conservación", con el que se pretende el triple objetivo de ofrecer "un servicio integral, mejorar el estado de la carretera y optimizar los recursos públicos".
De hecho, en el contrato se incluirá la ayuda a la vialidad y conservación ordinaria, que implicará la vigilancia y atención de accidentes e incidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones y estudios de seguridad vial. Además, las contratistas se encargarán de la explotación de las áreas de servicio existentes, que en el caso de Aragón son las de Pina de Ebro, Monegros y Fraga.
En este sentido, las citadas fuentes ministeriales manifestaron que se van a separar de forma expresa los gastos e ingresos del contrato. Por un lado, se establecerá el presupuesto de gastos, en el que se computará tanto la propia conservación como las obras de mejora necesarias, y por otro, el de ingresos, con el canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos.
