La DGA y el Gobierno central reforzarán las inspecciones en la campaña frutícola

Ni el Gobierno aragonés, ni los fruticultores, ni los municipios que reciben el mayor número de trabajadores del campo quieren que este verano se repitan los brotes de coronavirus que se produjeron la pasada campaña. Para ello el Gobierno de Aragón intensificará las inspecciones en las explotaciones agrícolas y incrementará los controles en las zonas donde se concentran los trabajadores temporales. Se planificarán desde las consejerías de Agricultura, Sanidad y Economía, en estrecha colaboración con Inspección de Trabajo, dependiente del Ejecutivo central y que se encarga del cumplimiento de todas las obligaciones con la Seguridad Social-, si bien todavía quedar por definir cómo se concretará esa labor más intensa de inspección y control.

Es una de las medidas que se pusieron este miércoles sobre la mesa en una reunión en la que participaron los consejeras de Ciudadanía, María Victoria Broto; de Economía, Marta Gastón; de Sanidad, Sira Repollés; el consejero de Agricultura, Joaquín Olona; y el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, además de los representantes políticos de los municipios y comarcas vinculados a la recogida de la fruta, para anticiparse a los posibles problemas de "seguridad y salud" que se pudieran ocasionar durante la campaña de fruta.

"No es lo más atractivo para un gobierno", señaló Olona al referirse a que se reforzarán "de manera muy significativa" todos los medios autonómicos de vigilancia e inspección en las explotaciones agrícolas. "Y que no quepa duda de que se va a actuar con la más absoluta firmeza", señaló.

Durante el encuentro se habló además de colaboración y coordinación entre administraciones, así como de la disposición del Gobierno autonómico a presta el "apoyo necesario" a los municipios en el caso de que durante la recolección surgiera cualquier problema. Así, la consejera de Sanidad aseguró que "en caso de sea necesario", se reforzarán las tareas de control y ayuda, con la realización de pruebas diagnósticas, seguimiento o rastreo. Y recordó que ya el pasado verano se dio de alta de forma temporal y con cargo a fondos públicos a aquellos residentes en la Comunidad que no tenían derecho a la asistencia sanitaria para su control epidemiológico en el marco de las actuaciones para el control de la covid-19.

Infraestructura de emergencia

También y con la experiencia del pasado año se trabajará en las posibles infraestructuras disponibles en los municipios para poder realizar el aislamiento de posibles infectados. Para eso se cuenta con un censo de recursos alternativos -sujeto a posibles modificaciones-, elaborado con la información recabada en las comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Campo de Borja y Bajo Aragón, "gracias a la cual se pudo analizar la disponibilidad en cada territorio y las principales instalaciones con que contaban en caso de necesidad", señaló el director general de Administración Local.

A las medidas ya puestas en marcha, como la obligación de los agricultores de presentar una declaración responsable en la que deben declarar sus necesidades de contratación, y su compromiso a constatar que los alojamientos y el transporte utilizado por sus empleados cumple las adecuadas condiciones, o las ayudas habilitadas para el acondicionamiento de las viviendas para trabajadores del campo, se sumará una campaña de sensibilización dirigida a migrantes que se pondrá en marcha en abril.

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta, insistió en la necesaria coordinación porque "además del sanitario, también hay problemas de tipo social, migratorio o de orden público que vienen de otros años". Pese a ello confió en que cuando termine la campaña se pueda decir que "ha ido "mucho mejor que la de 2020, cuando nadie tenía una fórmula mágica para controlar la pandemia.