política
Beamonte carga contra la "UTE de intereses" de Lambán y sus socios "en extinción"
El líder del PP-Aragón reclama la constitución de una comisión en las Cortes para "conocer, seguir e informar" de la tramitación y gestión de los fondos europeos.
El presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, ha cargado este viernes contra la "inoperancia absoluta" del gobierno cuatripartito de la DGA, que ha llegado a calificar de "UTE de intereses" del presidente, Javier Lambán, y sus socios "en extinción". Por ello, les ha exigido "impulso, gestión y que bajen a la realidad" porque hay más de 87.000 aragoneses en el paro y otros 16.000 en ERTE mientras las ayudas millonarias comprometidas no llegan a los que sufren la crisis sanitaria y económica. "Si todo va tan bien como manifiesta el Gobierno, por qué hay tantos aragoneses que lo están pasando mal", se ha preguntado.
Al término de la reunión del comité de dirección en la sede de Zaragoza, el líder popular ha comparecido para dar cuenta de la petición registrada en las Cortes de Aragón para que se constituya una comisión especial de estudio para "conocer, seguir e informar" de la tramitación y gestión de los fondos europeos.
A su juicio, todos los partidos deberían acceder a la información y seguimiento de los proyectos a financiar y dicha comisión debería abrirse a la participación de expertos para elaborar un dictamen "con cuantas valoraciones, iniciativas y conclusiones se deriven del desarrollo de la comisión". En la propuesta se indica que su trabajo debería prolongarse hasta la finalización en la aplicación de los fondos europeos a inversiones y proyectos aragoneses.
Beamonte ha exigido "transparencia" a la DGA, además del derecho a "coparticipar en las decisiones importantes" tras haber pactado la estrategia de recuperación. "Esto es lealtad", ha añadido.
El presidente del PP-Aragón ha aprovechado para censurar una vez más la gestión de la DGA y, especialmente, sus "anuncios de millones" que no llegan a los afectados y su "inacción" con los los sectores que se han quedado fuera (talleres, peluquerías y autoescuelas) de la convocatoria de 11.000 millones anunciada por el Gobierno de Sánchez.
