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Más de 300 negocios reclaman a Sánchez las pérdidas del estado de alarma un año después

Los despachos de abogados ven «bastante viabilidad» pero avisan de que el proceso será largo. Dicen que Aragón es una de las regiones que más ha recurrido y preparan acciones contra la DGA.

La manifestación ha recorrido buena parte del centro de Zaragoza.
Empresarios del ocio nocturno, hosteleros, trabajadores del sector de los espectáculos y autónomos recorrieron este domingo buena parte del centro de Zaragoza.
Guillermo Mestre

Más de 300 negocios aragoneses, muchos de ellos hosteleros, han reclamado al Estado y al Gobierno de Aragón las pérdidas ocasionadas por el estado de alarma y las restricciones contra la covid-19 un año después de la drástica decisión adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La mayoría corresponden a bares y restaurantes, pero también las hay de hoteles, salones recreativos, discotecas o gimnasios, entre otros.

El aragonés JoséLuis Yzuel, presidente de Hostelería de España, subrayó que los empresarios «están en su derecho», ya que se les ha hecho un daño, en muchos casos, "irreparable". "En otros, ha supuesto unos costes muy altos. El bien común está por encima de todo, pero la verbena no la tiene que pagar solo al que le arruinan. El Estado tiene que resarcir a estas empresas", afirmó.

La hostelería sale a la calle en Zaragoza para "poder trabajar"

La clave, apuntó Diego Solana, abogado y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, está en el artículo tercero de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que establece que "quienes como consecuencia de la explicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados".

Se trata de un punto que hasta ahora no había tenido que ser utilizado y en el que cientos de hosteleros de toda España han depositado sus esperanzas tras un año "agónico" marcado por los cierres y las pérdidas. Solo este despacho ha tramitado en torno a un centenar de reclamaciones administrativas de hosteleros aragoneses contra el Estado, y a nivel nacional suma más de 400 por valor de 100 millones de euros. "Últimamente venimos tramitando unas 100 por semana. Son gente que se ha cansado de manifestaciones. La situación es dificilísima, ya que muchos han cerrado", explicó el letrado.

Los despachos consultados coinciden en que estas reclamaciones tienen visos de prosperar. "Cuando entras en un proceso judicial siempre hay un margen sujeto a lo que decida el tribunal correspondiente, pero sin visos de prosperabilidad no nos habríamos embarcado en él", razonó Cristina Llop, de Écija Abogados. Este bufete ha tramitado otras cien reclamaciones de empresarios de la Comunidad, mientras que el cómputo global se sitúa en las 500 y alcanza los 30 millones de euros."Aragón es una de las regiones que más está reclamando. Se debe, principalmente, a la existencia de autos de suspensión de medidas sanitarias previos", comentó. En su caso, las demandas se centran en los tres meses de cierre por el estado de alarma. "En cuanto presentemos esta primera oleada nos centraremos en los gobiernos autonómicos. En Aragón hay clientes muy dispuestos a reclamar", avanzó Llop.

60.000 euros cuantía media

Venia Estudio Jurídico es otro de los despachos que está canalizando las reclamaciones. "Llevamos una treintena correspondientes a 15 socios. La cuantía media que se reclama supera los 60.000 euros por establecimiento", señaló la abogada Carolina Pérez. Asu entender, el Gobierno de España "ha privado a los ciudadanos de derechos que no se pueden priva"». Reconoció, en cualquier caso, que el proceso "podría alargarse bastante", ya que se espera que la Administración recurra en caso de que se le ordene pagar las millonarias cantidades que se reclaman.

Otros despachos, como Mercurio Abogados, trabajan ya con 17 clientes. La intención es esperar a que se concrete el reparto del plan de ayudas anunciado el pasado viernes por Pedro Sánchez. Si se considera insuficiente, presentarán también reclamaciones.

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