Le deniegan una ayuda de 7.000 € por deber 26,95 del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas
Miguel Hernández, propietario de la discoteca Reset Club, asegura que "desconocía" esta deuda y lamenta que ni siquiera le han dado la oportunidad de enmendar el error.
A Miguel Hernández, propietario de la discoteca Reset Club, en Zaragoza, le han denegado una ayuda de 7.000 euros por deber 26,95 del recibo del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) de 2017, una deuda que "desconocía".
Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social era un requisito sine qua non para acceder a esta línea, impulsada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. El problema, dice Hernández –que también sopesa presentar reclamaciones patrimoniales por las pérdidas ocasionadas por las restricciones y el estado de alarma–, es que ni siquiera se le ha dado la oportunidad de enmendar el error. "Lo normal sería haber tenido unos días para subsanarlo, pero no ha habido oportunidad. Fuimos a la gestoría, recurrimos y volvieron a denegármela. Yo no tenía ni idea de la existencia de ese recibo. Es más, pagué una multa de más de 1.000 euros con el Ayuntamiento de Zaragoza para evitar problemas", reconoció.
Para él, estos 7.000 euros habrían supuesto "algo de aire", ya que hasta el momento ha tenido que poner entre 25.000 y 30.000 euros de su bolsillo para mantener el local, de entre 400 y 500 metros cuadrados. Hernández está ahora a la espera de recibir 3.000 euros procedentes del plan de rescate aprobado por el Gobierno de Javier Lambán a principios de noviembre. En este caso, confía en que el ICA no sea un problema. "Pagué la deuda deprisa y corriendo. La resolución salió el 30 de diciembre y el 5 de enero ya no constaba", agregó.
Su caso no es el único. Ricardo Arnedo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza y la Coordinadora de Vivienda de Aragón, asegura que ha habido personas que se han quedado sin ayudas al alquiler por no haber pagado, consciente o inconscientemente, los recibos del ICA.
En su opinión, en estos casos tendría que haber prevalecido una valoración objetiva de la situación de vulnerabilidad de los solicitantes. "Se ha seguido una gestión excesivamene burocrática y formalista y no atendiendo al fin último de la convocatoria", manifestó.
También ha habido quien, aseguró, ha tratado de ponerse al corriente y "aún no han recibido la prestación". "El proceso está generando mucha incertidumbre e inquietud", aseveró.
