Los hosteleros aragoneses han presentado reclamaciones patrimoniales millonarias contra la DGA y el Gobierno de Pedro Sánchez por las pérdidas ocasionadas por el estado de alarma y las restricciones contra la covid-19. Los empresarios de cafés, bares, restaurantes, discotecas y salas de fiesta han registrado ya más de un centenar de demandas y ultiman decenas más.

Este instrumento, recogido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, da a los afectados un año para reclamar indemnizaciones a título individual por los daños provocados por un "anormal funcionamiento de los servicios públicos" siempre que sean "efectivos y evaluables".

La fecha límite para actuar contra el Estado sería el 14 de marzo, día en que se declaró el estado de alarma. Esto hace que los bufetes de abogados seleccionados ultimen estas semanas decenas de reclamaciones en las tres provincias. En el caso del Gobierno aragonés, el plazo expirará en verano, momento en que se aprobaron las primeras restricciones tras el salto a la bautizada como nueva normalidad.

Solo los empresarios del ocio nocturno de las tres provincias han presentado 47 reclamaciones. De estas, 39 han sido canalizadas a través de la Asociación Provincial de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas. "Hemos ido contra el Gobierno de Aragón al entender que ha sido el que ha causado el daño. También estudiamos actuar contra el Estado. Tienen seis meses para contestar, pero por el momento no hemos obtenido respuesta", explicó su presidente, Alberto Campuzano.

Asociaciones como Horeca y Cafés y Bares han cerrado acuerdos con bufetes de Zaragoza con precios especiales para los socios que quieran recurrir. Las cifras que se reclaman dependen de cada negocio. También influyen aspectos como el número de metros cuadrados del local o su ubicación geográfica, ya que, sobre todo en los últimos meses, las restricciones han sido distintas en función de la provincia. El hecho de que todavía haya decenas en tramitación y de que sea prevean muchas más antes del 14 de marzo hace que las asociaciones no se atrevan aún a dar estimaciones. Coinciden, en todo caso, en que la cifra global será "millonaria", ya que corresponderá a las pérdidas registradas durante meses por negocios que, en muchos casos, acostumbraban a facturar cientos de miles de euros al año.

"La vía administrativa es el primer paso. En caso de que la respuesta del Gobierno fuera negativa o de que no contestara en plazo se podrían presentar reclamaciones judiciales", avanzó el gerente de Cafés y Bares, Luis Femia.

Solo en esta asociación habría ya más de medio centenar de empresarios predispuestos a reclamar, mientras que en Horeca se tiene constancia de entre 30 y 40, la mayoría restaurantes.

Planes y ayudas

Para Femia, los visos de que el Estado ha causado un perjuicio a estos negocios "son evidentes", de ahí que confíe en que las demandas prosperen. Por su parte, la gerente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, Silvia Fernández, recordó que solo en esta provincia se han cuantificado pérdidas de más de 48 millones de euros.

Empresarios del ocio nocturno confirmaron ayer que la DGA ha empezado a pagar las ayudas directas del plan de rescate presentado en noviembre, aunque por el momento, aseguraron, "son pocos" los que han recibido los 3.000 euros por establecimiento fijados por la Consejería de Industria.

El Ejecutivo de Javier Lambán trabaja, además, en otro plan de choque centrado en ayudas directas y aún sin cuantificar para el que buscará el apoyo de las diputaciones, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), CEOE-Aragón, Horeca y Cafés y Bares. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente 11.000 millones para hostelería y turismo.

No obstante, los empresarios consultados coinciden en que el sector "seguirá adelante" con las reclamaciones administrativas. "Muchos han recibido hasta ahora 1.000 o 1.500 euros. Eso no da ni para pagar la luz", dijo Fernández.

"Tener abierto el hotel nos está costando dinero"

Roche Murciano, propietario del hotel Mudayyan de Teruel y presidente de la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, ha tenido que poner 67.000 euros para mantener abierto su negocio. En un puente como el que se avecina tendría que estar al 100%, pero actualmente apenas llega al 15% entre semana. Lo hace gracias a varios trabajadores que pasan allí la noche. "Los sábados y domingos no vienen y es desolador", dijo.

A esto hay que añadir la bajada de precios. "Antes cobrábamos entre 70 y 80 euros por una habitación doble en fin de semana y ahora estamos en torno a los 30. Las tarifas son ridículas. Estamos abriendo a pérdidas", advirtió.

Él es uno de los empresarios turolenses que actuará contra el Gobierno de España y el de Aragón. Al primero le reclamará los daños provocados por los meses de cierre del primer estado de alarma, mientras que, en el caso de la DGA, la demanda se centrará en los meses de restricciones.

En los últimos ejercicios, Murciano llegó a facturar entre 600.000 y 700.000 euros. "El año pasado fue mucho menos. Para la reclamación hemos presentado los balances de 2017, 2018, 2019 y 2020", avanzó. Pese a ser consciente de que una demanda de estas características puede ser un proceso largo y farragoso, considera que establecimientos como el suyo tienen derecho a recurrir a la vía administrativa.

Las agencias de viajes de la Comunidad también tienen previsto presentar reclamaciones patrimoniales. Según la asociación que las agrupa lo harían al menos 25, aunque esta cifra podría aumentar conforme se acerque el 14 de marzo. En este caso, el proceso se centralizará a través de la federación estatal. "No estamos en contra de las medidas tomadas por el Gobierno, pero si se han adoptado una serie de restricciones y como consecuencia se ha perjudicado a determinados negocios creemos necesario que se nos resarza", explicó Jorge Moncada, presidente de la asociación aragonesa. En su opinión, "no ha quedado más remedio", ya que las ayudas han sido, hasta el momento, testimoniales y la facturación ha caído más de un 90%.