Todas las miradas estaban puestas esta semana en las instituciones europeas. Es el actual terreno de juego de la PAC, en el que se perfilan los trazos de lo que será la reforma de la Política Agraria Común a partir de 2023. Ya se sabe lo que opina la Comisión y el miércoles se desvelaba lo que quieren los gobiernos. Tras cuatro años de negociaciones y una maratoniana reunión que duró 42 horas, los ministros de Agricultura de los 27 aplaudían (literal) un acuerdo que se sellaba bien entrada la madrugada y en el que la principal novedad (y especial preocupación del sector) era determinar cómo de verde será la norma que regulará en un futuro el campo europeo.

El Consejo de Ministros ha avanzado en la llamada ecologización de la PAC, ya que su propuesta incluye que el 20% del presupuesto total esté destinado a los ecoesquemas, una nueva herramienta de asignación de fondos con la que se incentivarán aquellas prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente.

Conocida esta propuesta, las miradas se volvieron hacia el Parlamento europeo, que el pasado viernes acordaba su propuesta, en la que, como ya se esperaba, es visible su ambición ecologista. Los europarlamentarios van más allá y quieren que los ecoesquemas cuenten con un 30% del presupuesto. Y además ponen también el acento verde en el Plan de Desarrollo Rural, donde exigen que un 35% de fondos sean para ayudas agroambientales.

Pese a todo habrá que esperar, porque las propuestas de unos y otros se verán las caras en los trílogos (reuniones entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión), donde se librará la batalla final para consensuar un texto definitivo.

Pero aún así, no todo habrá terminado. La reforma de la PAC tiene que llevar posteriormente el sello de cada país. Porque la Unión Europea pasa la patata caliente a los Estados miembros, que tendrán que ser, una vez conocidas las líneas generales y el reparto del presupuesto, los que decidan cómo se aplica la norma acordada en su propio territorio. Y lo tendrá que plasmar con un plan estratégico nacional, cuya elaboración no se augura nada fácil.

El Ministerio ya ha enseñado sus cartas -y Andalucía sus dientes- y se ha puesto de manifiesto que la negociación será dura y compleja porque no todas las comunidades -e incluso los agentes del sector- están alineadas. Aragón también tiene armas para defender la PAC que quiere, entre ellas, un pacto político, liderado por el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, que cuenta con el apoyo de partidos políticos y organizaciones agrarias -no todos los que son, también es cierto-, y que apuesta por una reforma "profunda y valiente". 

Desde que llegara al despacho de la sede del Gobierno autonómico en la plaza de San Pedro Nolasco en Zaragoza, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha dejado clara su intención y ambición de que Aragón juegue un papel proactivo en la elaboración de la nueva reforma de la PAC, que, en su opinión, debe ser "ambiciosa y profunda". Presentó su propia propuesta, basada en la distribución de las ayudas directas en función de las rentas y priorizando a aquellos perceptores que trabajan y viven del campo.

Pero Olona no quería realizar el viaje en solitario y propició en 2018 un acuerdo al que se sumaron cinco de los siete partidos del parlamento autonómico (Podemos, Ciudadanos, CHA, e IU) y dos de las cuatro organizaciones agrarias de la Comunidad (UAGA y UPA). Aquel documento "con el que se quería influir en Bruselas", señala Olona, mira ahora hacia las negociaciones que se librarán en el Ministerio y en las que los trazos tienen que ser más finos. Cada país deberá decidir el perfil del agricultor al que van destinadas las ayudas directas, pero también, entre otros aspectos, qué prácticas van a integrar los ecoesquemas, cómo se va a aplicar la ayuda redistributiva o cuándo se producirá la eliminación total de los derechos históricos. 

Estos son los aspectos -los más candentes y los que auguran mayores dificultades para alcanzar el consenso en el conjunto del país- en los que han comenzado a trabajar los firmantes del pacto aragonés, que aspiran a que sus propuestas sean recogidas en el plan estratégico nacional. "Lo que queremos es que nuestro acuerdo esté cerrado lo antes posible", destaca el consejero, que explica que el PAR (partido que forma parte del cuatripartito que gobierna la Comunidad) también se ha sumado a la propuesta, a la que puede incorporarse «quien quiera», matiza Olona, en clara referencia a PP y Vox o Araga y Asaja.

¿Qué es el agricultor genuino?

En esta ‘negociación regional’ uno de los mayores escollos para el consenso estará, sin duda, en la definición de agricultor genuino. El Gobierno de Aragón defiende que bajo esta concepción, que asegurará la percepción de ayudas directas, tienen que refugiarse aquellos cuyos ingresos agrarios suponen, al menos, el 30% del total y que sus ventas potenciales alcancen los 5.000 euros.

Desde las organizaciones agrarias se añaden matices. La más contundente es UAGA, que creó hace ya unos años un grupo de trabajo específico para avanzar en sus propuestas de la reforma de la PAC, ya plasmadas en un documento propio. Para la organización que dirige José María Alcubierre, el genuino es aquel agricultor que trabaja de forma personal y directa asumiendo el riesgo empresarial de su actividad agrícola y/o ganadera, el que de sus ingresos totales, al menos el 50% son agrarios, y, además, está dado de alta en la Seguridad Social agraria.

No solo de primas a la renta vivirá el agricultor genuino. También es el destinatario de las ayudas redistributivas, concebidas como un nuevo pago directo para avanzar en la equidad del sistema. "Esta ayuda debe servir para apoyar a los agricultores más dependientes de la actividad agraria", señala la organización, que confía en que con este sistema se puedan corregir así las irregularidades que se están cometiendo en los últimos años, "como el ‘tú cobras la PAC y yo cultivo las tierras’", e incluso propiciar movimientos en el mercado de la tierra. Pero para eso, defiende el documento elaborado por el grupo de trabajo de UAGA, "solo" deben acceder a ella aquellos agricultores y ganaderos cuyos ingresos agrarios sean al menos del 50% de sus ingresos fiscales totales y que estén dados de alta en el RETA o en el SETA. Es decir, aquellos que esta organización defiende como agricultores genuinos.

UPA Aragón se muestra más cautelosa. Su secretario general, José Manuel Roche, reconoce que lo ideal es que esta definición hiciera referencia a aquellos que obtienen de su trabajo en el campo la mitad de sus ingresos. Pero asegura que eso supondría la desaparición del sistema de unos 10.000 perceptores, que apenas suponen el 4% de las ayudas. Por eso, su postura se acerca más a la que defiende el Gobierno aragonés. Eso sí, esta organización agraria añade una distinción: la de ‘agricultores genuinos plus’, que serían aquellos cuyos ingresos agrarios se elevan al 50%, "a los que irían destinados no solo las ayudas a la renta, sino también -y en este caso en exclusiva- las redistributivas, las asociadas y las incluidas en el segundo pilar de la PAC", explica.

Entre los no firmantes del pacto aragonés, Ángel Samper, secretario general de Asaja en Aragón, explica que esta organización agraria no ve con malos ojos "lo que hay encima de la mesa", es decir que el destinatario de las ayudas sea aquel cuyos ingresos agrarios se sitúan "entre el 20% y el 30%", pero más que definir al agricultor genuino prefiere el concepto de "actividad agraria", señala Samper.

"Ponemos demasiados apellidos al agricultor", lamenta Jorge Valero, presidente de Araga, organización que considera que el receptor de las ayudas tiene que ser aquel que cultiva las tierras y cuida los animales, aquel que produce riqueza y empleo, "sea cual sea el dinero del que dispone o si cuenta con otra profesión", señala. Porque Araga, dice su presidente, no quiere una reforma que saque del sistema a "un montón de gente" para dejar a "unos pocos pura sangre a los que nadie tendrá luego en cuenta". Y lanza un aviso a navegantes: "La condición de agricultor no se compra pagando el sello de la Seguridad Social agraria, es mucho más".

Derechos históricos

Uno de los principales caballos de batalla de la consejería de Agricultura aragonesa para conseguir una reforma profunda de la PAC ha sido la eliminación de los derechos históricos. Se ha conseguido en Bruselas, aunque la decisión se ha quedado a medias. La Comisión ya se mostró favorable a la eliminación de estas referencias ya caducas que en Aragón han provocado grandes desigualdades y profundo malestar, pero dejó en manos de los Estados miembros que pudieran hacerlo y cómo. En el Ministerio también se ha ganado una batalla, pero falta el asalto definitivo. Su titular, Luis Planas, tiene claro que los derechos quedarán borrados de la PAC, pero aún queda por decidir cuándo dejarán de existir.

El momento está claro en Aragón. La postura del Gobierno es que desaparezcan ya. Y con esa urgencia se refieren a la fecha en la que está previsto que entre en vigor la reforma, esto es, en 2023.

"Los derechos deben desaparecer desde el primer año, sin convergencia", asegura UAGA. Incluso va más allá y defiende que tampoco se debe de mantener el sistema actual de derechos individuales, "que está perjudicando tanto a los jóvenes como a los agricultores que se dedican exclusivamente al sector agrario". En la misma línea está posicionada UPA, que considera que no solo es hora de eliminar los derechos sino que tiene que ser lo antes posible y de una sola vez.

No piensan lo mismo los representantes de Asaja y Araga. Ambos reconocen que el sistema actual de distribución de las ayudas es "obsoleto", pero muestran dudas acerca de lo qué podría suceder sin ellos. "Que hagan una propuesta para poder valorarla", insiste Valero, que advierte que la eliminación de estas referencias puede ser muy positivo, "pero también una ruina que lleve al garete, por ejemplo, al arroz de Huesca, al regadío de Teruel o al secano de Zaragoza". Por eso el presidente de Araga exige "saber qué habrá después de esta eliminación" para decidir la postura de la organización. "No tiene ningún sentido hacer una carta a los Reyes Magos. Tenemos que tener una propuesta sobre la mesa", insiste.

El secretario general de Asaja tiene claro que "los derechos históricos se van", aunque no concreta si la organización quiere que esta realidad sea inmediata o se vaya produciendo de forma progresiva. Considera, sin embargo, que si no existen estas referencias, con veinte años de historia y con las que se determina la ayuda actual en función de circunstancias pasadas del beneficiario, "Asaja Aragón estará posicionado para que se establezcan unas nuevas".

Son estos los huesos más duros de roer para alcanzar un plan estratégico nacional que satisfaga a todas las autonomías. Pero hay también otras decisiones que tomar. Ahí están los llamados ecoesquemas, esas herramientas que incentivan las prácticas respetuosas con el medio ambiente y el clima. En este caso, Aragón muestra una postura más unánime y todas las organizaciones agrarias destacan a la ganadería extensiva, a la apicultura y al sector hortofrutícola como los posibles beneficiarios de estos fondos ‘verdes’.