la lucha contra la pandemia
¿Por qué Aragón no ha pedido la declaración del estado de alarma?
La DGA esgrime un criterio de ponderación ante el impacto que supondría a derechos fundamentales, a la economía y a la sociedad y pide reformas legales al Estado para disponer de un mayor respaldo.
"Recurrir al estado de alarma territorializado no ha sido necesario porque no lo requiere el tipo de medidas que la autoridad sanitaria aragonesa ha considerado necesarias para combatir la pandemia". Este el principal argumento que el Ejecutivo autonómico esgrime para descartar el ofrecimiento hecho de nuevo el martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las autonomías ante la escalada de rebrotes en la práctica totalidad de territorios.
Fuentes jurídicas de la DGA han incidido este miércoles en en que se trata de una "cuestión de ponderación", en la que se ha tenido en cuenta la propia necesidad sanitaria contra el coronavirus y la afección que supondría a derechos fundamentales, a la economía y a la propia sociedad aragonesa. «En tanto dispongamos de recursos y medidas que, garantizando la eficacia de la lucha contra la pandemia, minimicen esos daños para la sociedad y la economía, debemos utilizarlos preferentemente», añaden.
Aunque reconocen que lo "más fácil" sería a recurrir al estado de alarma territorializado, inédito desde su creación en 1981, han optado por restringir la actividad en las comarcas más afectadas y por prohibir finalmente el ocio nocturno en toda la Comunidad. A su juicio, recurrir a una medida drástica, que limitaría la movilidad, supondría "laminar en la práctica el control judicial", salvo el del Tribunal Constitucional.
Preocupación en el cuatripartito
La opinión es compartida por los socios del cuatripartito, muy preocupados por el impacto de la pandemia en sus áreas de responsabilidad, desde el turismo al sector agroalimentario pasando por la educación, la industria y la obra pública. «Nos jugamos mucho y tenemos la obligación de acertar. Nuestra economía no se puede permitir un confinamiento y hasta vamos a tener problemas para respaldar a todos los sectores afectados. A más de uno nos quita el sueño», apuntaron varios altos cargos del Ejecutivo autonómico.
Las citadas fuentes jurídicas de la DGA explican que se han acogido a una "normativa estatal ambigua e imprecisa", no concebida para la intervención masiva que la pandemia exige, sino para crisis sanitarias más puntuales y localizadas. De esta forma, se han adoptado medidas de carácter general o reglamentarias que no han requerido autorización judicial. Solo en el caso de la prohibición para mantener los establecimientos hosteleros abiertos más allá de la una se ha llegado a plantar un conflicto en los tribunales, pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Una de las prioridades del cuatripartito es dotar de mayor precisión a la normativa estatal que sirve de paraguas a las autonomías. Para ello, plantea específicamente la necesidad de revisar "al menos" dos leyes, la de salud pública vigente desde 1986 y la que regula la jurisdicción contencioso-administrativa y que se remonta a 1988.
De este modo, aseveran desde el Ejecutivo, se dispondría de mayor seguridad jurídica y certidumbre en la estrategia para hacer frente a la covid-19. "En la situación actual se está forzando la interpretación de la legislación sanitaria y recabando igualmente de manera forzada autorizaciones o ratificaciones judiciales", argumentan.
