aragón
Alcaldes aragoneses exigen mejoras en el plan de ayudas estatales a los municipios
Regidores socialistas ponen reparos a la propuesta del Gobierno y no aclaran si van a entregar sus fondos. Azcón y los ayuntamientos del PP hablan de "injusticia" y piden una nueva oferta.
El sistema de reparto de los fondos estatales para que los municipios puedan hacer frente a los gastos extraordinarios que ha acarreado la pandemia de la covid-19 sigue sin convencer a los alcaldes aragoneses. Con matices en función del color político de cada ayuntamiento, la mayoría expresa sus reticencias a un modelo que deja fuera a ciudades como Zaragoza y que sigue sin dar autonomía a la administración local en lo referido a la gestión de sus ahorros, que en Aragón superan los 700 millones de euros.
Casi todos los alcaldes socialistas culpan a la Ley Montoro del problema de la financiación local y ven un "avance" en la propuesta del Ejecutivo de Sánchez. Pero creen que la fórmula, que solo beneficia a los ayuntamientos que presenten sus ahorros al Estado con el compromiso de recuperarlos en 10 o 15 años, es incompleta. Los alcaldes del PP, empezando por el de la capital, hablan de "injusticia" y exigen otra propuesta. Todos piden mejoras en el trámite parlamentario.
Jorge Azcón (Zaragoza)
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP), ha sido uno de los líderes de la rebelión municipalista contra el real decreto que rige el sistema de reparto de las ayudas estatales. La fórmula deja fuera a la capital por no tener remanentes y eso para el regidor es "inadmisible". Con 40 millones de remanente en 2019, la capital tiene que destinar ese dinero a pagar deudas. Por eso defiende un fondo de 5.000 millones que los municipios se repartan en función de su población. Ha logrado aglutinar a alcaldes de distinto signo cuyo partidos amenazan con tumbar en el Congreso el decreto ley. "No deberían estrellarse contra la pared para darse cuenta de que deben negociar", dice Azcón. "El reparto por población es de justicia. No podemos soportar que la propuesta del Ministerio nos dé cero euros", concluye.
José María Romance (Huesca)
El Ayuntamiento de Huesca dispone de un remanente de 1,3 millones de euros. De las cuatro reglas fiscales que impone la Ley de 2012, cumple la estabilidad presupuestaria, la deuda y el pago a proveedores. Pero en el último año se saltó la regla de gasto en 1,6 millones por el aumento de la masa salarial y la subida del SMI. El edil de Hacienda, José María Romance (PSOE), asegura que siempre han defendido que los ayuntamientos puedan emplear sus superávits, algo que impedía la Ley Montoro, "aunque hay que ver en qué condiciones, porque no todo vale". Cree que la propuesta "no es demasiado favorable", pero se muestra cauto hasta conocer la oferta final: "Entonces decidiremos qué hacer".
Emma Buj (Teruel)
![Enma Buj Alcaldesa de Teruel con la crisis del coronavirus /2020-03-19/ Foto: Jorge Escudero [[[FOTOGRAFOS]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_990_556/files/fp/uploads/imagenes/2020/03/19/enma-buj-alcaldesa-de-34185123.r_d.1793-1625-3143.jpeg)
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), tacha el real decreto de "ataque a la autonomía municipal" y adelanta que el Ayuntamiento "no entregará" sus ahorros (1,1 millones). Recuerda que al Consistorio "le ha costado mucho esfuerzo tener remanentes positivos para financiar las políticas de PSOE y Podemos". "El ahorro se debe quedar en la ciudad", remacha. Buj considera "injusto" el reparto de los 5.000 millones anunciado por el Gobierno, porque "recibirá más subvención quien más remanentes entregue". Según sus cálculos, la entrega de sus remanentes supondría 163.000 euros en 2020 y de 245.000 en 2021.
Luis Zubieta (FAMPC)
Luis Zubieta (PSOE) es alcalde de Zuera y preside la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas (Fampc) y cree que hay mejorar el real decreto de reparto de fondos. "Es un avance. Pero seguramente no es lo que los ayuntamientos pedíamos", dice. Pide que tener en cuenta "la especial singularidad de Zaragoza", que no puede acceder al fondo. "El acuerdo se queda a mitad de camino. No queremos dejar a nadie atrás", resalta Zubieta, que dice que "es el momento de que se dé más autonomía" y se resuelva la financiación local. Respecto a Zuera (4 millones de remanente), aún no hay una decisión tomada.
J. M. Aranda (Calatayud)
El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP), tacha la decisión de "chantaje". En su caso, la ciudad, al estar inmersa en "inestabilidad presupuestaria", no cederá sus remanentes y no optaría a los 5.000 millones. Aranda dice que "los ayuntamientos han sido los únicos en cumplir la regla de gasto y los que hemos estado en primera línea, multiplicando ayudas de urgencia, incorporando medidas de seguridad que tienen su coste y manteniendo salarios". "Solo nos ha llegado una pequeña partida de Diputación de Zaragoza. Nada del Gobierno de Aragón ni de España", señala.
Gema Gutiérrez (Utebo)
La alcaldesa de Utebo, Gema Gutiérrez, dice tener "el corazón partido" ante la propuesta del Gobierno, dado que por un lado permite a los municipios utilizar sus ahorros, por otro deja sin financiación a los que no los tienen. "Es positivo para algunos pero no tanto para otros", comenta. Todavía no ha tomado una decisión sobre qué hará el Ayuntamiento con sus 3 millones de remanente.
Isaac Claver (Monzón)
"Un chantaje a los ayuntamientos". Así define el alcalde de Monzón, Isaac Claver (PP), el pacto voluntario que propone el Gobierno. Monzón tiene una deuda de unos 9 millones de euros y un remanente de tesorería de 4. "Es un acuerdo que no se ha consensuado en la FEMP, y no es ni justo ni solidario", opina. "Lo más justo sería que nos permitieran utilizar esos remanentes desde ya en las necesidades que cada ayuntamiento considere más oportuna", añade Claver.
Antonio Campo (Barbastro)
El Ayuntamiento de Barbastro tiene 15 millones de euros de remanente y aún no ha adoptado una decisión sobre la propuesta del Gobierno para ceder esos ahorros. Según el edil de Hacienda, Antonio Campo (PP), es "un tema tan delicado que se va buscar el máximo consenso". Por ahora, ve pros y contras. "Tenemos que escuchar opiniones y asesorarnos. No estamos cerrados a nada", señala.
Teresa Ladrero (Ejea de los Caballeros)
La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, señala que el planteamiento de la FEMP y del Gobierno "no es el que ha mantenido el Ayuntamiento". "Siempre hemos pedido la derogación de la ley Montoro y la autonomía para gastar nuestros dineros", afirma. Sostiene que la propuesta del Estado "no está validada" y que el Consistorio aún no ha tomado una decisión. "Todo lo que hagamos será siempre en interés de los vecinos.Cuando sepamos las condiciones, veremos si nos interesa o no. Tenemos bastante dinero (11 millones de remanente) y mi obligación es preservarlo", comenta.
Ignacio Urquizu (Alcañiz)
En Alcañiz, el área de Hacienda aún debe hacer números, cuando regrese el interventor de las vacaciones, para determinar qué hacen con su remanente de tesorería (1,5 millones). Su alcalde, Ignacio Urquizu (PSOE), califica de "correcto" el acuerdo del Ministerio de Hacienda con la FEMP y apela a la "responsabilidad de todos" para que sea convalidado en el Congreso y que los ayuntamientos puedan disponer lo antes posible de sus ahorros.
Antonio Amador (Andorra)
El alcalde de Andorra, Antonio Amador (PSOE), invita a "esperar a ver cómo queda el real decreto" ante la disposición de Sánchez a revisarlo. En la Villa Minera hay 5 millones de remanente pero critica que el plazo de devolución es muy amplio y que el destino que se fija para los fondos no representa las prioridades del medio rural.
Con Información de M. López, R. D. Núñez, L. Rajadel, J. L.Pano, J. Zorraquín, A. Gª Cortés, L. Castel y B. Severino.
