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Aragón

analisis de la covid-19

El Justicia critica que las residencias no fueron un servicio esencial al principio de la pandemia

La Fundación Ibercaja reúne a los defensores del pueblo de Galicia, Aragón y Castilla-León para hablar sobre “derechos sociales, ciudadanía y covid-19” dentro de la serie “Retos para el futuro”. 

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, (arriba a la izquierda) junto al Justicia de Aragón, Ángel Dolado. Debajo, la Valedora do Pocbo María Dolores Fernández, y el Procurador del Común Tomás Quintana.
El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, (arriba a la izquierda) junto al Justicia de Aragón, Ángel Dolado. Debajo, la Valedora do Pocbo María Dolores Fernández, y el Procurador del Común Tomás Quintana.
Heraldo

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha criticado esta mañana que las residencias de mayores no fueron consideradas como “un servicio esencial de primer nivel” al principio de la pandemia porque se produjo “una descoordinación política”. Esto supuso, para Dolado, que “no se hicieron derivaciones hospitalarias y cribajes bajo un criterio de igualdad”, “hubo falta de personal y muchas bajas médicas” y se generó “un daño de reputación al sector por considerarlo como parte del problema y no como aliados a los que apoyar”.

Este análisis sobre los mayores del Justicia se ha producido en un encuentro organizado por la Fundación Ibercaja para hablar sobre “derechos sociales, ciudadanía y covid-19” dentro de la serie “Retos para el futuro” que ha presentado el director general José Luis Rodrigo Escrig y en el mismo han participado los tres defensores de Galicia (María Dolores Fernández, Valedora do Pobo), Castilla-León (Tomás Quintana, Procurador del Común) y Aragón (Angel Dolado, Justicia).

El Justicia ha definido que los resultados de la covid-19 ha demostrado que en todos los países no estaban preparados para afrontar la pandemia y ha denunciado que “hubo descoordinación sanitaria y un retraso injustificado en el acceso a los trajes EPI (equipo de protección individual) y los test PCR”. Al referirse a los mayores, Dolado ha recordado que tres de cada cuatro fallecidos por el virus en estos 90 días vivían en las residencias y ha manifestado que se vive “una sociedad egoísta, aunque se presume de solidaridad”.

Ha mencionado el informe del Defensor del Pueblo para mejorar la calidad el servicio de las residencias revisando al alza las ratios de personal, incrementado las plazas públicas con el refuerzo de la atención médica y aumentando las retribuciones. Además de sumarse a estas propuestas, Dolado ha abogado por ir “hacia un modelo de microresidencias” en los barrios de las ciudades y el mundo rural, y compatibilizar el método de atención sanitaria universal con el tratamiento adecuado en los domicilios. “Nadie está mejor en una residencia que en su propia casa o en la de los hijos”, ha apuntado.

En su intervención, el Procurador del Común, Tomás Quintana, ha coincidido con el dibujo del Justicia respecto a una sociedad hedonista y un poder político que debe entonar el ‘mea culpa’ sobre la atención a los mayores, para los que ha propuesto una reordenación de las residencias. Además, ha denunciado la falta de previsión en los equipos de protección y el contagio de los sanitarios por el virus, que debe revisarse el modelo sanitario preventivo para evitarlos.

Quintana ha incidido en la brecha digital que se ha producido sobre todo en el mundo rural, que ha afectado a los estudiantes, y cree que se ha producido por la aptitud de los profesores en el dominio de los medios. Ha propuesto una actuación directa para mejorar la digitalización en la España vaciada. En esta materia, el Justicia ha coincidido en su análisis y ha recordado que en los menores se produce un aumento de la ludopatía a los juegos electrónicos.

Asimismo, el Procurador del Común ha defendido el comercio electrónico y el teletrabajo como alternativas en un momento que el contagio del virus ha generado miedo de la población, que pensaban que era historias del pasado como la peste. Además, ha defendido que la covid-19 puede provocar en el próximo futuro el renacimiento del mundo rural como alternativo a las grandes ciudades, que necesita una renovación del urbanismo.

Por su parte, María Dolores Fernández, Valedora do Pobo, se ha centrado en cómo había afectado la pandemia en la igualdad de la mujer, desde la salud hasta su conciliación familiar y corresponsabilidad. En su intervención, ha manifestado que el desastre del coronavirus ha agudizado la situación previa de discriminación y son caldo de cultivo para la violencia de género.

Fernández ha incidido en que las mujeres han sido más víctimas del contagio del virus que los hombres (un 56,6% de los casos de la covid-19 son mujeres, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica) y ha mencionado a una embarazada en Galicia. Ha denunciado los casos de violencia de género y las consecuencias psicológicas que han provocado el confinamiento porque las viviendas se han convertido en más inseguras estos días.

Al referirse sobre el “valor social” de las mujeres que han aportado en estos días con su empleo, la Valedora del Pobo ha reclamado la necesidad de legalizar el teletrabajo porque “ha venido para quedarse” y deben evitar “la doble jornada” para ellas. Ha concluido que la covid-19 ha tenido un impacto de género en el desempleo y confía en que la recuperación de esta sociedad no puede hacerse a costa de igualdad entre los hombres y las mujeres.

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