El Gobierno de Aragón ha cerrado las redes sociales de todas las residencias públicas de la Comunidad. El Ejecutivo dirigirá y centralizará la información a través de los perfiles del IASS en Facebook y Twitter para evitar, según explicaron ayer desde la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, "problemas de seguridad" y garantizar la protección de datos de los usuarios. La decisión afecta, sobre todo, a las páginas de Facebook de estos centros, utilizadas por los trabajadores para subir vídeos de residentes que no disponían de teléfono móvil o no estaban en condiciones de usarlo para hacer llegar así sus mensajes a las familias. 

El problema, explicó la propia consejera, María Victoria Broto, está en que se han detectado ‘trolls’ –usuarios que buscan provocar u ofender– que utilizaban estas páginas para hacer comentarios malintencionados o propagar bulos. "Estamos, además, ante una situación delicada en la que existe una exposición pública excesiva. Hay que tener mucho cuidado con las imágenes que salen de las residencias para proteger la intimidad de las personas", manifestó.

La consejera cree que esta labor era "positiva y loable", de ahí que abogase por hacer "una reflexión" para evitar que haya problemas y se mantenga el "extraordinario" trabajo que se estaba haciendo con las familias.

Malestar y desconcierto

La anulación de las redes sociales ha causado malestar y desconcierto entre el personal de la residencia de la tercera edad Javalambre de Teruel, las más grande de Aragón con sus 400 residentes. Este geriátrico contaba con un perfil público con informaciones generales y otro privado para trasladar los mensajes de los mayores.

Marisa Romero, trabajadora y concejala del Ayuntamiento de Teruel por CHA, afirmó que se estaba haciendo una labor "extraordinaria" y no se explica por qué se ha suprimido. Fuentes sindicales de la residencia consideraron "incomprensible" la cancelación del portal de Facebook, que "iba muy bien" para mantener a los residentes en contacto con sus parientes y que ayuda a "tranquilizarles". Opinaron, en este sentido, que la cancelación por orden del Gobierno de Aragón "va a generar más alarma en vez de amortiguarla".