Aragón ha cerrado 23 residencias tras más de 680 inspecciones en cuatro años

La DGA ha cerrado 23 residencias tras las más de 680 inspecciones realizadas en los últimos cuatro años. Los controles se intensificaron tras sucesos como el incendio provocado en la de Santa Fe de Zaragoza, en el que murieron nueve ancianos.

Instituciones como el Justicia de Aragón también han abordado la situación de estos centros, que se han convertido en el principal foco de contagio en la Comunidad. El Justicia inició este año un análisis de su situación tras las quejas recibidas meses atrás. Hasta el estallido de la crisis del coronavirus visitó seis en las provincias de Huesca y Zaragoza, una labor que, según explicó ayer el propio Ángel Dolado, se retomará en cuanto sea posible.

Dolado instó a poner "todos los medios" ante las llamadas de auxilio de la sociedad aragonesa. "Todos los esfuerzos que hagamos con nuestros mayores serán pocos. Se lo debemos", aseguró. También incidió en la necesidad de regular el decreto, de 1992, y de crear nuevas plazas. Y queda pendiente activar un Observatorio Aragonés de la Soledad, que tendría que haberse inaugurado el pasado día 20 y se ha visto afectado por la pandemia.

Por su parte, Paquita Morata, gerente de Arade, recalcó que, pese a las dudas suscitadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles –que alertó de que la UME había encontrado ancianos muertos en sus camas–, las residencias aragonesas "trabajan muy bien" y son continuamente inspeccionadas, ya sea por Trabajo, por Consumo o por el departamento de calidad del IASS. "No se puede crear más alarma de la necesaria. La gente debe confiar en los profesionales del sector. Están trabajando como escudo ante la falta de recursos sanitarios", aseveró.

En Zaragoza, ni la Guardia Civil ni la Policía ni la Fiscalía han recibido denuncia alguna en relación con el funcionamiento y las muertes producidas en las residencias de ancianos por la pandemia del Covid-19. El fiscal provincial de Zaragoza, Felipe Zazurca, a petición del Fiscal Superior y la Fiscal General del Estado, informa puntualmente de los fallecimientos en residencias de ancianos de Zaragoza con los datos que les proporciona el Gobierno de Aragón. Y, según explicó, hasta el momento, ni ha recibido denuncia, ni ha abierto diligencias.