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Los pozos de Aragón que encontraron un expediente sancionador antes que agua
El año pasado en la cuenca del Ebro, solo en la parte de Aragón, se registró el doble de expedientes sancionadores que en cursos anteriores, una medida que se intensificó tras del caso en Totalán.
Este lunes se conoció que la Junta de Andalucía le otorgará una medalla a la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias por su labor en el rescate de Julen en Totalán (Málaga), acontecido en enero del año pasado. Ese suceso sobrecogió a gran parte del país y medios de todo el mundo se hicieron eco de la noticia.
A raíz de este caso se extremaron las medidas de seguridad en torno a las cavidades de este tipo. En la cuenca del Ebro, solo en la parte de Aragón, existen 9.786 pozos, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). De esos, la mayoría se localizan en la provincia de Zaragoza (6.086), seguida de la oscense (1.885) y, por último, Teruel (1.815).
Las cifras responden a los pozos legales, ya que sobre los ilegales -como el de Julen- se carece de datos. Sin embargo, la institución referencia los expedientes sancionadores por apertura. Ese número se duplicó en 2019, tras la muerte del niño, en comparación a cursos anteriores. En total, en la Comunidad se han constatado 100 casos desde 2015, tal y como confirman las últimas memorias de la CHE.
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.
En un documento elaborado por la propia CHE y el Ministerio para la Transición Ecológica se recoge, explícitamente, que "los pozos tanto en uso, y en especial los que están abandonados o en desuso (...), pueden representar un riesgo para las personas y animales, sobre todo cuando tienen un gran diámetro". Los protocolos establecen que, si están al descubierto, su boca no puede ser mayor de 20 centímetros. En las mismas recomendaciones se sostiene que la seguridad de pozos es "una obligación" de sus propietarios y titulares. El sellado es "necesario" en caso de que no estuviera en extracción.
Según ese texto, cuando se encuentra un pozo que puede conllevar riesgo, se debe localizar al titular del mismo. En caso de que no se ubique, se cuenta con la colaboración de los ayuntamientos, Guardia Civil o de la confederación hidrográfica que competa.
Por ejemplo, la Guardia Civil de la provincia de Zaragoza explica que el Seprona denuncia las infracciones observadas en relación a los pozos y es la CHE la que adopta la decisión de sellarlos. El año pasado la Benemérita realizó 101 servicios que se saldaron con la localización de pozos ilegales en Torralba de Ribota, Aguarón, Peñaflor, Novallas y Ejea de los Caballeros. A las intervenciones anteriores se sumaron nueve denuncias por no cumplir las medidas de seguridad o carecer de licencias. Dos de ellas fueron remitidas a la CHE y el resto a los ayuntamientos correspondientes. Incumplir la ley puede ser sancionado con multas entre 10.000 euros y un millón, dependiendo de la gravedad, según recoge la normativa vigente.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza indican que el año pasado detectaron 95 pozos que podrían entrever peligro. Algunos de ellos eran legales, sin embargo, otros no estaban declarados. Tras el descubrimiento, el Consistorio procedió a informar a sus titulares, ya fueran particulares o empresas. No obstante, siete pozos revestían especial peligrosidad y fueron sellados por los servicios municipales inmediatamente para evitar riesgos.
La apertura de un pozo
El agua subterránea se puede captar para uso privativo, pero siempre cumpliendo el trámite administrativo en el Organismo de cuenca correspondiente, en el caso de Aragón la mayoría dependiente de la del Ebro y una parte menor de la del Júcar. Además, es necesario verificar que en la determinada zona que se desea perforar no está limitada la extracción.
Ese trámite puede realizarse según dos vías. La primera de ellas, relativa a construcciones que no superen un volumen de 7.000 m³. Y si es superior, es necesaria una concesión administrativa. Aun así, "toda construcción de un pozo con finalidad de extracción de agua subterránea debe contar con autorización otorgada por la CHE (o la confederación que sea) conforme a la ley de aguas".
Ese texto oficial, que se mantiene desde 1985, se detalla que para realizar este tipo de peticiones es necesario el nombre, la dirección postal y el DNI. Datos a los que hay que añadir el caudal máximo y el término municipal donde se acometen las obras.
