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Aragón

Detectados más de 50 pozos ilegales en la cuenca del Ebro en apenas cuatro años

En Aragón hay 9.786 que sí reúnen los permisos. Alrededor del 60% se sitúan en la provincia de Zaragoza, mientras que Huesca y Teruel suman unos 3.600.

Las perforaciones. La mayoría, coinciden el Seprona y la Confederación, se realizan en fincas particulares, granjas y explotaciones agrícolas.
Las perforaciones. La mayoría, coinciden el Seprona y la Confederación, se realizan en fincas particulares, granjas y explotaciones agrícolas.
CHE

La trágica muerte de Julen en Totalán ha reabierto la polémica sobre los pozos y las perforaciones ilegales en España, donde aún habría más de un millón abiertos, según estimaciones de Greenpeace basadas en datos del Ministerio de Medio Ambiente (ahora de Transición Ecológica). En la cuenca del Ebro, la Confederación Hidrográfica (CHE) ha detectado más de medio centenar de pozos no autorizados en los últimos cuatro años. Solo en 2017 abrió 15 expedientes sancionadores, los mismos que en 2016. En 2015 fueron 19 y en 2018, a falta de las cifras oficiales, también se habría superado la decena.

En toda la cuenca hay 29.931 pozos registrados. De estos, 9.786 están en Aragón. La mayoría (6.086) se sitúan en Zaragoza y tanto Huesca como Teruel albergan más de 1.800, según datos de la Confederación. Cada año, no obstante, se detectan nuevas extracciones clandestinas. Fuentes de la CHE recalcan que estos pozos "no representan un gran problema" para la cuenca como sí ocurre en otros puntos de España, así como que la mayor parte de las personas "solicitan autorización previa" antes de abrir uno.

No acatar la ley, evitar el registro de aguas y provocar afecciones al dominio público hidráulico implica sanciones de hasta 10.000 euros (leves), o de 10.000,01 a 50.000 (menos graves). Las graves pueden dispararse hasta los 500.000 euros y las muy graves, hasta el millón, según recoge la normativa vigente. También pueden abrirse expedientes, apuntan desde la CHE, por extraer más agua de la concesionada. Aunque la cuantía varía en función del daño provocado, la mayor parte de los expedientes tienden a resolverse como faltas leves o menos graves. Las mismas fuentes recuerdan que, de acuerdo con la regulación actual, para realizar una prospección no es obligatorio contar con autorización, ya que el permiso y la posterior concesión pueden pedirse a posteriori.

Para solicitar un aprovechamiento de aguas subterráneas, algo no reglado hasta 1985, es obligatorio adjuntar nombre, DNI y dirección postal. También se exige el destino del aprovechamiento, el caudal máximo instantáneo o el término municipal en el que se realizarán las obras, datos que permiten identificar con facilidad al solicitante, que ha de ser el propietario del terreno.

Los expedientes por pozos detectados en el dominio público hidráulico, masas de agua o fincas particulares han sido constantes en las últimas décadas. Entre 2004 y 1995 se abrieron alrededor de 160, según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente. Solo en 2001, uno de los peores años, se incoaron 36.

La muerte de Julen ha hecho que en el Congreso de los Diputados ya se ha registrado una pregunta parlamentaria en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a aclarar la cifra exacta de pozos ilegales en España. Se exige, asimismo, que se tomen medidas para su clausura. La primera reivindicación podría ser pronto una realidad, ya que, según ha podido saber este diario, el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera está elaborando un recuento por cuencas hidrográficas de las denuncias registradas.

Antonio Maroto, responsable de la empresa de perforaciones y sondeos que lleva su nombre, estima que en torno a un 90% de los pozos abiertos en la Comunidad se ajustan a la normativa. Reconoce, no obstante, que hay gente que los abre por su cuenta y, al confirmar que hay agua, llama a una empresa para legalizarlos. "Quienes no lo hacen se exponen a una denuncia. Aquí no hay problemas con los permisos como ocurre en el sur", explica.

Empresas como la suya tienden a encargarse "de todo". "Llevamos las escrituras, información sobre la localización del pozo y todos los datos que se exigen. Para los de menos de 7.000 metros cúbicos al año no es necesario proyecto", añade.

Estos son "los más comunes". "Nos llaman, sobre todo, de chalets y granjas", dice. Una vez concedido el permiso, trámite que en ocasiones requiere de hasta tres meses, se procede a la perforación. "Llegamos a los metros que ellos nos digan y entubamos de arriba a abajo. Posteriormente, es el dueño u otra empresa la que monta la bomba. En todos los casos, los pozos se quedan completamente tapados", recalca.

"La mayoría están bien tapados"
El teniente José Antonio Gila, jefe de la sección del Seprona en Zaragoza, confirma que la mayor parte de los pozos ilegales detectados en los últimos años estaban "perfectamente tapados". "Suelen tener una reja en condiciones y su correspondiente tapa metálica. En caso de hallar uno que entrañase un riesgo inminente se procedería a precintarlo y a dar cuenta de inmediato a las autoridades competentes", dice.

Una vez recibido el aviso –la mayoría proceden de particulares o surgen fruto de servicios rutinarios de inspección en explotaciones ganaderas o agrícolas– el Seprona procede a comprobar si el pozo en cuestión está o no legalizado. "Lo primero es ubicar el terreno y comprobar quién es el titular de la propiedad y del pozo", apunta Gila.

En función del volumen de extracción, señala, puede bastar con que el pozo esté inscrito en el registro de la Confederación. "Para otro tipo de captaciones se necesita licencia de obras y autorización del Departamento de Minas", recalca. El Seprona supervisa, además, que reúna unas condiciones suficientes de seguridad. "Si no es legal, levantamos acta y procedemos a hacer un reportaje fotográfico. También se toman medidas del diámetro del pozo y de su profundidad. El acta se remite a la Confederación Hidrográfica, a Minas y al Ayuntamiento, si procede", afirma.

A su juicio, esta "no es una infracción muy habitual en la provincia". "Los problemas que nos encontramos suelen obedecer a falta de documentación", expone. Gila reconoce que la situación actual nada tiene que ver con la de hace 20 años. "Antes, todo estaba más descontrolado. Ahora, la gente está cada vez más concienciada", admite. Pese a la alarma generada por el caso de Julen, asegura no haber recibido nuevos aviso en las últimas semanas.

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