Los médicos piden al juez la ejecución de las sentencias que anulan su jubilación forzosa

Los asesores legales del sindicato médico Cesm Aragón solicitarán a partir de la próxima semana la ejecución de las sentencias firmes que anulan la jubilación forzosa a los 65 años de más de 150 facultativos. Tanto el Tribunal Supremo como elTribunal Superior de Justicia de Aragón condenaron al Salud a indemnizar a los profesionales afectados o incluso a readmitirlos en sus puestos de trabajo si no han cumplido los 70 años.

Fue en 2013 cuando el Ejecutivo del PP, como fórmula de ahorro, denegó a todos los empleados públicos la posibilidad de prorrogar su vida laboral más allá de los 65 años. No obstante, el colectivo médico fue el más damnificado. De hecho, a finales de julio de ese mismo año, dejaron de trabajar de golpe más de 150 facultativos, lo que originó importantes afecciones en la asistencia, demoras en consultas e incremento de las listas de espera quirúrgicas.

La mayoría de los médicos acudieron a los tribunales para mostrar su disconformidad por la medida. Las primeras sentencias del Supremo que dieron la razón a los facultativos se remontan al verano del año 2018 y, desde entonces, el TSJA ha ido resolviendo en la misma línea todos los recursos. Solo el sindicato médico presentó más de 150 y se calcula que sean muchos más, ya que otros facultativos acudieron a otros abogados de manera individual.

Ahora, pasado más de un año desde los primeros fallos judiciales, el sindicato médico ha decidido dar un paso más y pedir la ejecución de las sentencias. Este trámite legal supone fijar unos plazos y obliga a la Administración a mover ficha.

El Departamento de Sanidad ya calculó que resarcir a los médicos jubilados de manera forzosa podría costar al Gobierno de Aragón al menos 32 millones de euros, en un año en el que, además, los presupuestos están prorrogados. Algunas fuentes consultadas recuerdan, no obstante, que esta cuantía será mayor ya que habrá que sumarle los intereses por la demora que está acumulando el pago. Al Servicio Aragonés de Salud, además, se le crea otro problema añadido, ya que algunas sentencias obligan a readmitir en sus puestos a los facultativos que no han cumplido los 70 años, edad máxima para trabajar que marca el estatuto marco del personal del Salud. Y muchos de estos puestos ya están ocupados.

La secretaria autonómica del sindicato Cesm Aragón, Mercedes Ortín, mostró su malestar por la demora que acumula el Gobierno de Aragón en esta cuestión y confió en que tras solicitar la ejecución de las sentencias que se vayan haciendo firmes la Administración "no invente nada más" para demorar el pago o la reincorporación de estos profesionales. "Esperamos que colabore", aseguró Ortín, que recordó que algunos facultativos han fallecido mientras esperaban la compensación por parte del Ejecutivo autonómico. En septiembre, fuentes de la DGA dijeron que se estaba valorando cada caso en particular y pidiendo la documentación pertinente. 

El PSOE siempre se mostró contrario a la jubilación forzosa de los facultativos, pero no fue hasta abril de 2016 cuando autorizó a los profesionales de seis especialidades poder retrasar su jubilación hasta los 67 años. En abril de 2019, el Departamento de Sanidad consiguió el visto bueno de Hacienda para que todos los facultativos que lo soliciten puedan mantenerse en el servicio activo hasta los 70 años.