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Aragón

El Salud estima que pagará 30 millones a los médicos por sus jubilaciones forzosas

Dos sentencias del Supremo las declara nulas y hay 161 recursos pendientes por resolver en el TSJA.

Pilar Ventura en la última Comisión de Sanidad de las Cortes.
Pilar Ventura en la última Comisión de Sanidad de las Cortes.
Guillermo Mestre

El Servicio Aragonés de Salud estima que tendrá que pagar unos 30 millones a los médicos que jubiló de manera forzosa. El Tribunal Supremo ya ha declarado nulos dos de los expedientes tramitados en julio de 2013 y hay otros 161 recursos de facultativos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Estos podrían resolverse en la misma línea al sentar jurisprudencia la decisión del Alto Tribunal.

Aunque de momento el procedimiento judicial sigue su curso y el TSJA no se ha pronunciado, el Salud ya ha hecho una estimación de lo que puede costarle resarcir a los profesionales que recurrido y que han dejado de percibir su sueldo hasta cumplir los 70 años, edad máxima que marca el Estatuto del Personal del Salud que pueden prolongar su vida laboral.

Aunque el sindicato médico Cesm Aragón estimó que Sanidad podría llegar a tener que pagar hasta 13 millones de euros por las jubilaciones forzosas, el Salud considera que la compensación sería mucho mayor y podría tener que desembolsar unos 30 millones. No todos los facultativos recibirían la misma cantidad, ya que depende de las peculiaridades y el puesto que ocupaban cuando se les retiró.

Jubilaciones masivas en 2013

El conflicto de las jubilaciones forzosas se remonta a 2013, cuando el anterior Ejecutivo autonómico PP-PAR rechazó todas las solicitudes de los médicos que querían prolongar su vida laboral más allá de los 65 años. Fue una medida que afectaba a todos los empleados públicos, pero el colectivo médico fue el más afectado. De hecho, el 31 de julio de 2013 dejaron de trabajar de golpe en el Salud más de 150 facultativos, lo que originó importantes afecciones en consultas y listas de espera.

El sindicato Cesm Aragón, que ha tramitado la mayoría de los recursos interpuestos por los médicos, ha lamentado en numerosas ocasiones la decisión del Gobierno de prescindir de estos profesionales después de toda una vida dedicada al Salud. Además, alertó de las consecuencias económicas que podría acarrear a la Administración.

De momento, estas dos primeras sentencias del Supremo reconocen el derecho que tenían los demandantes a permanecer en el servicio activo a partir de los 65 años. Considera que Sanidad solo podía denegar su prórroga de la vida laboral de acuerdo a un Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH), que es el que realmente establece las necesidades en materia de personal.

El exconsejero de Sanidad Sebastián Celaya defendió desde el primer momento su deseo de permitir a los médicos prolongar su vida laboral más allá de los 65 años por el déficit de profesionales. En noviembre de 2017, el Gobierno aprobó un plan que permite a todos los facultativos mantenerse en el servicio activo dos años más (hasta los 67).

De momento, desde abril de 2016 hasta julio de 2017, un total de 44 médicos habían pedido retrasar su jubilación y permanecer en el servicio activo más allá de los 65 años. De todas las solicitudes recibidas en dos años, Sanidad ha denegado tan solo dos, una de un médico de familia y otra de un facultativo especialista de área. En ambas, la Administración esgrime que en el año anterior al cumplimiento de la edad de jubilación, los profesionales habían acumulado más de dos meses en procesos de incapacidad temporal (uno había estado de baja 248 días y otro, 67).

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