financiación autonómica
Aragón recibirá ahora 162,5 millones del Estado, menos de la mitad de lo que exige la DGA
El Gobierno aprueba las entregas a cuenta a las autonomías a un mes de las elecciones tras sostener que no podía hacerlo. Pérez Anadón sigue reclamando otros 237 millones a Hacienda con el fin de contener el déficit.
Lo que era imposible hace solo dos meses con un Gobierno en funciones, en plena precampaña electoral se ha hecho realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes las entregas a cuenta que retenía a las comunidades correspondientes a la actualización del sistema de financiación de 2019. Esto se traducirá en el ingreso de 162,5 millones de euros a las arcas del Gobierno de Aragón, lo que permitirá afrontar parte de los pagos pendientes a lo largo del último cuatrimestre del año. En total, la Comunidad recibirá en concepto de anticipos 3.540 millones, un 6,8% más que en el pasado ejercicio.
No obstante, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, sigue reclamando los 237 millones por la liquidación del IVA pendiente de 2017 y los fondos de las conferencias sectoriales, como es el caso del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), además de la ampliación del objetivo de déficit del 0,1% al 0,3% del PIB. Esta petición es unánime, como se constató en las Cortes de Aragón el pasado 19 de septiembre con una iniciativa de Ciudadanos respaldada por todos los grupos parlamentarios para reclamar, en total, 400 millones de financiación al Estado.
La argumentación oficial de la ministra se basa en que han encontrado una vía legal para cumplir con los pagos pendientes pese a tener los presupuestos prorrogados y gobernar en funciones. Estas dos razones fueron las que esgrimió la Abogacía del Estado para bloquear en agosto las entregas a cuenta, aunque ahora resulta que ya no son un impedimento. "Este Ministerio no ha cambiado de criterio. Desde el primer día buscábamos soluciones para antes de que terminara el año y especialmente diciembre, cuando se agudiza el problema de pago", ha dicho Montero en su comparecencia tras el Consejo de Ministros.
La titular de Hacienda ha hecho suyo el argumento de autonomías como Aragón, que reclamaban el dinero aludiendo a que con la repetición electoral no se podía sostener la tesis de la "interferencia" en la actuación del futuro gabinete. Y la segunda razón que ha esgrimido la responsable socialista para aprobar el abono de las entregas a cuenta es el "problema de tesorería" que se podría generar a las administraciones para afrontar los pagos y de ahí la "urgencia" de darle ahora trámite.
Como plantean los territorios, Montero ha evidenciado la necesidad de desligar en la reforma pendiente de la financiación autonómica los ingresos establecidos para evitar que sean de nuevo víctimas del «bloqueo institucional».
El problema es que el ingreso de estos 162,5 millones en las arcas de la DGA no solventará sus problemas. El déficit acumulado al cierre del pasado mes de julio alcanzaba los 183 millones, lo que representa un 0,47% del PIB, y para colmo los ingresos por impuestos están cayendo.
De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef ) ya advirtió el pasado verano de que la Comunidad volverá a saltarse el objetivo de déficit en nada menos que cuatro décimas, pasando del 0,1% autorizado al 0,5% ahora previsto. Esto significa que los gastos superarán a los ingresos en unos 200 millones de euros.
La respuesta de la DGA
El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha calificado de "buena noticia" la confirmación de la entrega a cuenta de 162,56 millones de euros que se adeudaban a la Comunidad por IRPF, IVA e impuestos especiales. Esta decisión no colma las aspiraciones de Aragón, pero sí "da fuerzas" a la DGA para seguir reclamando los 160 millones del IVA y de las conferencias sectoriales, además de la relajación del objetivo de déficit.
El responsable socialista ha aprovechado para criticar al PP por no haber tomado la misma decisión sobre las entregas a cuenta cuando estuvo en funciones y ha defendido que la solución definitiva «solo pasa por un nuevo modelo de financiación autonómica que recoja la dispersión, la despoblación y el envejecimiento para que Aragón tenga una financiación justa».
